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Mazón contacta con Caixa y Sabadell y dará batalla jurídica al plan de retorno a Cataluña; Page habla de "extorsión"
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La Moncloa "incentivará" el regreso

Mazón contacta con Caixa y Sabadell y dará batalla jurídica al plan de retorno a Cataluña; Page habla de "extorsión"

Los dos presidentes de PP y PSOE acusan de "extorsión" a Junts. El barón popular prepara un plan de "estabilización" para evitar la salida de empresas tras anunciar el Gobierno un programa de "incentivos"

Foto: Carlos Mazón con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y el de la patronal valenciana, Salvador Navarro. (EFE/Pablo Miranzo)
Carlos Mazón con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y el de la patronal valenciana, Salvador Navarro. (EFE/Pablo Miranzo)

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, anunció este miércoles que ha puesto en "alerta jurídica" a los servicios de la Abogacía autonómica después que de Junts haya reclamado al Gobierno un plan de regreso a Cataluña de las empresas que se marcharon por la tensión del procés soberanista de octubre de 2017. La formación independentista que dirige Carles Puigdemont no descarta incluso la aplicación de sanciones o multas, algo que en principio rechaza el Ejecutivo de PSOE y Sumar. El titular del Ministerio de Industria, el catalán Jordi Hereu, sí ha confirmado que tiene en estudio un modelo de "incentivos" para propiciar el retorno de sociedades, pero "sin coacciones".

El ministro socialista no ha aclarado si el modelo de incentivos a las empresas que quieran volver encajaría en la Ley de Sociedades o en la Constitución. "Estamos iniciando los trabajos y aún no hay tesis definitivas". Pero la puesta en marcha de esa operación retorno ha encendido las alertas en la Administración valenciana. La autonomía fue, tras Madrid, el territorio que más empresas acogió cuando la inestabilidad política en Cataluña alcanzó su cénit en 2017. Compañías con un ADN catalán muy marcado optaron por buscar sede social y fiscal en otro lugar. Fue el caso de CaixaBank, que eligió Valencia, o el Banco de Sabadell, que se marchó a Alicante, si bien han mantenido sus estructuras de dirección operativa en Barcelona y el Vallés, el argumento que emplea Junts para reclamar medidas coercitivas. También se fugaron a tierras valencianas para evitar el conflicto Banco Mediolanum (Valencia), Idilia Foods, Divina Pastora, MRW o Allianz Seguros.

Foto: El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. (EFE/Mariscal)

Mazón aseguró que se ha puesto en contacto con todas las grandes compañías que cambiaron de sede y que mantiene un "intenso diálogo" con ellas. "Estoy hablando con todas, y todas implica a todas", dijo sin querer confirmar nombres al ser preguntado en concreto por CaixaBank, pero dando a entender que ha mantenido conversaciones con sus máximos responsables. "Todas las grandes entidades trasladan la satisfacción y la confianza en la Comunidad Valenciana y el deseo de mantenerse", aseguró. El barón popular se alineó con las posiciones que ayer martes ya marcaron la patronal valenciana CEV o la Cámara de Comercio de Valencia contra las posibles sanciones a las empresas que no quieran volver a Cataluña. También la oposición de PSPV-PSOE y Compromís, que gobernaban cuando se produjeron las mudanzas, han criticado un plan de retorno que incluya presiones o sanciones.

El barón popular avanzó posibles recursos "urgentes" de la Abogacía de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional si las medidas de incentivos al regreso a Cataluña incluyen aspectos discriminatorios o que puedan cuestionar la libertad en el movimiento de capitales y empresas. “Si se confirma que el Gobierno central y los partidos que lo sustentan están dispuestos a extorsionar, incumplir la Constitución, incumplir la libertad de movilidad de personas, mercancías y empresas, lo único que vamos a conseguir es ratificar que el nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión, lo cual es inaceptable”, manifestó.

Foto: El presidente de Foment, Sánchez Llibre, con Aragonès. (EP/Alberto Paredes)

"Se las está amenazando; se las está extorsionando. No somos comunistas. No podemos decidir por las empresas", asestó Carlos Mazón, que anunció un plan propio de "estabilización" para tratar de apuntalar la permanencia de estas compañías. Es más, invitó al conjunto de empresas catalanas a “que busquen un espacio de confort, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos y con un entorno amable y positivo y no de multas y coacciones". "Vengan a la Comunitat Valenciana a crear empleo y desarrollarse”.

García-Page denuncia "extorsión"

De "extorsión" también habló el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El barón socialista pidió este miércoles no naturalizar el "intento de extorsión" del independentismo a empresarios. "No lo voy a tolerar como presidente bajo ningún concepto", añadió como valoración política. "El único enemigo declarado a que las empresas inviertan en Cataluña es el desquicie independentista", indicó García-Page durante su intervención en la presentación del primer vino del mundo con crianza en gruta volcánica de la finca Encomienda de Cervera de Almagro.

"Nosotros no tenemos culpa de que el independentismo espante a las empresas", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press, tras afirmar que a su Gobierno le cuesta "mucho" que las empresas se instalen en Castilla-La Mancha, si bien su autonomía no fue destino de ninguna gran empresa en el proceso de salida de Cataluña por el procés.

No obstante, aseveró que "lo último" que va a consentir es que se pueda establecer un arbitrio económico con el sector empresarial. "Bastante hemos visto ya cómo se desprecia la justicia como para que ahora directamente se haga algo injusto", concluyó el presidente castellanomanchego.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, anunció este miércoles que ha puesto en "alerta jurídica" a los servicios de la Abogacía autonómica después que de Junts haya reclamado al Gobierno un plan de regreso a Cataluña de las empresas que se marcharon por la tensión del procés soberanista de octubre de 2017. La formación independentista que dirige Carles Puigdemont no descarta incluso la aplicación de sanciones o multas, algo que en principio rechaza el Ejecutivo de PSOE y Sumar. El titular del Ministerio de Industria, el catalán Jordi Hereu, sí ha confirmado que tiene en estudio un modelo de "incentivos" para propiciar el retorno de sociedades, pero "sin coacciones".

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