El botín de Junts para salvar a Sánchez: IVA del aceite al 0% y la vuelta de las empresas a Cataluña

Junts per Catalunya ha salvdo la primera votación clave de Pedro Sánchez a cambio de eliminar el artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los puntos incluidos en el decreto ómnibus aprobado el 19 de diciembre. Los neoconvergentes consideraban que esta reforma amenazaba la aplicación de la ley de amnistía, pero el PSOE argumentaba que se trataba de un asunto relacionado con la legislación europea y que su inclusión en la citada norma era imprescindible. Finalmente los socialistas suprimirán este punto del decreto como pago por la ausencia de los de Carles Puigdemont en la votación de los decretos que se han abordado en el pleno del Congreso, que se celebra este miércoles en el Senado, y que han permitido su convalidación.

Pero se trata de un gesto, ya que el acuerdo entre PSOE y Junts incluye varios asuntos que no están relacionados con las medidas que recogen los tres decretos que están en el orden del día de esta sesión plenaria, que se irá más allá de las diez horas. "Junts se ha abstenido tras llegar un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes", ha dicho los neoconvergentes en un comunicado hecho público poco después de conocerse su viraje y después de horas de intriga sobre su posicionamiento.

En materia de autogobierno destaca la cesión de las competencias de inmigración a la Administración catalana por medio de una ley orgánica, algo que irá asociado al traspaso de la financiación necesaria para ejercer esta nueva competencia. Se hará, en virtud al artículo 150.2 de la Constitución, por medio de una ley orgánica que permitirá al Govern y al Parlament decidir la política de inmigración en la comunidad. Hay que recordar que Junts no está ahora en el Ejecutivo después de la ruptura de ERC y la salida del gabinete de Pere Aragonès. La asociación de policías Jupol ya ha puesto el grito en el cielo sobre esta cesión.

Sobre el autogobierno también hay medidas como la "publicación inmediata" de los datos oficiales para que el Govern pueda calcular las balanzas fiscales, un aumento en los recursos para digitalización de la justicia, que pasan de 1,2 a 6,2 millones de euros. Y el reconocimiento de los "derechos históricos" de Cataluña en materia de régimen local. Estos dos últimos asuntos estaban relacionados también con el decreto ómnibus y fueron algunas de las peticiones que avanzó la propia Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, cuando avanzó su rechazo inicial a esta norma.

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En relación con el decreto anticrisis, destaca la conversión del aceite en un elemento esencial, por lo que el IVA pasará al 0% una vez que se remodele la norma. Y esto tendrá consecuencias más allá de la vigencia de la norma pensada para paliar los efectos de la inflación, ya que cuando acabe su vigencia pasará a tener un IVA del 4%. Esto se aplicará en todo el país, pero hay otras medidas que sólo beneficiarán a los catalanes. Es el caso de la asunción por parte del Estado de la bonificación de los transportes públicos urbanos en Cataluña, que ahora tenían que ser abonados por la Generalitat. El resto de comunidades autónomas y los ayuntamientos del resto del país aportan un 30% del coste de los billetes de metro o autobús que en el caso catalán ahora será abonado por el Gobierno.

Sobre el retorno de las empresas que salieron de Cataluña tras el 1-0, el pacto incluye una reforma de la Ley de Sociedades del Capital para "que las empresas puedan volver a Cataluña", pero no abunda mucho más en cómo se hará esta reforma. El artículo 9 de la actual norma defiende que las empresas deben tener su sede en el lugar donde se ubica la mayor parte de su negocio. Y el PSOE, por medio de Patxi López, apuntó a este artículo para atender la petición de Junts de colaborar en la vuelta de las empresas que dejaron Cataluña después de la crisis del 1 de octubre de 2017.

El texto pactado con los de Carles Puigdemont alude al decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el 6 de octubre de 2017 para facilitar la salida de empresas de Cataluña. Esta norma permitía el cambio de sede social sin necesidad de someter esta decisión a los accionistas, dejándola sólo en manos del consejo de administración. Lo previsible es que este real decreto se retoque en una nueva reunión del Consejo de Ministros.