Junts acusa a la Moncloa de parar la amnistía a traición y pedirá cambiar el decreto ómnibus

La confianza de Junts sobre las intenciones de la Moncloa con respecto a la aplicación de la amnistía ha sufrido un duro revés en las últimas 48 horas que se va incrementando sin control. El partido de Carles Puigdemont considera una "trampa" la introducción en el primer decreto ley del Ejecutivo de un artículo que blinda la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presenten cuestiones prejudiciales. La previsión que recoge un nuevo artículo 43 bis añadido a la Ley de Enjuiciamiento Civil en esa disposición legislativa impulsada por el Ejecutivo el pasado 19 de diciembre está levantando ampollas. Fuentes cercanas a la formación independentista lo consideran "una traición" perpetrada por la puerta de atrás.

El nuevo artículo ofrece a los tribunales un refuerzo legislativo para justificar la paralización de los procedimientos vinculados al proceso independentista si optan por consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la ley destinada a amnistiar los delitos del procés entra en conflicto con el derecho comunitario. La lectura que efectúa Junts —que está analizando el alcance jurídico del decreto ley— es que la redacción final en que se deja la Ley de Enjuiciamiento Civil "entrará en conflicto con la ley orgánica de la amnistía". Era algo, dicen, "innecesario" que solo sirve para ahondar en la indeterminación en la que quedarán los potenciales beneficiarios de la amnistía, entre ellos, el propio Puigdemont.

De momento, la formación ha pedido al Gobierno que el decreto ómnibus que se debe convalidar próximamente en el Congreso se tramite como proposición de ley, según han explicado fuentes de esta formación. No hay intención de derribar el Gobierno de Pedro Sánchez, conscientes de los riesgos de sabotear la primera votación importante, pero tampoco de dejar que les cuelen lo que consideran una emboscada jurídica que respaldaría que se alargasen los plazos de la amnistía en su aplicación concreta.

En ERC, no se lo han tomado con tanta beligerancia. Entienden que los jueces siempre tendrán abiertas las vías sucesivas del TJUE y luego del Constitucional, y que eso alargará los plazos de la implementación práctica de la amnistía, ya que cualquier ley quedaría en suspenso durante ese trámite. Y eso será así con el decreto 6/2023 o sin él. Además, ERC tiene interés en llegar a aprobar los presupuestos generales del Estado, ya en proceso de elaboración, para utilizar eso como moneda de cambio para conseguir así el apoyo del PSC a las cuentas de Pere Aragonès en Cataluña.

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Carlos Rocha Beatriz Parera

Ambos partidos son conscientes de que si la votación en el Congreso fracasa, Sánchez se afanará en que el independentismo asuma el coste político de que no prospere un decreto del que dependen muchas políticas que precisan tanto Cataluña como el conjunto de España. Las prisas del Gobierno en aprobar esta norma, la segunda tras la ley de paridad, responden a que es un requisito de Bruselas para poder solicitar el cuarto pago de los fondos de recuperación, que supondrá la llegada de 10.000 millones de euros a España.

Lo que no está claro es que el Gobierno esté dispuesto a tramitar el decreto como proyecto de ley para abrirlo a la posibilidad de enmiendas. Y si eso ocurre, las enmiendas no afectarán al artículo de la discordia. Lo explicó el jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que recordó que esta redacción es previa a la negociación de la ley de amnistía, ya que este texto lleva tiempo en elaboración y se retrasó por el adelanto electoral del pasado 23 de julio. "No ha habido ningún cambio", insistió el dirigente socialista, que explica que esta disposición responde a una incorporación a la legislación procesal española de la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la UE.

"Formaba parte de las recomendaciones que el TJUE hace a los juzgados", abundó el también ministro de Justicia después de mantener una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Bolaños ha detallado además que fue la Comisión Europea la que solicitó al Gobierno la inclusión en el derecho nacional de esta normativa europea. "No es una novedad en las cuestiones prejudiciales", zanjó Bolaños, que calificó de "malentendido" la reacción airada de los independentistas el miércoles, cuando anunciaron su rechazo al decreto ley que se debatirá en enero en el Congreso, lo que obliga a la coalición de PSOE y Sumar a esforzarse para garantizar el apoyo de Podemos al texto y que no sea devuelto desde la Cámara Baja.

La redacción del 43 bis

El 43 bis dice, en concreto: "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial". La jurisprudencia y la práctica habitual de los juzgados ya eran suspender las actuaciones cuando se planteara este tipo de cuestión. No obstante, los de Junts contaban con poder discutir esta paralización con el argumento de que el bloqueo puede resultar adecuado en procedimientos civiles, contenciosos o mercantiles, pero no en el orden penal, donde entra en juego un conflicto entre derechos. Por una parte, el de libertad personal del sujeto afectado por la suspensión y, por otra, la tutela judicial efectiva del tribunal que plantea la duda al TJUE.

Las explicaciones ofrecidas por el ministro Félix Bolaños no han convencido. La primera en mostrar su desacuerdo y en avisar de que el partido no apoyará la convalidación del decreto ley fue la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, que avisó en la red social X del riesgo de "paralización" de la ley de amnistía que se tramita en el Congreso que se incluye en el texto legislativo. “Este es uno de los diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos. Hay más, que también son importantes para Cataluña: además del artículo 43 bis que pone en riesgo la aplicación de la amnistía”, apuntó con el apoyo en esta cuestión del aparato del partido y del propio Puigdemont.