Junts amenaza en el Congreso la primera norma del Gobierno porque "paralizaría" la amnistía

Junts per Catalunya da el primer aviso al Gobierno de Pedro Sánchez con su agenda legislativa. La portavoz de la formación neoconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avanzado en su cuenta de X que su partido votará en contra del real decreto que aprobó el Gobierno el pasado 19 de diciembre con medidas relacionadas con la Justicia, la función pública, la Administración local y el mecenazgo. El rechazo del partido de Carles Puigdemont a esta norma, que debe pasar por la Cámara Baja para su convalidación en las próximas semanas, ajustaría mucho la primera votación relevante para el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Se trata de una norma que responde al cumplimiento de los compromisos de España para recibir el cuarto pago del mecanismo de recuperación y resiliencia, que ronda los 10.000 millones de euros. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desgranó el pasado martes la extensa norma, que consta de cuatro libros. Nogueras, en sus redes sociales, alude como uno de los motivos a una posible "paralización" de la ley de amnistía que se tramita en el Congreso que se incluye en el texto legislativo aprobado por el Consejo de Ministros hace una semana y que entró en vigor el 20 de diciembre, una vez se publicó en el BOE.

Nogueras alude al artículo 43 bis del texto, que según los neoconvergentes podría afectar a la aplicación de la ley de amnistía si afecta a asuntos relacionados con la UE. Pero hay más fragmentos del texto no asumibles para Junts. Según expresa la dirigente independentista, la idea de acordar conjuntamente "lo que corresponde a la Generalitat y que no tienen el resto de comunidades" supone un perjuicio para Cataluña porque redunda en "infrafinanciación". La diputada barcelonesa carga contra estos "decretos ley macedonia" que regulan materias "diferentes e inconexas" que "dificultan el posicionamiento político".

Junts tampoco está por la labor de aprobar la norma porque contempla modificaciones en materia de justicia "sin aportar recursos". "En línea con los últimos cuatro años", abunda Nogueras en X. Y también regula asuntos relacionados con la función pública y de régimen local y "dificulta la contratación", por lo que en la formación de Puigdemont entienden que "no respeta las competencias de Cataluña en diferentes materias".

El malestar de Junts viene provocado por un artículo del decreto ley, el 43 bis, que confirma o blinda la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales se dirigen al Tribunal de Justicia de la UE a través de una cuestión prejudicial. Aunque esta paralización ya se ejecutaba, el artículo de la discordia lo refleja por escrito con rango de norma. Es más que previsible que los tribunales, con el Supremo a la cabeza, planteen cuestión al TJUE una vez entre en vigor la ley de amnistía. Es decir, con este decreto el Gobierno consagra la paralización durante años de la gracia para los líderes del procés.

“El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial”, dice el 43 bis. Su redacción implica paralizar también los recursos o cuestiones que se presenten ante el Constitucional, de forma que los plazos de resolución de ambos tribunales sumarán tiempo para la aplicación completa de la amnistía. Juristas consultados avisan de que el fallo consecutivo de ambos se alargará al menos tres años.

Durante ese tiempo quedará suspendido el procedimiento que conozca el tribunal que plantee la cuestión prejudicial aunque los efectos pueden hacerse extensivos al resto de procedimientos vinculados al proceso independentista. Las diligencias no avanzarán ni retrocederán, se quedarán donde están. Si se toma como ejemplo el caso de Puigdemont, no tendrá confirmado si la amnistía le beneficia, pero podrá regresar a Cataluña puesto que el TS no podría, en ningún caso, ordenar su arresto.