El argumentario de Junts para la amnistía: cómo colar casos de 'lawfare' y denostar a ERC

• Investidura de Pedro Sánchez, en directo: última hora de la votación, abstenciones y resultado

Junts per Catalunya (JxCAT) ha distribuido un argumentario entre sus cargos para que difundan determinados mensajes tras el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El documento deja en mal lugar al presidente del Gobierno en funciones y a los dirigentes del PSOE que explican a su manera los pactos alcanzados, desvela algunas triquiñuelas para beneficiar a personas cercanas a Puigdemont y niega que el marco sea la Constitución española, sino que en la ley de amnistía prima "el marco legal internacional". Además, cita el artículo al que se podrán acoger los pretendidos casos de lawfare para exonerar a los amigos del expresident de cualquier condena y culpa a los jueces de la existencia de un conflicto entre Cataluña y España, preparando el terreno para colar los procesos judiciales que les interesen.

El objetivo es no solo dar respuesta a las preguntas que suscita el pacto, sino dejar en mal lugar a ERC, el principal rival electoral de Junts. Los pactos de los dos partidos independentistas con el PSOE han provocado el recrudecimiento de la particular guerra entre ambos, una rivalidad que ya se venía arrastrando los últimos años.

El argumentario consta de seis puntos. No cita a ERC, pero tampoco hace falta. Se arroga las más altas cotas de logros en los acuerdos con el Estado. El primer punto lleva por título "Amnistía total" y consta de tres frases. La primera: "La amnistía beneficia a todos los independentistas perseguidos por la Justicia española por sus ideas ente enero de 2012 y noviembre de 2023". La segunda: "La amnistía reconoce la existencia de un conflicto político sostenido en el tiempo entre Cataluña y España". Y por último: "La amnistía no es una medida de perdón ni de gracia. La amnistía es una decisión democrática para resolver el problema creado por los jueces".

Contra ERC y los jueces

Este punto condensa los dos grandes ejes ideológicos de Junts. En las redes sociales, sus activistas se encargan de deslindar los pactos con ERC, argumentando la "amnistía total" conseguida por Puigdemont frente a la "amnistía parcial" lograda por el republicano Oriol Junqueras. Además, pone a los jueces en la diana, culpándolos de la situación en Cataluña, como si hubiese un acoso judicial basado en cuestiones políticas.

TE PUEDE INTERESAR

Manifestaciones en Madrid, tras la investidura de Pedro Sánchez: ultima hora en Ferraz con protestas y cargas policiales, en directo

Adriana López Lino Vargas Arantxa Palacios

Es la preparación de lo que vendrá. Carles Puigdemont obligó a Pedro Sánchez a incluir en el pacto una alusión al lawfare o manipulación política de la judicatura para poder librar a los dirigentes más cercanos al expresident de los cargos que tienen por delitos de corrupción, entre otros, la presidenta del partido, Laura Borràs; el exconsejero de Interior Miquel Buch; el sargento de los Mossos Lluís Escolà (que dirigió clandestinamente la seguridad de Puigdemont en Waterloo), y el propio jefe de la oficina del fugado, Josep Lluís Alay.

Así, uno de los puntos del argumentario está dedicado a la persecución política o lawfare. "Los que han prestado asistencia, colaboración, asesoramiento o seguridad a los líderes independentistas, y que por eso son perseguidos por lawfare, también están incluidos (artículo 1.a)", señala. En el epígrafe citado de la ley no se nombra la palabra lawfare, pero en los pactos entre Junts y el PSOE se acordó que ese punto ampara los casos que los posconvergentes consideren dentro de ese marco.

TE PUEDE INTERESAR

Torra reniega de la amnistía pactada por Puigdemont y el PSOE por enterrar el 'procés'

Marcos Lamelas. Barcelona

En el último párrafo del artículo se señala que "se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos".

La coletilla de la última frase, según fuentes independentistas, hace referencia a Alay. Al jefe de la oficina de Puigdemont no solo se le imputa un delito de malversación de fondos por haber gastado casi 5.000 euros en un viaje a Nueva Caledonia que no era de trabajo. También tiene pendiente otro proceso por obtener información sensible de los ficheros de los Mossos a través de un agente en activo, que le pasaba información sobre las órdenes de detención pendientes para evitar ser detenido en los controles policiales de los aeropuertos.

TE PUEDE INTERESAR

El jefe de la Oficina de Puigdemont cobró 5.000 € por una conferencia subvencionada

Antonio Fernández. Barcelona

Este acceso a las bases de datos policiales es sumamente grave, porque cuando tenía acceso a esos datos ya era alto cargo del Govern, como jefe de la oficina de Puigdemont con un salario público de más de 108.000 euros anuales. El expresidente se cuidó de que se añadiese la coletilla de dejar dentro de la amnistía "a los que hubiesen recabado información" para que Alay salga incólume de ese proceso. Este detalle evidencia que la ley está hecha a medida para beneficiar casos muy concretos de actuaciones poco dignas durante los últimos años.

Un marco no constitucional

El argumentario rechaza también que el marco de los acuerdos sea la Constitución y se acoge a un marco más amplio. "La ley establece la primacía del marco legal internacional y del derecho europeo por encima del marco constitucional español", dice el texto. Esta afirmación contradice las declaraciones de los dirigentes del PSOE, que sostienen que todo se ha hecho dentro del marco de la Carta Magna. Además, el documento da la consigna de que se debe difundir que "la aplicación de la amnistía se ha de hacer en un plazo máximo de dos meses" y, en otro de los puntos, que "la amnistía no se dejará de aplicar a nadie, aunque se presente un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad".

También establece cinco categorías de los beneficiados. "1. Todas las causas relacionadas con el referéndum del 1-O y de la consulta del 9-N; 2. Incluye a todas las personas encausadas y perseguidas por el Tribunal de Cuentas por su acusación de vinculación directa o indirecta con el proceso independentista: 3. Las causas abiertas por la Audiencia Nacional por presunto terrorismo como Tsunami y los CDR; 4. Todas las personas que han ayudado y colaborado con el exilio y los exiliados y que por este motivo han sido perseguidas judicialmente, y 5. Las personas que ejerciendo sus derechos han participado en manifestaciones y protestas independentistas y que están encausadas judicialmente".

TE PUEDE INTERESAR

A quién beneficia la amnistía: estos son los privilegiados que sacan provecho de la ley

Antonio Fernández. Barcelona

La confección del duro argumentario tiene una vertiente que trata de dejar en evidencia a ERC y que pretende minimizar los acuerdos de los republicanos con los socialistas. Apenas unas horas antes, en los foros de JxCAT se incluía también un esquema comparando sus logros y los de ERC bajo la siguiente pregunta: "¿Qué incluye cada pacto con el PSOE para investir a Pedro Sánchez?". En la casilla de Junts se ponía que "reconoce la existencia de la nación catalana", "habla de independencia hasta en cuatro ocasiones", "establece un mecanismo de mediación y verificación internacional" y "considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre".

Las rencillas con ERC

En la casilla de ERC, en cambio, se dice que "no hay ninguna referencia al 1 de octubre, al 27 de octubre ni al referéndum de autodeterminación, ninguna mención a la independencia, ninguna mención a la nación catalana, no garantiza los avances ni los cumplimientos, no habla de la figura del mediador, e insiste en la mesa de diálogo, que no ha tenido ningún avance en cuatro años".

TE PUEDE INTERESAR

Satisfacción interna en ERC por el flojo acuerdo obtenido por Puigdemont

Marcos Lamelas. Barcelona

Precisamente desde círculos de Junts se ha cargado estos días contra el fichaje del historiador Manuel Borja-Villel como nuevo asesor de la Conselleria de Cultura. Durante los 15 últimos años ha sido director del Museo Reina Sofía de Madrid. En los foros de JxCAT se demoniza a los republicanos por el fichaje. Aunque su nombramiento no ha salido en el Diario Oficial todavía, pese a que se materializó a mediados del mes de octubre, le achacan que cobrará más de 100.000 euros anuales sin merecerlos, porque "durante sus 15 años fuera no promocionó a ningún artista catalán". También que durante la época en que fue director del Macba dejó marginados a los artistas catalanes.

El prestigioso historiador, que en su tiempo también dirigió la Fundació Tàpies, será el encargado de dirigir el programa que pretende ampliar el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). La campaña de los círculos de Junts está empañando el aterrizaje de Borja-Villel en Barcelona y pone sobre el tapete un tema que es vox populi en Cataluña: la guerra civil en el independentismo. Desde el partido de Puigdemont se alienta a desenmascarar a ERC acosándola con acusaciones de antiindependentismo para dejar mal a los republicanos ante la parroquia soberanista.