ERC y Junts presionan al PSOE para reforzar la amnistía ante posibles condenas por terrorismo

La tramitación de la ley de amnistía va avanzando por fascículos, y acaba de comenzar uno más. Después del registro de la norma y del primer debate en el pleno, ha comenzado la fase de enmiendas, que se alargará, en principio, un mes. Toda la atención está colocada en la redacción vinculada al delito de terrorismo que no convence a ERC y que Junts nunca vio con buenos ojos. Ha arrancado ya la presión al PSOE para que lo refuerce, de manera que la gracia alcance no solo a los investigados o procesados por terrorismo, sino que proteja a posibles condenados por este delito, informan fuentes conocedoras de los contactos.

La actual redacción de la ley permite a todos los implicados en causas en las que se investigan actos de carácter terrorista acogerse a la amnistía. En su artículo 2, cita este tipo de ilícitos y excluye "los actos tipificados como delitos de terrorismo" solo en aquellos casos en los que "haya recaído sentencia firme". Los dos principales procedimientos vinculados con el independentismo catalán que encajan en este escenario están aún lejos de llegar a una resolución con firmeza. Al menos aparentemente. Se trata del caso Tsunami, que afecta al propio Carles Puigdemont, y el basado en la preparación de acciones por parte de un grupo de CDR radicalizados.

No obstante, según las fuentes consultadas, el ritmo al que avanza la tramitación es más lento del esperado en inicio. Los más optimistas colocan su entrada en vigor para la próxima primavera. No puede descartarse, además, que el PP alargue los tiempos más aún una vez el texto llegue al Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Es el segundo sumario, el de los CDR, el que más preocupa. Se encuentra ya listo para que quede fijado el inicio del juicio, por lo que la condena de la primera instancia, la Audiencia Nacional, no estaría tan lejana.

ERC ha indicado ya de forma pública que la redacción sobre los delitos de terrorismo no le convence. De hecho, el acuerdo político previo a la investidura quedó dilatado precisamente por estas dudas. En estas semanas, como adelantó El País, ha subido a Sumar a su propuesta que implicaría "afinar" alguno de sus extremos para evitar que haya riesgos. En Junts, ya en la fase de negociación, se advirtió que ese punto era el más débil, ya que al diferenciar entre fases del procedimiento, provoca "una desigualdad en la propia ley" que la hace permeable ante futuros recursos.

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Las fuentes consultadas precisan que el único objetivo es "eliminar inconsistencias" y ponen el acento en que en ningún caso pactarán cambios que pongan en riesgo la constitucionalidad de la norma. Tanto ERC como Junts son conscientes de que el delito de terrorismo es el más delicado en el marco europeo. La propia ley incluye el terrorismo no en la relación de las conductas a amnistiar, sino en las excepciones.

Poner vidas en peligro

Quedan así exceptuados del perdón "los actos tipificados como delitos de terrorismo en el Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme en ellos y se hayan basado en los tipos de atentado que recoge el artículo 3 de la Directiva UE 2017/441". La citada directiva menciona conductas que encajarían de forma más específica en las acciones de los CDR, como amenazar la integridad de las personas o provocar explosiones para poner vidas en peligro.

Según ha defendido la Fiscalía a lo largo de la instrucción, el Ministerio Público considera que los investigados, 12 personas en total, habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares.