El Ibex 'catalán' no ve condiciones para volver a trasladar las sedes

El anuncio del acuerdo PSOE-Junts podría tener un efecto bumerán en el Ibex 35. Los dos partidos políticos acordaron "facilitar y promover el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Pero los planes de las compañías afectadas están lejos de ello. "No está sobre la mesa" es lo más diplomático que afirman desde estos grupos, que ven en el anuncio un motivo más para congelar planes de regreso que para reactivarlos, según múltiples fuentes, que piden el anonimato por tratarse de un asunto políticamente muy sensible para ellos.

El eje de este discurso es la "falta de seguridad jurídica". Por esa misma razón movieron su sede. CaixaBank, a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante; la Fundación la Caixa/Criteria, a Palma de Mallorca, y Naturgy, Abertis, Colonial, Catalana Occidente y Cellnex, a Madrid, entre otras. Ninguna de estas empresas quiso hacer comentarios.

Esta huida fue especialmente urgente en los bancos del Ibex, que sufrieron una fuga de depósitos de 11.600 millones en septiembre de 2017 ante el miedo de sus clientes de quedarse en un banco fuera del euro tras la declaración unilateral de independencia (DUI) anunciada por Carles Puigdemont. La salida tuvo incluso momentos de suspense, ya que había compañías como CaixaBank que no tenían sus estatutos adaptados para ello, por lo que necesitaron un real decreto de urgencia del equipo de Luis de Guindos para hacerlo.

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El Ibex catalán se ha amoldado a su nueva situación en estos seis años. La sede fiscal y el grueso de sus equipos siguen ubicados en su comunidad de origen, y lo único que desplaza a la sede social son las juntas de accionistas y algunos actos institucionales de menor importancia.

Sin alicientes

En este entorno, fuentes de las empresas consultadas tendrían que "ver muy clara la estabilidad jurídica" para dar un paso de vuelta a Cataluña. Y el entorno ideal sería "el silencio" sobre esta cuestión. Es decir, precisamente todo lo contrario del ruido generado del acuerdo PSOE-Junts. Todas las empresas cuentan con accionistas y clientes que pueden titubear si ven un mínimo atisbo de riesgo político. Y a día de hoy los gestores de estos grandes grupos no tienen la certeza de que haya estabilidad política en la región. "No nos moveremos si no lo vemos claro, y menos obligados", exponen desde una gran empresa.

Al margen de estas declaraciones extraoficiales, las compañías catalanas prefieren ponerse de perfil, creen que no es el momento de dar un paso al frente, ya que la pelota está sobre el tejado de los políticos. Los incentivos para posicionarse son escasos, en especial para CaixaBank, que tiene al Estado en su capital, con un 17% de sus acciones, en manos del FROB (Fondo de Reestructuración).

Los bancos suman un punto de prudencia porque tienen una posición más arriesgada en este entorno, ya que, como se demostró en 2017, cualquier brizna de inestabilidad puede tener un impacto en su balance y provocar una fuga de depósitos que, mal gestionada, puede llevarse por delante la entidad. Por ello, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España podrían posicionarse en contra de cualquier amago de intervención por parte del Gobierno o de los políticos catalanes.

Junto a los bancos, en el mundo empresarial también se percibe especialmente compleja la posición del principal accionista de CaixaBank, la Fundación la Caixa, que controla un 31% del banco, así como posiciones clave en Naturgy y Telefónica. Su sede está en Baleares y sus estatutos la protegen de posibles tentaciones de intervención política. En el Ibex y los supervisores se confía en que estas barreras contengan cualquier intento de influir en la fundación por parte de Junts o ERC.

En el sector energético, que también se ve afectado por Naturgy, han recibido la propuesta política de forma fría. Creen que esta iniciativa en materia económica es una parte secundaria de las negociaciones. Subrayan, por otra parte, el hecho de que lo que se ha manifestado, por ahora, es solo un inicio de conversaciones, con lo que consideran que la incertidumbre respecto al horizonte temporal es muy amplia, lo que los obliga a permanecer en el mismo statu quo que vienen manifestando desde que en 2017 decidieron trasladar su sede de Barcelona a Madrid. Por otro lado, la propuesta no les suena a novedad, ya que llevan seis años conviviendo en Cataluña con cantos de sirena de diversos partidos que piden el regreso de las grandes firmas.

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Creen que la empresa, por ahora, no puede saber muy bien a qué atenerse, puesto que falta concreción. Las relaciones de Naturgy y el resto de energéticas con el Gobierno no pasan por su mejor momento, después del impuesto a bancos y energéticas que se aprobó el año pasado. Junto a ello, el Ejecutivo se ha opuesto explícitamente a un plan de división en el que trabaja la firma liderada por Francisco Reynés desde marzo de 2022, denominado proyecto Géminis. Un bloqueo que está teniendo consecuencias internas para la firma, porque impide la desinversión de varios accionistas de referencia que creen que ya ha llegado el momento de hacer caja con su inversión. Para Naturgy, al igual que para otras compañías, cualquier movimiento de sede tiene un significado casi exclusivamente político, ya que un hipotético traslado no tendría consecuencias desde el punto de vista operativo.

A Colonial, el anuncio le sorprendió pocas horas antes de haber convocado a la prensa para sus resultados del tercer trimestre. Su presidente, Juan José Bruguera, una de las figuras más relevantes del mundo empresarial catalán, fue esquivando preguntas con un preparado "cuando salga el plan, lo estudiaremos atentamente", en relación con el cambio de sede.

Más tajante fue su rechazo a hablar cuando se le preguntó cómo puede afectar a las empresas catalanas el pacto para celebrar un referéndum de independencia, sobre todo tras la experiencia del Brexit. "Hoy no toca hablar de eso", dijo para concluir una rueda de prensa de resultados en la que Colonial alabó reiteradamente la buena marcha de Madrid y reconoció el menguante peso de Barcelona en su negocio.

Tampoco desde Abertis quisieron hacer declaraciones. Aunque, en su caso, hay una diferencia evidente que va más allá de cualquier valoración: quiénes son sus accionistas. En 2017, cuando la declaración unilateral de independencia desató una fuga de miles de empresas, este gigante de las autopistas pertenecía a la órbita de La Caixa. Hoy el poder se lo reparten entre la italiana Atlantia y la madrileña ACS, la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Su centro de decisión queda ya muy lejos de las torres negras de la avenida Diagonal.

Otras grandes empresas como Cellnex y Catalana Occidente tampoco quisieron hacer comentarios. La aseguradora se limitó a afirmar que, "en la actualidad, no se plantea ningún cambio de sede social". La situación para todos los empresarios es incómoda. Y más aún tras el acuerdo entre el PSOE y Junts.