Mazón, Moreno y López Miras alinean sus demandas para dar la batalla de la financiación

Distintos protagonistas en la foto, pero el mismo contenido. El debate de la financiación autonómica es el Día de la Marmota de la política territorial española (con permiso de Cataluña). Parece que pasan muchas cosas, pero en realidad nunca cambia nada. Para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, los territorios peor parados por un sistema de reparto pendiente de renovación desde 2014; según el consenso de los expertos, el año 2024 arrancará con un nuevo amago de negociación con el Ministerio de Hacienda y con un encuentro político y reivindicativo similar al que hace más de dos años protagonizaron en el Palacio de San Telmo en Sevilla el entonces president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y su homólogo en la Junta, el popular Juanma Moreno.

La diferencia es que ahora Puig saldrá de la foto para ser sustituido por Carlos Mazón, nuevo inquilino del Palau de la Plaza de Manises de Valencia, y que a la pareja se incorporará un tercero, el también conservador murciano Fernando López Miras. Distintas caras, todas del PP, mismo problema por resolver.

Mazón anunció hace varios días su intención de celebrar un encuentro a tres con Moreno y López Miras para fijar posiciones compartidas de cara a una posible negociación con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La nueva número dos del Gobierno congeló la pasada legislatura la negociación para la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) por falta de acuerdo entre partidos y entre territorios.

Pero los acuerdos de condonación de deuda y revisión fiscal con las formaciones independentistas catalanas ha llevado a la ministra de Pedro Sánchez a ofrecer un canal de diálogo al resto de territorios, un café para todos todavía por concretar acogido con mucha frialdad por la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo que, sin embargo, ha abierto los oídos de los barones conservadores de los territorios más necesitados de recursos.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso apoya ahora a Mazón en la quita de deuda y reivindica el eje económico Madrid-Valencia

Víctor Romero

Advierten, eso sí, que su posición es reclamar un trato "igualitario para todos", que no aceptarán situaciones de "privilegio" para Cataluña y que el foro de negociación debe de ser el multilateral Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF). Con la intención de alinear posiciones y poner a prueba la voluntad del Gobierno, el Consell valenciano de Carlos Mazón acaba de asumir como propia una reivindicación que ya compartieron Juanma Moreno y Ximo Puig y que también lleva varios ejercicios en la agenda de López Miras: la reclamación vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) de un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación del sistema en vigor hasta que se apruebe una nueva LOFCA. Moreno cifra en más de 1.000 millones la cuantía que le correspondería anualmente a Andalucía. Mazón, con el respaldo de la comisión de expertos del Parlamento valenciano, que el jueves volvió a reunirse para actualizar sus análisis, reclama 1.500 millones al año para la Generalitat.

"Reformar el sistema de financiación es complejo y lo fácil es no enfrentarse a esa reforma", señaló el jueves la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino. La también portavoz del Consell recordó que, por el contrario, aprobar un fondo de nivelación "es sencillo". "Se trata de tomar la decisión y de querer hacerlo", insistió. El fondo formará parte del paquete de demandas de los tres presidentes populares, que todavía no han puesto fecha formal a su reunión. No se puede obviar, además, que la posición con respecto a una nueva financiación, basada en reclamar una mayor ponderación del factor poblacional, no es la misma que la de otros territorios controlados por el PP como Galicia, Cantabria o Castilla y León.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa rompe la unidad de acción de los barones del PP pese a la resistencia de Génova

Ana Belén Ramos Marisol Hernández

Para Montero, pintar o no esa trasferencia en los PGE será la primera prueba de que su compromiso con la reforma del sistema al margen de las necesidades políticas del PSOE con las formaciones nacionalistas catalanas. Los socialistas incorporaron en su acuerdo con Sumar, a petición de Compromís, una referencia explícita a una solución transitoria para las regiones con problemas de financiación hasta consensuar una nueva LOFCA. "En los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado", dice el texto del acuerdo de investidura con la coalición de Yolanda Díaz.

Montero, que ha eludido hasta ahora referirse en público a esa nivelación a través de los PGE, quiere abrir una primera ronda de contactos bilaterales para hablar de las posibles quitas de deuda autonómica con el Estado. Cataluña reclama cambios en el modelo fiscal con una solución de concierto singular similar a la de Euskadi y Navarra, aunque en realidad disfruta de una financiación similar a la media española con el actual sistema. Difícilmente el PP dará luz verde a la vía catalana, pero son varios los barones populares dispuestos a hablar de la condonación de pasivos, especialmente autonomías como la valenciana, con una deuda de más de 57.000 millones de euros causada en gran parte por el déficit estructural que sufre por la menor aportación de recursos del Estado.

¿Aceptarán los presidentes del PP una quita de deuda que no vaya acompañada de una solución a la financiación? "Realmente, la quita no nos soluciona nada por sí sola. Pero tampoco vamos a perdonar ni un céntimo", admiten fuentes de la Conselleria de Hacienda. Demasiadas piezas a encajar en el sudoku.