Moncloa rompe la unidad de acción de los barones del PP pese a la resistencia de Génova

Divide et impera o "divide y vencerás" es una antigua frase atribuida a Julio César, pero bajo la que se rigen hoy en día las estrategias de los grandes partidos. Feijóo busca fisuras en el bloque progresista que desestabilicen la legislatura de Sánchez, y este intenta hacer lo propio con su rival para abrir grietas por las que se escape su fuerza de oposición. Génova sitúa su ingente poder territorial como contrapeso al Ejecutivo, pero el Gobierno maniobra para convertirlo en el talón de Aquiles del PP. Los barones populares cierran filas con la estrategia dura de la dirección nacional pero, en la práctica, comienzan a surgir contradicciones entre el discurso de la cúpula de Madrid y sus ramificaciones territoriales.

La reforma de la financiación autonómica —pendiente de una actualización desde hace años— y la absorción de las deudas comunitarias con el Estado —a raíz de la condonación pactada con ERC en Cataluña— son dos de las cuestiones en las que las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP, están dispuestas a un acuerdo con el Ejecutivo que satisfaga sus intereses, pese a que pueden chocar con los de otros presidentes regionales y con las propias directrices de su partido. Los gobiernos autonómicos del PP, mayoritarios en el nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se unieron en bloque frente a María Jesús Montero y prometieron una "estrategia común" para no caer en las "trampas" del Ejecutivo. Pero esa unidad de acción comienza a resquebrajarse.

La ministra de Hacienda desveló hace unas semanas que varias comunidades del PP habían trasladado "de forma directa o indirecta" su interés por conocer cómo les afectaría la quita para compensar la absorción de los 15.000 millones de deuda de Cataluña con el Estado. La Comunidad Valenciana es la siguiente en la lista de regiones más endeudada con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Le siguen Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

El departamento de María Jesús Montero pretende reunirse en enero con las distintas comunidades autónomas de forma bilateral para abordar el cálculo de la condonación y explicar de forma individualizada el pacto económico entre PSOE y ERC. Una iniciativa que Génova rechaza.

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El nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, rechazó esta semana de forma pública estos encuentros bilaterales al entender que la financiación es un "tema sensible" en el que debe existir "igualdad de trato" y, por lo tanto, "no tiene sentido que esa reunión sea una a una y de forma independiente". Desconfió además del método elegido por el Gobierno, ya que "cuando alguien quiere partir la tarta a escondidas, es que probablemente quiere dar el mayor trozo de la tarta a los independentistas". Reiteró, no obstante, la "autonomía" de sus barones a la hora de tomar decisiones que afectan a sus intereses. Pero en privado la tónica es distinta.

Fuentes de Génova de alto nivel instan a sus comunidades a rechazar las reuniones propuestas por María Jesús Montero por el temor a que el Ejecutivo las utilice para "dividirnos" y "enfrentarnos". Insisten en que el marco debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la condonación de la deuda, y la Conferencia de Presidentes para avanzar hacia la actualización del sistema de financiación. Todo "con luz y taquígrafos". Y en conjunto. Las citas individuales, inciden, son "un señuelo del Gobierno para trocearnos". "Debemos estar muy coordinados y no caer en esa trampa", advierten en el equipo de Feijóo.

La quita de la deuda

Buena parte de las comunidades autónomas del PP respaldan el criterio de la dirección nacional del partido, pero el marco cambia cuando se les pregunta a aquellas regiones más infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana es el primer ejemplo. Fuentes del ejecutivo que dirige Carlos Mazón confirman a El Confidencial que si el Gobierno llama para proponer un encuentro bilateral del que "pueda salir alguna medida que beneficie a la comunidad", se sentarán. Aunque solo si el orden del día contempla un debate relativo a la quita de deuda. La reforma de la financiación, reiteran, sí debe tratarse de forma amplia, con el resto de las regiones implicadas.

"Si el Gobierno contempla una oferta de condonación para el resto de las comunidades autónomas, nosotros seremos los primeros en pedirlo", afirman. En contra del criterio de Génova, que pidió a sus barones que no se acogiesen a la quita de deuda del Gobierno para evitar "blanquear" el acuerdo con el independentismo, Carlos Mazón exigió desde el primer momento una "compensación" con la que podría ver desaparecer de un plumazo casi 10.000 millones si se adhiere al mecanismo del Ejecutivo. La propia consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, aseguró esta semana que el Consell "no renunciará a compensar el perjuicio de dos décadas" y que, para ello, "nos sentaremos a hablar con quien haga falta".

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Los tambores de guerra suenan también en la Región de Murcia. Desde el equipo de Fernando López Miras ratifican que, si el Gobierno les llama, acudirán a la cita... pero con prioridades distintas a las de sus compañeros valencianos. En este caso, el ejecutivo murciano "solo" asistirá a una reunión bilateral "para hablar de la reforma del sistema de financiación", caducado desde 2014. "Esa es nuestra prioridad", insisten. En su caso, se niegan a tratar de manera individual el mecanismo de condonación de deuda que propone María Jesús Montero. "No nos vamos a sumar a unas migajas de rebote de una negociación entre Sánchez y la izquierda catalana", avisó el presidente murciano.

Por su parte, Andalucía fue otra de las regiones que, pese a oponerse frontalmente a la condonación de la deuda catalana, aprovechó para reclamar lo suyo y recordar al Gobierno que adeuda casi 33.000 millones de euros a la región. No obstante, fuentes del equipo de Juanma Moreno se separan por el momento del criterio de Murcia y Comunidad Valenciana, y aseguran que dirán 'no' a una reunión bilateral con Hacienda para debatir acerca del sistema de financiación o la quita de deuda, aunque matizan que levantarán el teléfono al departamento de María Jesús Montero para conocer cuál es su propuesta.

Lo que sí vaticinan es un posible enfrentamiento con otras baronías populares. "Nosotros atendemos al interés de los andaluces, y no tiene por qué ser coincidente con el interés de otros ciudadanos que viven en comunidades gobernadas por el PP", apuntó el pasado miércoles el portavoz del gobierno andaluz, Antonio Fernández-Pacheco.

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En Galicia, Comunidad de Madrid, Aragón o Castilla y León coinciden plenamente con el criterio de Génova. "Los recursos de todos se deciden entre todos. Lo que quiere hacer el Gobierno es una trampa bastante obvia. Enfrentarnos y además tapar lo que han hecho bilateralmente con Cataluña, para poder decir que, en realidad, se ha pactado de forma equitativa con todos. Y eso es una falsedad", explican, por ejemplo, desde la Xunta, posición que dista de la esgrimida por Mazón o Miras. A ese enredo ha contribuido también Isabel Díaz Ayuso, que protagonizó esta semana un giro de discurso al apoyar a Carlos Mazón para que se acoja a una compensación del acumulado crédito con el Estado cuando, hasta la fecha, había sostenido una posición de rechazo frontal a la iniciativa. "Es un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor, a malgastar el dinero público, al incumplimiento presupuestario", manifestaba.

En el Gobierno dan por hecho que la división en las filas del PP está garantizada, y que el enredo interno crecerá con el paso de las semanas. La Moncloa no ha atendido por ahora a la petición de celebrar una Conferencia de Presidentes para abrir el melón de la financiación, ya que esperan encauzar primero posibles avances en esta materia a través de la cita entre Sánchez y Feijóo, que de momento también permanece congelada. Con la petición de este encuentro piensan machacar estas semanas al líder de la oposición, convencidos de que "cuando el presidente llama, se debe acudir". Mientras, mantienen el plan de citar a las autonomías para transmitir el impacto de la decisión de absorber deuda.

La foto de Doñana y el cava con Puente

Las cesiones de Sánchez a sus socios de coalición para amarrar la legislatura han disparado la desconfianza en Génova, donde anticipan que, en este momento, "una oposición a cara de perro" resulta "imprescindible". El PP ha dejado en stand by la fotografía con el jefe del Ejecutivo precisamente para evitar "blanquear" los acuerdos con el independentismo. No solo la ley de amnistía y las comisiones para investigar el supuesto lawfare con el procés están ya en marcha. Sánchez cruzó una última línea al entregar a Bildu la alcaldía de Pamplona, y podría reunirse con Carles Puigdemont en las próximas semanas.

El discurso duro de Feijóo en Madrid choca, de nuevo, con la complicidad que se ha dejado ver en algunos territorios con el Ejecutivo. Esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, brindaron con cava para celebrar el acuerdo para la ampliación norte del Puerto de Valencia. La fotografía choca con los ásperos enfrentamientos diarios con el exalcalde de Valladolid en el Congreso, o con la batalla que mantiene con Isabel Díaz Ayuso por la gestión de Cercanías. Y demuestra que, en determinados asuntos, la estrategia de oposición del PP funciona a dos velocidades.

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Carlos Mazón no ha sido el único. También Juanma Moreno salió en la foto a finales de noviembre con la ministra Teresa Ribera tras cerrar al fin un pacto millonario con el Ejecutivo para la protección y el desarrollo de Doñana, una imagen que dista de las palabras gruesas del parlamento y que constituyen un oasis en medio de la crispación política. Estas dos imágenes son para la Moncloa la prueba de que si hay un PP con el que se puede llegar a acuerdos. Esa dualidad la piensan a explotar durante toda la legislatura. "Sería deseable que Feijóo también fuera un líder de la oposición con vocación de llegar a pactos", aseguran en el Gobierno.