El 23-J congela la reforma de la financiación autonómica, caducada desde hace una década

España va a cumplir una década con el modelo de financiación autonómica caducado, a pesar de que los últimos dos gobiernos, el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, mostraron su intención e incluso dieron pasos para su renovación. El acuerdo al que llegaron el PSOE y ERC en 2019 parió un sistema de reparto de fondos entre las CCAA que ha sido perjudicial para comunidades como Andalucía, Valencia o Murcia, pero la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos ha hecho imposible su renovación. Y el resultado de las elecciones generales del 23 de julio no es precisamente el mejor para desatascar este conflicto durmiente.

El modelo de financiación se aprobó en 2009 con una caducidad de cuatro años. Y no se regula por una ley orgánica, lo que facilitaría su reforma. Pero el principal problema para afrontar su remodelación es que las comunidades, sin importar el color político de su Gobierno, tienen prioridades distintas. El mapa autonómico que salió del pasado 28 de mayo deposita la mayor responsabilidad en el PP, ya que controla la mayor parte de los gobiernos autonómicos. Pero incluso entre los barones populares hay diferencias.

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Juanma Moreno, por ejemplo, impulsó una alianza mediterránea con el murciano Fernando López Miras, popular como él, y el socialista Ximo Puig. Ahora el presidente valenciano, Carlos Mazón, también milita en el PP. Pero en esta entente también está el socialista Emiliano García-Page. Estas cuatro regiones defienden que el modelo debe atender a la cantidad de población y el coste de los servicios públicos que se financian, por lo que llegaron a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo de compensación de unos 1.600 millones.

Lo llamativo es que enfrente están los presidentes de la cornisa cantábrica, sean del color político que sean. Ahí estaba el propio Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente gallego, junto al asturiano Adrián Barbón, del PSOE, que quieren que se tengan en cuenta otros parámetros como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población. Son estas regiones las que se benefician más del actual modelo, por lo que son más reacias a la reforma que presionan desde ese corredor mediterráneo que patrocinaron Ximo Piug y Juanma Moreno.

Montero lideró desde Andalucía la reforma del modelo, pero admitió al llegar al Gobierno que la tarea era muy compleja

La aritmética endiablada que ha salido del 23-J aleja todavía más esa posibilidad, a pesar de que los dos grandes partidos mantienen la reforma como una de sus prioridades. En la Junta Directiva Nacional que celebró el PP en la jornada posterior a las votaciones, Feijóo incluyó la actualización del sistema en los proyectos que pondría en marcha en caso de ser capaz de lograr una investidura. En caso de que el gallego logre dar un vuelco al actual escenario y llegar a la Moncloa, tendrá que trabajar para poner de acuerdo a sus barones, ya que las prioridades de Moreno son muy distintas de las de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.

El reto de Montero

En las últimas ocasiones en que se ha abierto el debate sobre el modelo de financiación, la ministra de Hacienda ha puesto el foco en esa disparidad dentro de los populares. María Jesús Montero obvia que dentro del PSOE tampoco hay un consenso claro sobre cómo debe ser el modelo. No obstante, los socialistas llevaban en su programa electoral para el 23 de julio el compromiso de aprobar un nuevo modelo en un plazo de un año. Fuentes de Hacienda admiten ahora que será complicado, dada la aritmética parlamentaria. La tesis que manejan es que si Sánchez es capaz de armar un Ejecutivo, las prioridades tendrán que modularse para dar cabida a las propuestas de los socios de investidura.

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Hay que recordar que la número dos del PSOE abanderó la necesidad de remodelar el sistema cuando era consejera de Hacienda en Andalucía. Y ya en la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy se puso en marcha una Conferencia de Presidentes con esta intención. La moción de censura que encumbro a Pedro Sánchez dio al traste con los planes. Al poco tiempo de llegar al Ejecutivo, María Jesús Montero admitió las dificultades de culminar el proceso. Y lo mismo ocurrió después de las elecciones de 2019 y la conformación de la coalición con Unidas Podemos.

Los pasos que ha dado Montero han estado encaminados a definir el concepto de población ajustada, que es la variable principal que se utiliza para repartir los fondos entre las comunidades. Se trata de un concepto que parte de la cantidad de habitantes que tiene un territorio, pero matizado por esos condicionantes que tienen en disputa a las comunidades: dispersión geográfica, envejecimiento o gasto en servicios públicos. Hacienda elaboró una definición en la pasada legislatura que será la base si el PSOE logra armar un Gobierno.

Mientras tanto, seguirán las pugnas de las comunidades peor financiadas y el Gobierno seguirá argumentando que ha sido el gabinete que más fondos extraordinarios ha puesto a disposición de la Administración regional, sobre todo gracias a los fondos covid o a la llegada de dinero extra de Bruselas. Las cantidades que los territorios reciben del Estado son el principal sustento de los presupuestos que arman los gobiernos autonómicos y que este año tendrán que salir adelante sin el techo de gasto o sin conocer las entregas a cuenta. Desde Hacienda, apuntan a que esto no es un obstáculo relevante, ya que las comunidades tienen información muy ajustada sobre los recursos con los que contarán.