Andalucía insiste con la financiación autonómica tras constatar que el modelo le perjudica

Andalucía no ceja en su empeño por llevar a la discusión política la reforma del modelo de financiación. Es una petición que está en todos los discursos de Juanma Moreno y que el presidente de la Junta trasladó a Pedro Sánchez en su encuentro en Moncloa a finales de julio. Y a pesar de que María Jesús Montero ya ha admitido en público que la negociación no se dará hasta la próxima legislatura, el Ejecutivo andaluz ha vuelto a insistir este viernes.

La consejera de Economía y Hacienda del nuevo Gobierno andaluz, Carolina España, ha remitido una carta a la ministra sevillana para pedirle la convocatoria "sin demora" de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde abordar esta reforma. La petición de la política malagueña se produce después de constatar que el actual modelo, aprobado en 2009 por un acuerdo del PSOE con ERC, perjudica a Andalucía.

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Este perjuicio era conocido, pero un informe de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha vuelto a cargar de razones al Ejecutivo andaluz. El documento elaborado por Ángel de la Fuente es muy ilustrativo, ya que desvela que en 2020, cuando las comunidades recibieron fondos extra para afrontar la pandemia de covid, Andalucía se mantuvo en el vagón de cola en el reparto de fondos estatales.

Según ese informe, Andalucía fue una de las tres comunidades que recibieron menos fondos que la media de regiones del régimen común. Si la media es 100, Andalucía recibió un 94,2, una situación solo empeorada por la Comunidad Valenciana (89,4) y Murcia (89,5). Casi en la media está Castilla-La Mancha (99,3). Estas son las cuatro comunidades, dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP, que han solicitado al Gobierno un fondo transitorio que palie esta falta de recursos mientras se afronta la reforma integral del sistema.

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El cálculo del Gobierno andaluz es que la comunidad deja de recibir entre 800 y 900 millones de euros al año por este desequilibrio. El fondo de transición que Juanma Moreno planteó a Pedro Sánchez a finales de julio serviría para enjugar este agravio, ya que contempla la llegada de 824 millones para Andalucía, 648 para la Comunidad Valenciana, 196 millones a la Región de Murcia y 64 para Castilla-La Mancha.

El problema con el que se encuentra el Gobierno andaluz es que el bloqueo de la reforma de la financiación tiene un componente interno en los dos grandes partidos. Lo demuestra la entente de populares y socialistas que coinciden con Moreno en sus reclamaciones. Del otro lado, hay gobiernos autonómicos de PP y PSOE que apuestan por un modelo distinto y, sobre todo, por no perder fondos respecto a lo que reciben ahora.

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La ministra de Hacienda ha insistido en varias ocasiones en que los populares deben ponerse de acuerdo entre sí antes de abrir las negociaciones. Montero obvia que en el seno de su partido también hay diferencias, pero algo similar ocurre en el PP. Por eso la apuesta de los populares pasa por presionar a través de la convocatoria de este Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Carolina España no deja pasar la ocasión para recordarle a la política sevillana que fue ella quien abanderó primero la lucha contra la infrafinanciación de Andalucía. La dirigente popular, acostumbrada a batirse con Montero en el Congreso por su papel como portavoz de Hacienda del PP, le recuerda el papel que la actual vicesecretaria general del PSOE tuvo cuando fue consejera.

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La actual ministra, en su última etapa en el Gobierno andaluz, armó un acuerdo en el Parlamento con la izquierda para reclamar la reforma del modelo de financiación al Gobierno de Mariano Rajoy. El PP, de forma sorpresiva, se sumó a aquel acuerdo cuando Juanma Moreno era el líder de la oposición. Ese gesto permite a Carolina España recordarle a Montero que fue muy "beligerante" y muestra su extrañeza porque ahora, como ministra, no dé cumplimiento a "un acto de justicia con Andalucía" como es "que lo que reciba del Estado sea ni más ni menos que lo que le corresponda".

Hace un par de semanas, Montero admitió que la reforma no se podrá abordar antes de las elecciones, pero anunció que en septiembre habrá un nuevo documento para calcular la variable de población ajustada. Este concepto debe servir para hacer el reparto según los servicios que presta cada comunidad y el coste que le supone. No es exactamente una propuesta de financiación, como le reclama Carolina España en su carta, pero sí un primer paso. Pero quedan muchos más para el final de este culebrón que va camino de cumplir una década: el modelo de financiación de 2009 caducó en 2014.