El Gobierno reta a las CCAA en busca de un gran consenso PSOE-PP en la financiación

El Gobierno da un paso y reta a las comunidades a completar de manera conjunta uno de los sudokus políticos más complicados, la reforma del modelo de financiación autonómica. Tal como había comprometido el Ejecutivo central, presionado por los distintos frentes regionales que empujaban por abrir este debate del reparto de los recursos del Estado entre las comunidades, el Ministerio de Hacienda envió este viernes a todos los consejeros del ramo un primer documento, muy técnico, de 240 folios, que aborda solo una pata del sistema, la población ponderada como factor para calcular la distribución de recursos.

La principal novedad es que la sanidad y la educación ganan peso como variables para repartir los fondos, hasta sumar el 75% del total, como solicitan las autonomías más perjudicadas por el actual modelo, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, que denuncian la desigualdad de prestar servicios con menos dinero que el resto. Además, como pedía el frente regional liderado por Galicia, que representa a la España más despoblada y envejecida, se introducen variables correctoras que asumen que el coste de la prestación de servicios se eleva ante la dispersión o la despoblación.

El texto introduce además otro elemento clave: que una vez consensuado el concepto de población ajustada "servirá como indicador único de necesidades totales de gasto y como factor fundamental de reparto de la financiación". Es decir, los fondos posteriores de nivelación existentes (garantía, convergencia y cooperación) jugarán un papel más secundario, lo que abre la puerta a que se modifique el 'statu quo', la posición relativa, algo que reclamaban también los territorios peor parados por considerar que distorsionaban la distribución. El cálculo actual de población ajustada genera diferencias per cápita de alrededor de un 10% entre las distintas regiones que se disparan hasta el 30% con el efecto posterior.

Las autonomías perjudicadas del PP, Andalucía y Murcia, acogen con críticas la propuesta

El Gobierno emplaza a las comunidades a que pongan sobre la mesa sus propuestas en el plazo de dos meses y espera que en enero puedan seguir avanzando en la discusión de un nuevo modelo de financiación, entrando a abordar otros asuntos como el reparto de impuestos entre el Estado y las autonomías o nuevos enfoques en el fondo de nivelación. El documento presentado ahora no es un modelo completo. Tampoco aborda, por ejemplo, qué ocurrirá con la deuda acumulada por las autonomías infrafinanciadas (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía). Y lo que es más importante y determinante: no dice cuán grande será la tarta, o sea, si pondrá más dinero para que no haya perdedores en la reforma.

Tras poner sobre la mesa un primer borrador, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo quedar a la espera de las aportaciones de los consejeros autonómicos cuando se lean "tranquilamente" un documento que alcanza una extensión de 240 folios y que es muy técnico. Incluye propuestas del comité de expertos que ya convocó el ministro Cristóbal Montoro (PP) y asume algunas de las reclamaciones de las regiones, dando además a elegir entre varias opciones para el cálculo del coste efectivo de algunos servicios.

La ministra de Hacienda volvió a dejar claro que para que el modelo de financiación se renueve necesita el concurso del PP. "En materia de financiación autonómica no hay nada fácil", admitió Montero en una visita el viernes por la tarde al Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla. "Cada territorio aspira a una posición de máximos y el acuerdo solo será posible si el PP sale de la permanente discusión, del frentismo y el no es no", subrayó, dejando la pelota en el tejado del principal partido de la oposición en España. "Mi preferencia es pactar el modelo con el PP, hay otras posibilidades, pero PSOE y PP gobiernan la mayor parte de las comunidades autónomas y debemos ser capaces de llegar a un consenso. Vamos a ver cómo respiran en los próximos días", zanjó, confiando en que sea posible abrir, al menos, el diálogo.

Diferencias entre CCAA

La primera reacción de las autonomías del PP, especialmente las dos peor paradas por el actual sistema, no fue positiva. La Junta de Andalucía calificó de "huida hacia delante" el texto de Montero y reprochó que no recoja sus reivindicaciones más inmediatas, como la prórroga del fondo covid o la puesta en marcha de un fondo transitorio para cubrir desequilibrios mientras se negocia el nuevo sistema. También se quejó de que no se haya convocado el Consejo de Política Fiscal para formalizar el debate. Un reproche compartido por el Gobierno de la Región de Murcia, presidido por el popular, Fernando López Miras. Esta última comunidad criticó que se haya iniciado la reforma del sistema de financiación por "fascículos" para "ocultar un nuevo maltrato".

Sin embargo, el documento fue mucho mejor recibido en Valencia por la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig. El 'conseller' de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, calificó de "victoria colectiva de la sociedad valenciana" que el Gobierno central haya trasladado "por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto con base en la población ajustada, y especialmente con base en variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos y valencianas".

La Comunidad Valenciana considera una "victoria" el planteamiento inicial del documento

"Hasta el día de hoy, el criterio de reparto actual de la población ajustada está totalmente desvirtuado por el resto de fondos, lo que provoca que existan diferencias difícilmente justificables entre autonomías y que se consolide el 'statu quo'", añadió. "El criterio de reparto planteado hace una aproximación más real, evita que se desvirtúen las necesidades de gasto que tenemos todas las CCAA e incrementa el peso de variables como la sanitaria, las educativas o las de servicios sociales", indicó.

Por su parte, la Generalitat catalana siguió en la posición de no querer entrar al juego multilateral. El Govern que preside el republicano Pere Aragonès calificó de difícil que la "infrafinanciación y el déficit fiscal" se puedan corregir con un nuevo modelo de financiación autonómica y advirtió a Hacienda de que el concepto de población ajustada no se ajusta a la realidad de Cataluña.

Más peso de sanidad y educación

En sanidad, el actual modelo de financiación calcula la población ajustada dividiendo en 7 tramos de edad y aplicando coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios. En la nueva propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias. Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y teniendo en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. El peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.

En educación, el gasto necesario ponderaría del 20,5% actual al 25 o 30%. En el modelo actual toma como variable la población de 0 a 16 años y quedaban excluidas otras etapas académicas como la universitaria o la Formación Profesional que en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda sí que se incorporan. Se tiene en cuenta además el trasvase de alumnos en las etapas superiores desde unos territorios a otros. El Ministerio ofrece evaluar las necesidades de la población universitaria, de 18 a 24 años y la llegada de estudiantes de otras comunidades.

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Víctor Romero. Valencia Isabel Morillo. Sevilla

La ponderación del gasto en servicios sociales, ahora del 8,5%, pasaría a ser entre el 6% y el 10%, una horquilla bastante amplia que dará lugar a una negociación intensa. Es uno de los apartados donde hacen hincapié autonomías más envejecidas como Galicia o Asturias. En el modelo actual, el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales con base en la variable población de 65 y más años. El nuevo modelo divide ese grupo en dos. Un tramo sería de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80. Como novedad se incluye en esta variable de servicios sociales, además de los mayores, los parados sin prestación por desempleo.

También las autonomías del bloque que se reunió en Santiago de Compostela quieren elevar el peso de la dispersión o la densidad demográfica. La propuesta de Montero plantea dejarla en el 3% actual o elevarla al 4%. El porcentaje de participación en el sistema de otro tipo de servicios pasaría del 30% a un máximo del 22%.