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Andalucía apuesta por el teletrabajo y una auditoría energética en su propio plan de ahorro
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Insiste en su apuesta por las renovables

Andalucía apuesta por el teletrabajo y una auditoría energética en su propio plan de ahorro

Moreno rechaza abrir "una batalla judicial" y reclama al Gobierno volver al diálogo mientras la Junta anuncia un plan paralelo que busca superar el 7% de ahorro de gas que reclama la Unión Europea a España

Foto: El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, en su toma de posesión, junto a Juanma Moreno. (EFE / Raúl Caro)
El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, en su toma de posesión, junto a Juanma Moreno. (EFE / Raúl Caro)

El Gobierno andaluz no solo acatará el plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo central, sino que también tiene una propuesta propia. El objetivo, la "ambición", es superar esa reducción del 7% del consumo de gas natural que la Unión Europea ha fijado para España. Las propuestas son distintas a las del polémico decreto que entra en vigor este miércoles y que están centrados en el control del sector público más allá de las limitaciones al sector privado.

El titular de Política Industrial y Energía de la Junta, Jorge Paradela, ha explicado este martes algunas de las líneas maestras del Ejecutivo de Juanma Moreno. En el corto plazo, la Junta va a poner en marcha una "auditoría energética" para descubrir posibles fugas en el gasto eléctrico en las miles de sedes que tiene la Administración autonómica.

Foto: Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, en el congreso del PP de Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

También se va a revisar la potencia contratada en esas instalaciones, que incluyen no solo a las sedes de las consejerías o el propio Palacio de San Telmo, sino también centenares de centros educativos, sanitarios, universidades y hospitales. En coincidencia con el Gobierno está el control de la temperatura, que no será inferior a los 27 grados en verano y superior a los 19 en invierno; así como el fomento del teletrabajo e, incluso, la promoción del uso del vehículo compartido.

En el medio y largo plazo, Paradela ha aludido al autoconsumo y a la mejora de las condiciones energéticas de los edificios, así como a la "optimización en las rutas de los vehículos" que dependen de la Junta. El titular de Energía no ha dado datos sobre qué ahorro se espera alcanzar, pero sí ha defendido medidas que ya funcionan, como la compra de 147 vehículos eléctricos, el pasado febrero, y obras de eficiencia energética por valor de 27 millones en hospitales, sedes judiciales y universidades. Lo mismo ocurre con la gestión unificada de los 5.000 puntos de conexión eléctrica que controla la Junta, que permitió un ahorro de 1,3 millones de euros en 2021 y que se nutre de energía 100% renovables.

Foto: La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. (EFE/Chema Moya)

Esta apuesta no está reñida con la crítica al texto gubernamental, que no está "ni dialogado, ni consensuado", según Paradela. La filosofía del Ejecutivo andaluz apunta al sector público y limita su intervención en lo privado. El ex directivo de Heineken y el Sevilla Fútbol Club ha defendido las bondades de los incentivos, sobre todo en la instalación de generadores de energía renovable, tanto en un nivel doméstico como en la gran generación por la que apostó Juanma Moreno en su discurso de investidura.

Paradela ha admitido que el decreto del Gobierno "suscita algunas dudas competenciales", ya que su regulación es "muy detallada" y dificulta "el ejercicio de sus competencias". Ha sido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha admitido que el Ejecutivo autonómico estudiará la norma estatal ante la posibilidad de un recurso al Tribunal Constitucional. "Antes vamos a agotar todas las vías, somos un Gobierno que apuesta por las soluciones", ha detallado el dirigente popular, que ha dejado en manos del gabinete jurídico la decisión tras un análisis "pormenorizado" del decreto "desde el punto de vista competencial".

Juanma Moreno se posiciona con Feijóo y sugiere una Conferencia de Presidentes y no "la bronca por la bronca"

El presidente de la Junta, en declaraciones posteriores a la Agencia Efe, ha admitido que no quiere abrir "una batalla judicial" por el decreto y ha pedido al Ejecutivo central que retome el diálogo. Juanma Moreno cree "probable" que haya una invasión de competencias, pero no tiene intención de seguir los pasos de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que Teresa Ribera ha dejado claro que no habrá una revisión del texto, el líder andaluz insiste en la vía del pacto y se posiciona junto a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en la reclamación de una Conferencia de Presidentes que alumbre un mayor consenso sobre el ahorro energético.

Moreno marca distancias con su compañera de partido, aunque asegura que "entiende" que cada comunidad tenga sus "singularidades" y sus "intereses" y que el decreto afecta "más a unas autonomías, caso de Madrid, que a otras". Pero el presidente de la Junta hace un llamamiento a evitar "la bronca por la bronca", una nueva muestra de esa doble alma del PP que el andaluz y la madrileña encarnan y ponen en práctica desde hace meses.

Espadas reclama una reunión

En este contexto de confrontación entre el Gobierno central y las comunidades del PP, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha reclamado a Moreno una reunión para abordar la respuesta andaluza al decreto de energía y a la situación de sequía que vive la comunidad. El dirigente socialista ha solicitado por carta al presidente que mantengan un encuentro para que le informe sobre las medidas que tiene previsto tomar el Ejecutivo regional a partir de septiembre.

Espadas le ha propuesto en la carta que la reunión con los socialistas para abordar el plan andaluz de ahorro energético se extienda al resto de grupos parlamentarios. En materia de aguas, el líder del PSOE andaluz sugiere un encuentro con las diputaciones y los ayuntamientos para abordar los cortes de suministro que se viven, por ejemplo, en la sierra de Huelva.

El Gobierno andaluz no solo acatará el plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo central, sino que también tiene una propuesta propia. El objetivo, la "ambición", es superar esa reducción del 7% del consumo de gas natural que la Unión Europea ha fijado para España. Las propuestas son distintas a las del polémico decreto que entra en vigor este miércoles y que están centrados en el control del sector público más allá de las limitaciones al sector privado.

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