Moreno y Puig pactan su primera cumbre en Sevilla para presionar en la financiación

Será una foto inédita en la política española: dos barones autonómicos, uno del PSOE y otro del Partido Popular, reunidos para reclamar al Gobierno y al Congreso de los Diputados un cambio normativo. El presidente valenciano, Ximo Puig, y su homólogo en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se han citado para el mes de septiembre con el fin de montar un frente común y presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que envíe al Parlamento una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, que ahora mismo perjudica a ambos territorios y que lleva caducado desde el año 2014.

La existencia de la cumbre institucional bilateral, que se celebrará en el Palacio de San Telmo en Sevilla, fue avanzada por el presidente andaluz en declaraciones a Canal Sur Radio. Posteriormente, a preguntas de los medios de comunicación tras un acto en Valencia, Ximo Puig añadió que irá precedida de una reunión previa de los consejeros de Hacienda que tendrá lugar en agosto. La cita fue acordada por ambos el viernes pasado en Barcelona, donde coincidieron en una mesa de debate sobre modelo territorial organizada por el Círculo de Economía. En ese encuentro, ambos dirigentes políticos ya advirtieron de la necesidad de sacar adelante de forma inmediata un nuevo modelo de reparto de recursos entre los territorios del Estado español.

Moreno, que habló de "frente común", aseguró que el cambio de modelo es "absolutamente urgente" porque "no podemos aguantar mucho más". El socialista Ximo Puig, por su parte, aseguró que la intención es "trabajar juntos para aportar una solución que garantice la igualdad y la suficiencia financiera". "No me gusta hablar de frente, me gusta hablar de buscar una solución definitiva", matizó. Los dos dirigentes tenían pendiente la cumbre desde que en marzo de 2020 Puig ofreciese a Moreno ir de la mano para fijar una posición conjunta. Aquel primer contacto, adelantado por El Confidencial, no fue a más como consecuencia de la irrupción de la pandemia y ahora se ha retomado.

El anuncio de esta alianza entre barones de distinto signo político se produce después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confesase la semana pasada en una reunión en Valencia con representantes de los partidos, patronal autonómica y sindicatos que no tenía previsto cumplir su compromiso de enviar al Congreso una alternativa a la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Montero, que ha dejado pasar en varias ocasiones los plazos pactados, justificó esa posición por la ausencia de mayorías en la Cámara y el clima de confrontación entre los dos grandes partidos.

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No obstante, el jueves la ministra matizó sus palabras tras la visita de Moreno a la Moncloa, y aseguró que reabrirá la negociación "en breve". En realidad, no queda ya mucho más que negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas las autonomías y el Ministerio de Hacienda. El trabajo técnico se elaboró en la etapa de Cristóbal Montoro. Lo que falta es que el Gobierno recoja todas esas aportaciones y se aventure a hacer una propuesta al Congreso en busca de la mayoría absoluta necesaria para aprobar la nueva ley orgánica.

Aquí es donde el Partido Popular debería jugar un papel de oposición de consenso, que es lo que Ximo Puig busca estrechando lazos con Juanma Moreno. El líder popular Pablo Casado promete cada vez que visita Valencia modificar el sistema, pero no se ha ofrecido al Gobierno de forma sincera para respaldar y negociar una solución duradera. Tampoco Sánchez ha dado el paso de intentarlo siquiera. Tal como señaló Moreno, Valencia y Sevilla están dispuestas incluso a aceptar "elementos correctores" que terminen con los desequilibrios que genera el modelo. Expertos como los investigadores del 'think tank' Fedea han propuesto crear un fondo de nivelación que compense a los territorios peor financiados. Esto implicaría el compromiso de la Administración central de inyectar más recursos al sistema, ya sea vía Presupuestos Generales o mediante un endeudamiento mutualizado y no centrifugado hacia los perjudicados, como ocurre actualmente.