La Generalitat otorga 10M en contratos a una empresa con la que tiene prohibido licitar

La empresa Iniciatives Events, investigada judicialmente, multada por la Generalitat por amañar concursos públicos y bajo la lupa de la Guardia Civil, ha firmado con la propia Generalitat y otros entes públicos contratos por un valor de 10 millones de euros. Todo a pesar de que la compañía tiene prohibido licitar con cualquiera de los organismos que dependen de la Administración catalana. Así consta en la resolución del expediente 108/2020 del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, que lleva fecha de 21 de septiembre de 2022. Iniciatives Events es la mercantil que prestó todas las infraestructuras necesarias para las iniciativas de Tsunami Democràtic, que el juez Manuel García-Castellón investiga como supuestos actos de terrorismo.

La resolución prohíbe expresamente a Iniciatives Events contratar con Presidencia de la Generalitat y sus organismos dependientes “las operaciones que se requieran para la producción y realización técnica de actos y acontecimientos institucionales o protocolarios y espectáculos (incluyendo conjuntamente o por separado la preparación, adecuación técnica, la ambientación de espacios y el seguimiento de actos y acontecimientos) que pueden implicar la prestación de los servicios siguientes: iluminación, sonido y acústica; audiovisual; montaje y desmontaje de estructuras de espacios y producciones de actividades, además de los suministros necesarios para llevarlos a cabo”. La prohibición de contratación se extiende por 24 meses, es decir, hasta septiembre de 2024.

Esa resolución se acompañó de una multa de más de 360.000 euros por amañar los contratos de los actos protocolarios de Presidencia durante los años 2018, 2019 y 2020. De hecho, su expediente para los actos de 2021 fue uno de los últimos que se cerraron antes de la salida de Quim Torra de la presidencia como consecuencia de su inhabilitación.

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Los responsables del Govern han hecho oídos sordos a la prohibición de su propio tribunal y han regado con millones de euros a la polémica compañía, pese a que está inmersa en otra investigación judicial que dirige el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, sobre el denominado caso Voloh. Esta empresa es la que pagaba los coches de lujo que conducía Xavier Vendrell, el principal investigado en ese escándalo y que había sido no solo secretario de Organización de ERC, sino también consejero de Gobernación por ese partido. Vendrell había hecho que Iniciatives Events trabajase, en un periodo en que la compañía pasaba por un bache, exclusivamente para Esquerra.

Los coches del ‘jefe’

El aparente trato de favor que ahora recibe se ve reforzado por esa vinculación en el pasado y por los lazos que unen la empresa con Vendrell, quien tenía hilo directo con Marta Rovira, secretaria general de ERC y fugada en Suiza. Ambos están acusados de conformar la cúpula de la plataforma Tsunami Democràtic que investiga la Audiencia Nacional. Iniciatives Events era la firma que prestaba todas las infraestructuras para organizar los actos de sabotaje de Tsunami.

Además, la firma era la organizadora oficial de la inmensa mayoría de los actos del independentismo: desde los encuentros multitudinarios del fugado Carles Puigdemont a todos los actos de ERC, de Junts per Catalunya, de la Asamblea Nacional Catalana o de Òmnium Cultural. Se encargó de producir, fabricar, transportar y ubicar una foto gigante de Felipe VI para que la entonces presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie (de ERC), pudiese quemarla en plena calle en Barcelona como protesta contra una visita del monarca.

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Aunque desde septiembre pasado Presidencia no podía licitar con la firma, Iniciatives Events firmó en febrero pasado un contrato por 435.000 euros para organizar “todos los actos institucionales del 11 de septiembre”, la Diada nacional de Cataluña. También por esas fechas recibió otro encargo por 1,2 millones de euros para organizar todos los actos de Presidencia de la Generalitat durante los años 2023 y 2024. El 17 de febrero pasado, Aragonès volvió a otorgarle otros 117.600 euros para “la realización técnica de las comparecencias del presidente de la Generalitat”. Todas estas contrataciones están prohibidas explícitamente por el fallo del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, pero no es el único incumplimiento de la resolución: la empresa amiga se embolsa cientos de miles de euros de otros organismos.

Impermeable a la Justicia

Con la firma del contrato, la Presidencia de la Generalitat vuelve a ser impermeable a las resoluciones judiciales. Durante este año, ha cobrado por las realizaciones técnicas de diversos actos organizados por el departamento, aunque es una lluvia de pequeñas cantidades. Uno de los expedientes de importancia es el que otorgó el 11 de octubre de este año la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que depende de dicha consejería: 454.425 euros para la organización de eventos y, en concreto, para todos los actos relacionados con “el desarrollo de un ecosistema, innovación, cultura, ciencia y analítica de datos para el Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad”, conocido como el CiC4Cyber.

La duración es de dos años, pero puede ser prorrogado por otros dos, por lo que el monto total del mismo se eleva a más de 908.000 euros. La previsión es que organice 21 actos por cada periodo: cinco de entre 20.000 y 60.000 euros; 10 que costarán aproximadamente 5.000 euros cada uno, y cinco de 2.500 euros. Así consta en las bases del contrato. Los eventos son para “promover la cohesión del tejido empresarial de la industria de la ciberseguridad, difundir una cultura de la ciberseguridad para mejorar la solidez de los sistemas digitales de Cataluña e informar a la sociedad de los nuevos proyectos que la agencia impulsa”. También se trata de “dar visibilidad a las actividades y difundir los mensajes en relación con la ciberseguridad, así como la prestación de servicios de realización técnica, diseño creativo, creatividad, dirección, producción y desarrollo de los diferentes actos de la agencia, así como el suministro, instalación y funcionamiento de todo el equipo técnico necesario para el correcto desarrollo de los actos”.

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Otro de los contratos afectados lleva fecha de agosto de 2023 y fue otorgado para “el servicio de organización, montaje, desmontaje y apoyo para los actos, certámenes y actividades de promoción y protocolo institucional que organiza el Consell Català de l’Esport”. Este organismo, que también se encuentra investigado judicialmente por supuestamente desviar fondos del deporte para organizar actos políticos durante el procés con el objetivo de apoyar el referéndum ilegal, depende de Presidencia de la Generalitat.

3,2 millones solo de Presidencia

En el contrato, se especifican los equipos de sonido, de luz y audiovisuales que Iniciatives Events ha de prestar para esos encargos. El monto para 2023 se eleva a 263.780 euros, aunque establece que se puede prorrogar “desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024”, por lo que la empresa recibirá otros 263.780 euros y el coste total se situará en 537.560 euros. Directamente de Presidencia, pues Iniciatives Events se embolsó en este ejercicio más de 3,2 millones de euros y un puñado de pequeños expedientes por miles de euros.

Son solo algunos de los contratos concedidos por el Govern. El Departamento de Trabajo, que dirige el expresidente del Parlament Roger Torrent, le adjudicó la instalación del estand de la Generalitat en el Mobile World Congress de 2023 por 462.850 euros. La Agencia para la Competitividad de la Empresa Acció le acaba de adjudicar otro en noviembre por 407.770 euros para la instalación de otro estand de la Generalitat en el Integrated Systems Europe (ISE) 2024, un congreso que se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero de 2024 en las instalaciones de Fira de Barcelona, de L'Hospitalet de Llobregat.

La empresa también ha firmado con la compañía pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que depende de la Conselleria de Territorio: durante 2023, prorrogó el expediente que tenía con anterioridad y que finalizó en diciembre pasado. La extensión se hizo por un total de 278.133 euros, con el objetivo de prestar la realización técnica, el diseño creativo, la dirección y la producción de los actos durante este ejercicio. Una empresa filial de FGC, Vallter, que gestiona las pistas de esquí del mismo nombre, prorrogó también su contrato por 12.100 euros.

Pero el pasado 24 de octubre, FGC le concedió tres. El primero era por los mismos conceptos anteriores y un coste de 733.744 euros por dos años. Este es para la organización de todos los actos de la empresa durante 2024 y 2025. El segundo, por un monto de 23.232, es para organizar todos los activos de la también empresa pública Actius de Muntanya SAU, que gestiona las pistas de esquí públicas. Y el tercero, por 17.424 euros, es para organizar los actos de Vallter. Estos tres últimos contratos pueden tener una prórroga de dos años, conforme se especifica en sus cláusulas, por lo que el total que Iniciatives Events se embolsará de FGC con esta nueva adjudicación es de 1.548.800 euros.

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Circuits de Catalunya, la sociedad que gestiona el circuito de Montmeló, presidida también por Roger Torrent, no se queda atrás: el pasado 18 de mayo, firmaba un contrato con Iniciatives Events por 215.985 euros para montar un Village de Fórmula 1 en el Port Vell, en el muelle de la Barceloneta, donde durante nueve días (entre el 26 de mayo y el 3 de junio) se realizaron actividades ligadas a la F-1. Su principal atracción era una pista de 300 metros cuadrados con coches a pedales destinados a potenciar el automovilismo entre los niños. La instalación estuvo operativa solo un día, pues se necesitaron cinco días de montaje y tres de desmontaje.

Otro ente público, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), otorgó el pasado 31 de agosto un nuevo contrato a la firma en cuestión para “la organización de las actividades y acontecimientos de la UOC”. La encomienda, que asciende a 774.400 euros, es por un año, pero puede prorrogarse durante cuatro más. La universidad calcula el valor total en 4.104.320 euros, aunque si se mantiene el precio del primer año, el coste final ascenderá a 3.872.000 euros. A ello hay que sumar varias decenas de miles de euros por otros contratos menores de diferentes organismos.