Una verdad que ya no interesa a Sánchez: detrás de Tsunami estaban sus socios de ERC

El Gobierno de Pedro Sánchez aseguró el 15 de octubre de 2019, un día después de que Tsunami Democràtic bloqueara el aeropuerto de El Prat, que las Fuerzas de Seguridad acabarían identificando a los responsables de los disturbios. "Por supuesto que hay investigaciones, tenemos unos servicios de Inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás de Tsunami Democràtic", prometió Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Días después, tras los graves altercados en la plaza de Urquinaona que se saldaron con una veintena de policías nacionales heridos, el Ejecutivo insistió en que se detendría a los culpables.

Casi cuatro años después, la Guardia Civil ha conseguido identificar a los cabecillas de Tsunami, pero la respuesta ya no interesa tanto a Marlaska ni al resto del Gobierno. Las unidades de Policía Judicial e Información del Instituto Armado han reunido un aluvión de indicios que sitúa a la cúpula de ERC, principales socios del Ejecutivo de Sánchez, detrás de la plataforma que, además de los enfrentamientos con la Policía, provocó la cancelación de más de un centenar de vuelos y desencadenó la muerte de una persona por un infarto; saboteó la jornada de reflexión de las elecciones generales del 9-N; y cortó la AP-7 a la altura de la frontera con Francia, la mayor conexión de mercancías entre España y el resto de Europa, entre otras acciones.

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Representantes de otros partidos, como Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya, y Anna Gabriel, de la CUP, también participaron en los preparativos de Tsunami e hicieron llamamientos a sus seguidores para que se sumaran a las movilizaciones. El plan era convertir Tsunami en un instrumento de presión aparentemente apartidista que permitiera al independentismo seguir desgastando al Estado y forzar la ruptura con el resto de España por la vía de los hechos. Pero de las diligencias se desprende que ninguna entidad apostó tanto como ERC por esta estrategia de confrontación en las calles y ningún dirigente se implicó en la gestión de Tsunami como lo hizo Marta Rovira, la secretaria general de esta formación, fugada a Suiza desde 2018.

Según las diligencias, su papel consistió en engrasar las relaciones de ERC con el resto de marcas independentistas y en activar a los cuadros de su propio partido para asegurarse de que las protestas tenían un seguimiento masivo. Para evitar ser detectada, se comunicaba con otros responsables de Tsunami a través de aplicaciones de mensajería cifrada y ocultaba su identidad bajo el alias de 'Matagalls', el nombre de un pico del parque natural del Montseny, en la provincia de Barcelona. Sin embargo, en octubre de 2020, la Guardia Civil intervino en la operación Voloh contra el desvío de fondos públicos al procés decenas de teléfonos móviles y ordenadores portátiles que han permitido a los investigadores acceder a las comunicaciones secretas de la plataforma.

Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil sitúan por debajo de Rovira a otro dirigente de ERC, el exmiembro del grupo terrorista Terra Lliure y exconsejero de Gobernación Xavier Vendrell. En teoría, se retiró de la política hace una década para dedicarse al mundo de los negocios, pero tuvo una participación decisiva en el 1-O y siguió moviendo después los hilos del secesionismo. Vendrell utilizó el nombre en clave de 'Indigo' y se encargó de las cuestiones logísticas y operativas, como el diseño de las protestas, la colocación de escenarios y altavoces en mitad de la AP-7 y la activación de centenares de peones por toda la geografía catalana para que siempre hubiera gente en las manifestaciones.

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En los dispositivos electrónicos de Vendrell fueron localizados mensajes sobre Tsunami Democràtic que implican a otros dirigentes de ERC en los bloqueos y cortes de infraestructuras, desde Marc Sanglas, director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, a Isaac Peraire Soler, director de la Agencia de Residuos de Cataluña, pasando por la diputada de ERC en el Parlament Ana Balsera Marín. Con todo, los principales colaboradores de Vendrell fueron, a juzgar por las comunicaciones analizadas, la militante de ERC Marta Molina alias 'Mandela' y el escritor y empresario Josep Campmajó alias 'Canalla' o 'Ainvar'.

Este último apoyó a Vendrell en asuntos "materiales, intelectuales, operativos y logísticos". Se valió de su relación con dos mossos d'esquadra y un jefe de la policía local de Girona para recabar información sobre posibles vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil e intervino en la planificación de acciones.

Al mismo nivel que Campmajó se encontraba Molina, que fue nombrada máxima responsable de Movimientos Sociales de ERC el pasado septiembre. El análisis forense de sus dispositivos revela que era la administradora de la cuenta oficial de la plataforma en Telegram, que llegó a tener más de 400.000 seguidores. Sus teléfonos móviles y ordenadores también contenían tablas de Excel con los detalles de un supuesto plan de reparto de sobres y papeletas para la consulta ilegal de 2017. La mayoría de los implicados en esa operación logística pertenecen a ERC. Ninguno había sido identificado hasta ahora.

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El socio del Gobierno de Sánchez estuvo en todas partes. El sumario que instruye la Audiencia Nacional revela que Oriol Soler, un industrial vinculado a ERC, se encargó de la comunicación de Tsunami utilizando como tapadera el alias de 'Rigoberto'. Según las pesquisas, obedecía órdenes de otro alto cargo de ERC, Rubén Wagensberg, alias 'Konan', miembro de la mesa del Parlament. Era este último el que decidía el contenido de los mensajes y cuándo tenían que ser publicados en las redes sociales.

En enero de 2020, el mismo partido que tres meses antes había diseñado y promovido los disturbios de Tsunami convirtió a Sánchez en presidente del Gobierno al abstenerse en la sesión de investidura. Semanas después, el ya jefe del Ejecutivo reactivó la mesa de negociación bilateral con el Gobierno de la Generalitat que entonces integraban Junts per Catalunya y ERC.

Los altercados de Tsunami dejaron de ser una prioridad para Sánchez. En junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el indulto de los líderes del 1-O y, un año después, tras explotar el caso del espionaje con el programa informático Pegasus, el líder del PSOE cesó a la directora del CNI, Paz Esteban, como le exigió ERC, y retomó los contactos bilaterales con el Govern, ya con Pere Aragonès al frente. Los artífices del bloqueo de El Prat y el corte de la AP-7 arrancaron finalmente al PSOE la eliminación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación para tratar de acabar con la inhabilitación de Junqueras y otros altos cargos de ERC.

Opinión

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Probablemente, la paradoja no tenga precedentes en ninguna democracia moderna. Marlaska prometió en 2019 que se identificaría a los responsables de los ataques de Tsunami contra el Estado, pero resulta que esos culpables han resultado ser los mayores apoyos de su Gobierno y, también, los más beneficiados por sus decisiones. Los informes remitidos por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional no han provocado ninguna reacción en Moncloa ni en el Ministerio del Interior. Solo han encontrado silencio.