ERC prohíbe hablar de Tsunami en una comisión del Parlamento catalán

Después de años asegurando que en el Parlamento catalán se puede hablar de todo, resulta que no. La reivindicación del independentismo no era cierta. Esa realidad se hizo patente este viernes en la sesión de la Comisión Pegasus. El representante de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, preguntó a uno de los comparecientes que detallase su relación con la plataforma Tsunami Democrátic pero tanto el presidente del órgano, el republicano Josep Maria Jové, como el representante de ERC, Jordi Orobitg, intentaron evitar que se contestase a cualquier cuestión ligada a dicha entidad. Dijeron que no era un tema a tratar en esa comisión. Orobitg incluso acusó a Ciudadanos de amenazar al compareciente. Pero, precisamente, las actividades de Tsunami Democràtic provocaron una investigación judicial que provocó la intervención de los teléfonos de varios de los activistas que se presentan como víctimas de espionaje.

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El compareciente era Elíes Campo, una de las supuestas víctimas de espionaje pero, al mismo tiempo, firmante del informe del Catalangate, lo que, a priori, desautoriza la imparcialidad del mismo. Campo fue contratado por el laboratorio canadiense Citizen Lab para trabajar en el informe, que determinó que 65 activistas independentistas habían sido infectados por los programas espías Pegasus y Candiru. Luego el número se ha ido recortando, porque se demostró que varios de los casos eran falsos y, además, el laboratorio canadiense se negó a que técnicos independientes validasen sus resultados. En ocasiones, el espionaje no tenía nada que ver con España, como los de los teléfonos de Roger Torrent, Ernest Maragall o Anna Gabriel. En otras ocasiones, simplemente se equivocaron y otorgaron rango de espiado al fugado exconsejero de Salud, Toni Comín, cuando su teléfono estaba limpio.

Eso acrecienta las sospechas de que todo fue un gran montaje independentista para desgastar la imagen de España en el exterior. Pero a raíz de la denuncia del independentismo, se supo que el CNI estaba investigando a un total de 18 activistas, bajo supervisión judicial, que estaban creando las infraestructuras de la plataforma ilegal Tsunami Democràtic y que por eso sus teléfonos habían sido pinchados. De ahí la relación directa del Catalangate con Tsunami, que a ERC le puso este viernes los pelos de punta.

La alarma de ERC

El portavoz de Ciudadanos explicó en la comisión que, como oposición, consideraba que hay “una trama orquestada por partidos adversarios del nuestro, con unas visiones diferentes de la realidad de Cataluña y de España, una operación orquestada por partidos separatistas para degradar la imagen internacional de España y presentarla como un Estado antidemocrático”. Y soltó su gran pregunta a Elíes Campo: “Me gustaría que usted contestase cuál es su participación en la plataforma Tsunami Democràtic, cuáles son sus relaciones y qué justificaría una posible investigación sobre su persona en este caso, porque de lo contrario todo esto me parece poco consistente. Gracias”, dijo Nacho Martín Blanco a Elíes Campo.

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La primera andanada le llegó del presidente de la comisión, Josep Maria Jové, que también es otro de los supuestos espiados. “Señor Blanco, sabe perfectamente que ésta es una comisión que trata unos temas y si quieren trabajar en otros temas, propongan comisiones de investigación sobre esos temas, que sería más adecuado”. En ese momento, el representante del PSC, Òscar Aparicio, tomó la palabra: “El señor Martín Blanco ya es lo suficientemente mayor, entienda usted que cuando alguien comparece es normal que se le pregunte por todo. Cuando alguien comparece y hace unas afirmaciones, se ha de ver las implicaciones que tienen sus afirmaciones y cómo llega a ellas. Por tanto, se le ha de dejar margen. Si las quiere contestar el compareciente ya es una cuestión suya, pero nosotros no las hemos de limitar". En medio del rapapolvo, Jové reculó y admitió que, efectivamente, podían efectuar las preguntas que quisieran.

Pero el verdadero choque fue minutos más tarde, cuando tomó la palabra Jordi Orobitg, diputado de ERC, que realizó una enrevesada batería de recriminaciones al representante de Ciudadanos. “No creemos que sea muy lícito intimidar a los comparecientes o preguntarles cuestiones que incluso aunque tuviesen trascendencia o relevancia porque concurran circunstancias del hecho, no son en todo caso relevantes para el objeto y lo que buscan es atemorizar a las personas que comparecen y que están aquí por su conocimiento directo (…) Lo que me gustaría es que me dijese si alrededor del mundo se han encontrado una contestación política como la que se están encontrando en el Estado español o una hostilidad como la que se ha mostrado en esta misma comparecencia”.

La desconcertante petición sobre esa “hostilidad” es sólo comparable a la pregunta que le dirigió a Elíes Campo la representante de la CUP, Montserrat Vinyet, a continuación: “¿Usted considera que el movimiento independentista es capaz de orquestar una trama que abarque autoridades israelíes, o grupos… si conoce si es posible que tenga esta capacidad de gestión para orquestar todo esto?”.

Oscurantismo

En la comparecencia, Campo se negó en redondo a decir cuáles fueron las herramientas que se utilizaron para realizar las inspecciones en los teléfonos de independentistas y determinar que fueron espiados. Fuentes técnicas consultadas por El Confidencial afirman que en un estudio científico es obligatorio detallar las herramientas utilizadas para determinar si las conclusiones son fiables o no. De la misa opinión es el profesor José Javier Olivas, que este mes de marzo presentó en la sede del Parlamento Europeo su estudio El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe Catalangate de Citizen Lab.

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Olivas recuerda que la Agencia Europea para la Ciberseguridad (ENISA) insiste en que han de verificarse “el uso de procedimientos, técnicas y herramientas adecuados. Junto con los conocimientos especializados de los ingenieros forenses, cada tarea requiere seguir los procedimientos y aplicar las técnicas adecuadas con las herramientas adecuadas. Cada investigación forense debe ser rastreable y repetible por otros especialistas forenses con la misma conclusión final”. Y Citizen Lab se negó siempre a que se verificasen sus resultados, lo que hace sospechar de un fraude en el Catalangate.

Campo aseguró que, pese a ser víctima, esa circunstancia no influyó en la imparcialidad de su informe. “Lo único que documentamos desde Citizen Lab fue que hubo una crisis de democracia. No analizamos la situación legal o política del país. Certificamos lo que es una crisis democrática porque hubo un abuso de este software en la sociedad civil”. Descartó que hubiese habido falsos positivos, a pesar de que anteriores informes de Citizen Lab fueron luego desmentidos por inspecciones imparciales, como recoge Olivas en su informe: en la India, de 29 positivos relatados por la entidad canadiense, los expertos independientes certificaron sólo infecciones y, aún así, no se podía determinar si era por el virus Pegasus. Si el Catalangate tiene tantas lagunas como el caso indio no se sabrá nunca, porque Citizen Lab no permite que técnicos independientes intervengan en esta ocasión. Campo, en cambio, aseguró que “todos los dispositivos que hay en el Catalangate han sido verificados por el equipo, revisados, doble revisados y, por tanto, es altamente improbable que haya falsos positivos”.

Demasiadas lagunas

Campo también dijo una cosa crucial: en muchos de los SMS analizados se encontraron dominios de NSO, pero no se encontró rastro de los servicios de información españoles, lo cual deja en el aire la acusación de señalar al Estado como responsable. Aún así, la conclusión de Citizen Lab es que, por un lado, se encontró rastro de NSO y, por otro, el CNI compró el programa Pegasus. Por tanto, el CNI espió esos teléfonos. Una conclusión nada científica para un informe que pretende ser puramente técnico.

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Por otro lado, aunque en algún momento se presentó como ingeniero, Campo admitió que no tiene título alguno “pero muchas de las aplicaciones que ustedes usan han sido creadas por personas que no tienen título de ingeniero”. También se había hecho pasar por alto directivo de Telegram, cuestión que la multinacional desmintió contundentemente. Campo rehuyó explicitar si tenía cargo o no y simplemente dijo que había trabajado en esa compañía. “La mayoría de partidos de aquí os habéis puesto en contacto conmigo cuando trabajaba en Telegram y os ayudé a tramitar un canal”.

El activista tampoco contestó a la pregunta de cuántos teléfonos se habían examinado y por qué sólo se escogieron teléfonos de independentistas si no era una operación ligada al secesionismo. En definitiva, Elíes Campo, la pieza clave del Catalangate dejó más incógnitas que respuestas en su comparecencia parlamentaria de este viernes.