No solo Junts: los jueces también critican el decreto ómnibus por dar "control total" al Gobierno

Milagro después de Navidad. El decreto ley de medidas urgentes en materia de Justicia ha tenido la virtud de unir en la crítica a buena parte de la judicatura y al partido de Carles Puigdemont. Los jueces, normalmente considerados enemigos íntimos de la formación independentista, también recelan de su extenso articulado y desconfían de las atribuciones que se conceden en la norma al Ministerio de Justicia. Numerosas fuentes jurídicas consultadas avisan de que confiere al Gobierno "un control total" sobre los datos de todo aquello que suceda en los tribunales. El departamento que dirige ahora Félix Bolaños asume en exclusiva la gestión del acceso general de la ciudadanía a los procedimientos.

La mayor parte de las dudas de la magistratura se centran en el libro primero del decreto que ha quedado bautizado como ómnibus. La norma trata de diseñar un marco que favorezca la modernización de la Justicia y, para ello, aúna gran parte del esfuerzo en la "adecuación tecnológica de la Administración de Justicia" a través de la digitalización y con el objetivo de incrementar "la eficacia, la eficiencia y la efectividad". Ese camino implica para funcionar un manejo directo de la versión virtual de todos los procedimientos, el conocido como expediente judicial digital.

Se realizará, dice el texto pendiente de aprobación, a través de un Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, un portal que facilitará "el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles correspondientes a la Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, así como a las administraciones con competencias en materia de Justicia" y que será gestionado en exclusiva por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hasta el momento, la gestión era compartida. Comenzó asumiéndola el Consejo General del Poder Judicial para reposar después en el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia, un órgano cogobernado por Justicia, las comunidades autónomas, el CGPJ y la Fiscalía que continúa como garante técnico en el nuevo modelo.

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Además, el decreto obliga a la utilización de medios e instrumentos electrónicos y a que todos los sistemas de las diferentes administraciones autonómicas sean "interoperables" entre ellos y con otras instituciones como la Oficina de Atención a las Víctimas o el Instituto Nacional de Toxicología. También será el ministerio de Bolaños el que establezca un servicio para la gestión de las comunicaciones transfronterizas de cooperación jurídica internacional. Se crea, además, un registro electrónico común de escritos, que también gestionará el ministerio de Bolaños, en el que se incluirá cualquier denuncia, querella o demanda que se presente, además de un sistema de recopilación de información que afecta, por ejemplo, a acusados y testigos. Lo mismo sucede con los apoderamientos.

Videoconferencias e inteligencia artificial

Las críticas no se detienen ahí. Otro de los puntos más polémicos de la norma da preferencia a que los juicios, vistas, audiencias y comparecencias se realicen por vías telemáticas, normalmente a través de videoconferencia, salvo que el juez disponga lo contrario. Este punto ya levantó discrepancias en el pasado, cuando se impuso el modelo durante la fase intermedia de la pandemia. Muchos consideran que no permite una adecuada valoración de la prueba. El decreto también prevé "la aplicación de técnicas de inteligencia artificial" para el tratamiento automatizado de resoluciones judiciales.

Como última queja, los jueces y fiscales consultados critican la vía empleada para la aprobación de medidas de enorme relevancia para los operadores jurídicos. No ven que exista la extraordinaria urgencia que justifica la aprobación de decretos. Señalan también la posible injerencia de muchas de las previsiones del decreto en competencias autonómicas y la falta de dotación presupuestaria para muchas de las previsiones que incluye. El plazo de implementación es de cinco años.

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Junts comparte gran parte de estas críticas, aunque haya incidido en declaraciones públicas en el riesgo que aprecia para la aplicación efectiva de la ley de amnistía. El punto que preocupa en relación con este borrado de los delitos es el cambio introducido en el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se destacan los efectos suspensivos de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE, una vía que los tribunales tomarán cuando la norma entre en vigor.

La formación de Puigdemont amenaza con tumbar los tres reales decretos que el Congreso tiene que convalidar en el pleno de este miércoles. Del decreto sobre Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo depende el cuarto desembolso de los fondos europeos, por un importe de 10.000 millones de euros. Tampoco se da por seguro su apoyo al decreto anticrisis, con las medidas para seguir controlando la inflación, ni a un tercero sobre conciliación.