Ultimátum de Podemos al Gobierno: tumbará dos decretos si no topa precios de alimentos y retira "recortes"

Podemos redobla su órdago al Gobierno de coalición y exige cambios para no hacer descarrilar dos de los tres reales decretos leyes que el Congreso de los Diputados debe votar este miércoles. Sin los cinco votos de los morados y los siete de Junts per Catalunya, que este mismo lunes ha reforzado su rechazo ante las tres normas, el Ejecutivo se expone a que no le den los números, y, por tanto, al fracaso de iniciativas de calado cuando ni siquiera han pasado dos meses desde la investidura de Pedro Sánchez. El PP también ha confirmado que dará portazo a los tres reales decretos.

Y, mientras Sumar pide a Junts y Podemos "responsabilidad" y evitar la "politiquería", el partido morado obvia por completo a la coalición liderada por Yolanda Díaz. En una rueda de prensa desde su sede, Isa Serra, coportavoz estatal de Podemos, ha asegurado que quieren "votar a favor", pero ha insistido en que mantendrán su rechazo si una de las normas incluye "recortes". "Si aceptamos recortes ahora, vendrán más". "Hay días hasta el miércoles para que el PSOE incluya medidas fundamentales para la ciudadanía", apostilló. No han querido pronunciarse sobre la opción de tramitar ambos decretos como proyectos de ley, lo que permitiría plantear enmiendas para hacer cambios en las normas a futuro, para que siguieran en vigor tal y como están hoy hasta que esos cambios se materialicen. Junts rechaza hoy esta fórmula, muy habitual en la pasada legislatura, y que dejó la mayoría de cambios a los RDL en vía muerta.

Están a favor de la mayoría de las recetas que contienen los dos decretos, pero advierten de que no los avalarán sin tres modificaciones concretas. En concreto, el partido de Ione Belarra pide introducir nuevas medidas en el decreto del escudo social y eliminar los "recortes en la base de cotización" de la otra norma. Critican la reforma del subsidio por desempleo que se atribuye Díaz tras escenificar un nuevo pulso con la ya exministra Nadia Calviño, oficializados en el decreto ómnibus del 19 de diciembre. Los morados ningunean a Sumar hasta el extremo de evitar mencionarlos para aludir únicamente al PSOE. Tanto la parte socialista del Ejecutivo como el Ministerio de Trabajo han intentado combatir la idea de que este decreto contenga recorte alguno, y hasta la fecha los morados no habían aclarado el sentido de su voto.

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Durante la mañana, el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, intentó trasladar la presión sobre Junts y Podemos, aunque insistió en que su llamamiento iba dirigido al conjunto de fuerzas políticas. "No dejen a la ciudadanía sin protección social", reclamó. Destacó que los decretos "mejoran la vida de la gente", al prorrogar la prohibición de desahuciar a las familias más vulnerables o la rebaja del transporte público. "Hasta el miércoles vamos a seguir hablando con todo el mundo", prometió.

Los morados cuestionan que, cuando el derecho a cobrar la prestación se origine a partir de 2024, la cotización será del 120% de la base mínima para este año —no el 125%—, para ir progresivamente descendiendo hasta el 105% en 2027. En su comparecencia, Serra esquivó el aumento del importe del subsidio que recibirán determinados colectivos, del que presume Díaz, para centrarse en los "recortes en la base de cotización". Según los cálculos de los morados, una trabajadora de 52 años que haya cobrado el salario medio durante 22 años cotizados, verá reducida en 162 euros al mes —2.268 euros al año— su pensión de jubilación, con respecto a la que percibiría de mantenerse la cotización al 125%. "El PSOE lo puede llamar como lo quiera llamar; si retiran este recorte, votaremos a favor", incidió la portavoz morada.

"El decreto sobre el subsidio por despido [desempleo] es claramente un decreto de refuerzo y de avance social", aseveró Urtasun minutos antes, rechazando la "crítica" sobre la base de cotización. Según el portavoz de Sumar, la cotización del 125% era "un parche para compensar lo que era un salario mínimo extremadamente bajo", que ha crecido "un 50%" desde 2019, con el primer Gobierno de Sánchez en solitario. "Estamos en una situación distinta", defendió. Tras la aprobación de este decreto en Consejo de Ministros, UGT y CCOO también se mostraron en contra de la "paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año".

Por otro lado, en lo que toca a la prórroga del escudo social, con medidas para afrontar las consecuencias en los precios derivadas de la invasión rusa en Ucrania, exigen incluir un nuevo tope a la subida de todos los contratos de alquiler de vivienda al 2% —la ley de vivienda lo acota al 3%, pero solo para los contratos en vigor—. Además, insisten en intervenir el mercado para topar al 2% el margen comercial de los grandes supermercados minoristas, para acabar con las "subidas masivas" en los precios de la cesta de la compra.

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Este fue el último decreto aprobado por el Consejo de Ministros, el 27 de diciembre, e "incluye medidas muy positivas para el conjunto de la ciudadanía", según Serra. Presumió de que fue el anterior Gobierno, con Podemos como fuerza mayoritaria dentro de la cuota del socio más pequeño, quien logró su aprobación en su primera edición, en 2022: "Lo negociamos nosotros y lo aprobamos nosotros", reivindicó.

La fragilidad parlamentaria de la coalición de PSOE y Sumar se plasma en que pueden recabar un máximo de 179 apoyos frente a los 171 que suman PP, Vox, y UPN. Esto, en el mejor de los casos, contando con todos los respaldos posibles. Si las formaciones del lado derecho de la Cámara votan no a una norma, la abstención de Junts y de Podemos ya impediría tener más síes que noes (167). Si uno de los dos partidos de la mayoría vota en contra, en línea con el bloque de la oposición, las cuentas no le salen a un Ejecutivo ya bregado en las batallas parlamentarias y la negociación in extremis en la pasada legislatura, que hoy se enfrenta a unos equilibrios aún más difíciles.