El Gobierno da por hecho que convalidará su primer decreto ómnibus pese al rechazo de Junts

El Gobierno afronta sin ningún temor la primera gran votación del año —la convalidación del real decreto ómnibus sobre Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo—, a pesar de que Junts se ha mostrado inicialmente en contra porque uno de sus artículos "paralizaría" la amnistía. Sin su apoyo, el Ejecutivo de coalición no puede lograr su convalidación en el Congreso. Y se trata de una norma vital para poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, por un importe de 10.000 millones de euros, ya que incluye compromisos del Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea.

Se tiene que aprobar a lo largo de enero, probablemente en el segundo pleno extraordinario del mes, pero la primera reacción de Junts fue avanzar que no lo apoyarán. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, esgrime varias razones, pero destaca sobre todo que interfiere en la aplicación de la amnistía porque recoge la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales se dirigen al Tribunal de Justicia de la UE a través de una cuestión prejudicial.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicó públicamente que no se ha introducido ningún cambio porque ya es una práctica habitual. En definitiva, que no se incorpora nada que afecte a cómo los jueces ejecutarán la ley de amnistía que no estuviera antes vigente. "Lo que la Comisión solicita", señaló, es "que incorporemos al derecho español esa jurisprudencia".

Bolaños ya calificó de "malentendido" la postura de Junts y a esta circunstancia se aferra el Ejecutivo para dar por sentado que su primer decreto conseguirá ser ratificado. De hecho, ERC no ha realizado esta interpretación y su postura es que "ese redactado no cambia lo que ya sucedía".

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Pero fuentes oficiales de Junts insistían este miércoles, a preguntas de este diario, que, si una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal —el decreto ómnibus introduce un nuevo artículo con la cuestión prejudicial— "da a un juez la posibilidad de paralizar la amnistía, votaremos en contra". "Si lo retiran o se enmienda, entonces podemos votar a favor", destacaron. En el Gobierno reiteran que no se ha añadido ninguna novedad y que todo ha sido una confusión. Aunque, al tratarse de una norma tan amplia, se ha ofrecido la tramitación como proyecto de ley. Esta promesa se ha hecho explícitamente a Junts.

Al Ejecutivo le han llovido las críticas de sus propios socios parlamentarios por acometer una regulación legislativa tan diversa en una única norma. El responsable del área institucional del PNV, Koldo Mediavilla, lo advertía este martes en Onda Vasca. "Lo que sí vemos es que debería hacerse un ejercicio por parte del Gobierno español de no intentar llevar al Congreso medidas ómnibus con muchas decisiones en un solo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que salga adelante", afirmó. Nogueras también censuró que se trate de una ley "macedonia".

Enmiendas en el trámite parlamentario

Los dos son partidos de centro-derecha, disonantes con el resto de las formaciones de izquierda que componen el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Esto es algo distintivo respecto a la pasada legislatura. Aunque el PNV ya fue uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, sus posturas más conservadoras (sobre todo en lo económico, no en lo social) se ven reforzadas por la presencia de Junts en la ecuación. Por eso los nacionalistas ya avisaron durante las negociaciones para la investidura que era necesario menos leyes ideológicas.

Pese a que el Gobierno ve asegurado este primer decreto, Bolaños avanzó, un día después de aprobarse en el Consejo de Ministros, en su primera comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso, que, una vez convalidado, se tramitará como proyecto de ley para que sea posible la presentación de enmiendas. Justificó que afecte a materias tan dispares en que todos "son hitos que nuestro país se ha comprometido a cumplir con Bruselas" antes del 31 de diciembre. Su aprobación ya ha permitido a España la solicitud del desembolso de otros 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Fue en esa intervención cuando desveló que la tramitación parlamentaria es un compromiso adquirido con Junts. Aunque las reticencias expresadas por Míriam Nogueras se produjeron una semana después, la confianza del Gobierno se mantiene intacta. Incluso se ha pedido y se espera el apoyo del PP.