La ley de amnistía esconde una amenaza para Puigdemont si retira su apoyo al Gobierno

El redactado de la ley de amnistía tiene un trasfondo que no se aprecia en una primera lectura. El texto incluye referencias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a simple vista, avalaría la protección europea e internacional a Carles Puigdemont frente a arrestos una vez quede amnistiado. La resolución confirma la desactivación de las órdenes europeas de detención en casos de perdón. No obstante, esa misma resolución también avisa de que la detención se reactiva si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros y la revocación obtiene aval constitucional. El mensaje es el siguiente: cuidado porque si Junts deja caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez, un Gobierno del PP puede tratar de retomar la persecución penal del expresident fuera de España.

La ley que ahora se tramita en el Congreso repasa en su exposición de motivos la jurisprudencia europea sobre la amnistía. Menciona, entre otras resoluciones, la sentencia C-203/20 AB y otras en las que la sala resolvió, el 16 de diciembre de 2021, una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Comarcal de Bratislava III (Eslovaquia). La cita, en concreto, para indicar que en ella el tribunal "ha establecido la posibilidad de archivar diligencias penales y de poner fin a las penas, basándose en resoluciones judiciales dictadas al amparo de una amnistía resultante de un procedimiento de índole legislativa".

Sin embargo, el debate que aborda la resolución no solo va más allá, sino que incluso puede llegar a amenazar a Puigdemont: en esta sentencia del 16 de diciembre de 2021, la Justicia europea avala reclamar la entrega de un amnistiado si posteriormente la ley que lo perdonó se deroga. El caso que analizó el TJUE se centró en una orden europea de detención y entrega dictada contra una persona acusada del secuestro del hijo del presidente eslovaco. El afectado había sido amnistiado en 1998 y sus procedimientos penales quedaron archivados.

Años después, en abril de 2017, la amnistía se revocó y el tribunal encargado de investigar a esta persona preguntó si podía reactivar su persecución internacional o, por el contrario, debía entender que el archivo y la absolución que provocaron la amnistía equivalían a que el caso ya era cosa juzgada y, por lo tanto, volver a perseguirle implicaba romper el principio de non bis in idem, que impide que una persona sea sancionada dos veces por la comisión de los mismos hechos.

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El TJUE concluyó que en la situación no había non bis in idem porque el acusado nunca había llegado a ser juzgado, es decir, no llegó a examinarse su responsabilidad penal. Decía que la amnistía proporcionó el efecto "de una sentencia absolutoria" pero se había acordado "con carácter previo" y, con base en esa conclusión, ratificó que el tribunal eslovaco dictara una nueva OEDE (orden de detención europea).

El caso de Puigdemont

La comparación de este caso con el procés coincide con la situación de Carles Puigdemont, que se beneficiará de la amnistía cuando los procedimientos abiertos en su contra se encuentran en la fase anterior a la vista oral. De momento, el expresident catalán se encuentra procesado por un delito de malversación agravada y de desobediencia que le atribuye el juez del Supremo Pablo Llarena y acaba de quedar implicado en las diligencias sobre la plataforma Tsunami Democràtic, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aprecia indicios de delitos de terrorismo.

La aplicación de este supuesto, al menos sobre el papel, supondría así para él la reactivación de la persecución penal si la amnistía queda derogada dentro de unos años por la llegada al Gobierno de un partido que la rechace. Siempre que las nuevas reformas legales que la desactiven sean avaladas por el Tribunal Constitucional, Puigdemont quedaría de nuevo expuesto a detenciones y arrestos, incluso a nivel europeo e internacional. La clave está en el aval de TC a la revocación, equivalente a una sentencia de inconstitucionalidad. Una iniciativa parlamentaria aislada no tendría peso o efecto ninguno al considerarse que el efecto del borrado de los delitos da lugar a derechos adquiridos. Entran en juego otros factores en este caso hipotético, como la irretroactividad para el reo de las resoluciones desfavorables. Sea aplicable o no, ahí queda el mensaje.