La amnistía provoca una bronca española en la Eurocámara y Reynders reitera que vigilará la ley

Mucha tensión, dedos acusadores y malas caras. El debate que se ha celebrado en la Eurocámara para discutir sobre la situación del Estado de derecho en España se ha limitado prácticamente por completo a los eurodiputados españoles, que han trasladado sus cuitas en el debate nacional al hemiciclo del Parlamento Europeo sin conseguir llamar demasiado la atención de sus colegas de otros países. Se trataba de un debate sin efectos jurídicos, sin ninguna votación ni ninguna decisión que tomar. Una discusión política que, en todo caso, ha servido para que los populares pongan el foco sobre los socialistas españoles y también para aumentar la presión sobre el belga Didier Reynders, comisario de Justicia.

El hemiciclo ha sido el escenario este miércoles de los esfuerzos del Partido Popular por internacionalizar su oposición al acuerdo de Gobierno que ha permitido la investidura del socialista Pedro Sánchez con el apoyo, entre otros, de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana (ERC). Poco después de conocerse el pacto, que incluye entre otras cosas una ley de amnistía que permitirá al fugado expresident de la Generalitat Carles Puigdemont volver a España, los populares españoles comenzaron a mover ficha y el Partido Popular Europeo (PPE) decidió llevarlo a la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara para incluir un debate sobre la “amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España” en la agenda del pleno de esta semana.

Reynders se ha ajustado al guion previsto, volviendo a repasar las principales conclusiones del informe de Estado de derecho de 2022 y 2023, que incluyen, por ejemplo, la urgencia para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero retrasando todo lo que ha podido la mención a la ley de amnistía. El belga ha explicado que han recibido muchas quejas por parte de ciudadanos y de organizaciones, pero ha repetido el mantra que el Ejecutivo comunitario ha defendido desde 2017: “Este es un asunto interno de España que debe gestionarse en línea con su orden constitucional”. Sobre el texto jurídico, el comisario ha señalado que sus servicios jurídicos están estudiando el documento. “La Comisión analizará con mucho cuidado, de manera independiente y objetiva para determinar su cumplimiento con el derecho de la Unión”, ha concluido el belga.

En su mensaje de cierre del debate, Reynders ha recordado que “el debate y el análisis va a ocurrir principalmente en España dentro de los procedimientos constitucionales españoles”, aunque ha insistido en que la Comisión Europea tiene que comprobar la “compatibilidad” de la ley con el derecho de la Unión, pero dejando claro que el escenario central será en España. “Concluiremos el análisis cuando un texto final se haya adoptado por el Congreso de los Diputados”, ha señalado el belga, explicando que los servicios jurídicos también tendrán que estudiar las enmiendas y cambios que pueda sufrir la ley durante el proceso parlamentario.

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Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, ha intervenido por el Consejo, debido a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y ha empezado su intervención disculpándose por las limitaciones que presenta el hecho de estar hablando en nombre de la presidencia. Pero acto seguido, Moreno Bau ha sido muy dura contra un debate que, según ella, “no contribuye a mejorar la democracia europea, todo lo contrario, muestra tendencias preocupantes”.

Puigdemont, que no ha intervenido en el debate, sí que ha colgado un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado que el debate “es una seria erosión a la credibilidad de las instituciones europeas”. “En su deriva populista, [los populares europeos] están arrastrando a la Comisión y al propio Parlamento a una situación insólita, en la que un pacto de investidura firmado por dos partidos se convierte en un asunto europeo”, ha señalado el líder de Junts.

Cruce de acusaciones

El alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, ha comenzado su intervención leyendo el comunicado del CGPJ y también ha citado a Felipe González, un discurso muy político, en el que ha defendido que “tarde o temprano” Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno. El líder de los conservadores europeos ha asegurado que el acuerdo entre PSOE y Junts “está rompiendo el Estado de derecho”. “Comisario Reynders, los españoles esperan una Europa que proteja el Estado de derecho”, ha explicado Weber. En su mensaje en redes sociales, Puigdemont ha acusado a Weber de convertirse en un político más del PP español que no tiene problema en “compartir manifestaciones con fascistas y nazis”, una acusación grave teniendo en cuenta que se trata de un político destacado de los democristianos bávaros (CSU), que mantienen un cordón sanitario a la extrema derecha en Alemania.

Iratxe García, eurodiputada veterana y persona de confianza de Sánchez, presidenta de los socialdemócratas europeos y azote de Puigdemont desde 2017, ha tenido uno de los papeles más complicados. La española ha sido siempre muy dura contra Puigdemont, sus compañeros de partido lo saben, pero ahora tiene que defender el acuerdo. “Yo les voy a decir cuáles son las grandes amenazas a nuestra democracia. No asumir los resultados del 23-J y la mayoría absoluta que apoya al Gobierno es una grave amenaza a nuestra democracia”, ha señalado García, que ha acusado a los populares de “violar” la Constitución por no desbloquear la renovación del CGPJ.

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y uno de los más activos en esta cuestión dentro de la Eurocámara, ha hecho hincapié en el giro de timón que ha tenido que hacer la líder de los socialdemócratas europeos. “Hasta la diputada Iratxe García le llamaba prófugo hasta hace algunas semanas”, ha explicado Vázquez en referencia a Puigdemont. “Ahora me dirijo a vosotros, eurodiputados socialistas, compañeros con los que hemos defendido el Estado de derecho en Hungría y Polonia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Alcen la voz, no frivolicen con este tema porque ya sabemos cómo termina”, ha insistido el líder de Ciudadanos.

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Paulo Rangel, eurodiputado portugués del PPE, que estuvo en la protesta multitudinaria del domingo 12 de noviembre y que este miércoles ha hablado en Estrasburgo en español, ha cargado contra García y contra la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, recordando las palabras que la presidenta de los socialdemócratas europeos ha utilizado en otras ocasiones para justificar que se discuta sobre la situación del Estado de derecho en un país europeo. Después Rangel se ha enzarzado con otro eurodiputado portugués Pedro Marques, de los socialdemócratas europeos, a raíz de unas palabras de Weber sobre el Gobierno luso.

Por otro lado, Siegfried Mureșan, también del PPE, ha pedido a los españoles que sigan protestando. “Si estáis presentes y sois visibles, ganaréis. Sacad la bandera de España y la europea, no estáis solos, aquí estamos con vosotros”, ha señalado el eurodiputado rumano. “Europa escucha y ve a los millones de ciudadanos que defienden el estado de derecho en España porque es un valor europeo”, ha subrayado, recordando que en 2019 hubo un intento de amnistía por parte del Gobierno socialista rumano para sacar a su líder de prisión, donde cumplía condena por corrupción. “Fuimos a las calles y ganamos”, ha recordado Mureșan.

El debate bronco, con algunos momentos de tensión, ha sido una nueva muestra de que la tensión de la política nacional se está trasladando poco a poco a la Eurocámara, donde hasta hace pocos años los eurodiputados de partidos rivales mantenían una buena cooperación. Ya se esperaba que fuera a ser un debate muy pasional, hasta tal punto que Evelyn Regner, vicepresidenta del Parlamento Europeo, al inicio de la sesión, ha solicitado a los eurodiputados que respetaran el código de conducta de la cámara.