La justicia europea avala que la Comisión pueda cortar fondos a Hungría y Polonia

Los líderes de los Veintisiete acordaron, tras una difícil negociación, un mecanismo de Estado de derecho que permite a la Comisión Europea cortar la transferencia de fondos europeos a un país cuando este cometa violaciones contra el Estado de derecho que puedan poner en riesgo los intereses financieros de la Unión, como, por ejemplo, un ataque sobre la independencia judicial. Este miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado que este mecanismo está en línea con el derecho de la Unión. Una decisión que deja a Polonia y Hungría, los dos sospechosos habituales, cada vez con menos margen de maniobra político.

En su momento, Varsovia y Budapest tuvieron que ceder y aceptar la nueva herramienta, pero pidieron a cambio que Bruselas no diera el siguiente paso y cortara el grifo de los fondos hasta que el TJUE se hubiera pronunciado sobre su legalidad. Ahora, la alta corte de Luxemburgo ha “desestimado íntegramente” las quejas y el Ejecutivo comunitario podrá activar el mecanismo para forzar a estos Estados miembro a acatar el marco jurídico europeo.

Ambos países llevan años en una deriva autoritaria que les ha puesto bajo los focos de Bruselas y de muchos Estados miembros, y son, además, dos de los principales receptores de fondos europeos. En el caso húngaro, los fondos han sido fundamentales para la construcción de toda una red alrededor de Viktor Orbán, primer ministro del país. En 2020, un grupo de líderes europeos, pero sobre todo Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, comenzaron a exigir un mecanismo de condicionalidad para evitar que estos fondos siguieran llegando a capitales en las que se atacan los principios fundamentales de la Unión y se usa ese dinero para apuntalar todavía más a los aliados del Gobierno.

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Los jueces europeos, que han desestimado todos los recursos de Hungría y Polonia, también rechazan que este mecanismo ponga en riesgo su seguridad jurídica, como han argumentado ambos gobiernos, y recuerdan que el reglamento “exige, para la adopción de las medidas de protección que contempla, que se acredite un vínculo real entre una vulneración de un principio del Estado de derecho y una afectación o una amenaza de grave afectación de la buena gestión financiera de la Unión o de sus intereses financieros”. Es decir, los técnicos comunitarios no pueden decidir lanzarse a por el Gobierno húngaro, tienen que probar que hay un vínculo real entre la vulneración y la buena gestión financiera de los intereses de la Unión.

Un compromiso es para siempre

En su sentencia el tribunal recuerda que hay unos valores comunes que “definen la entidad misma de la Unión como ordenamiento jurídico común”, y que “el respeto de tales valores constituye un requisito para disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los tratados”, por lo que la Unión “debe estar en condiciones, dentro de los límites de sus atribuciones, de defender los valores indicados”. "El respeto de dichos valores no puede reducirse a una obligación a la que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de su adhesión", apunta el tribunal, en un ataque a uno de los pilares de Hungría y de Polonia, que es que la Unión no debe entrometerse en sus asuntos internos.

Señala, además, el TJUE que “el Reglamento tiene por objeto proteger el presupuesto de la Unión de quedar afectado, de un modo suficientemente directo, por la vulneración de los principios del Estado de derecho, y no sancionar, como tal, dicha vulneración”. Este punto es clave, porque lo que señala la alta corte es que esta nueva herramienta no se pisa con el artículo 7, una cláusula de los tratados destinada específicamente a lograr que se respeten los valores europeos.

Sin embargo, el artículo 7 ha demostrado ser un instrumento defectuoso, como admiten fuentes europeas y diplomáticas desde hace años. Se utilizó primero contra Polonia en 2017 por su reforma judicial, y después la Eurocámara solicitó su activación contra Hungría. Pero no se ha avanzado nada en el proceso. Por un lado, porque una buena parte de los Estados miembros prefieren evitar tener que juzgar a uno de sus pares, y, por otro lado, porque para llegar a las últimas consecuencias del artículo 7, que puede retirar el derecho a voto en el Consejo al Estado miembro que está atacando los valores europeos, se requiere unanimidad.

Con esta sentencia, la Comisión Europea ya no tiene ningún impedimento para activar el mecanismo contra estos Estados miembros. Bruselas se había comprometido a esperar a una decisión del TJUE, lo que le ganó durísimas críticas por parte del Parlamento Europeo, que incluso ha llevado al Ejecutivo comunitario a los tribunales por no aplicar un Reglamento que está en vigor desde hace un año.

Desde la Comisión, en los últimos días, se ha señalado que la acción contra Budapest y Varsovia ni será automática ni será rápida, y citan, por ejemplo, las elecciones húngaras de abril como un elemento delicado: activarlo ahora sería convertirse en el centro de la campaña electoral. Pero la paciencia está empezando a agotarse para algunos sectores de la capital comunitaria. “Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Eurocámara espera ahora que la Comisión aplique el mecanismo rápidamente. La condicionalidad de los fondos de la Unión vinculados al respeto del Estado de derecho no es negociable para nosotros”, ha explicado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

En un comunicado enviado tras conocerse la sentencia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha celebrado la sentencia y ha asegurado que su equipo “analizará ahora detenidamente el razonamiento de las sentencias y su posible impacto en los siguientes pasos”. “Cuando se cumplan las condiciones del Reglamento, actuaremos con determinación”, ha explicado la alemana, que ha asegurado que “en las próximas semanas” la Comisión adoptará “directrices que brinden mayor claridad sobre la aplicación del mecanismo en la práctica”.