Puigdemont queda en manos del Supremo y anticipa que habrá nuevo pulso en Europa

"Ven terroristas donde no los hay". La reacción de Carles Puigdemont tras conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de enviar al Supremo los indicios por delitos de terrorismo que ha acumulado en su contra ha sido cargar, de nuevo, contra los jueces, a los que acusa de manejar una "agenda" que es política y no judicial. "Llevamos seis años así, son muy previsibles. Ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay, ven terroristas donde no los hay", destacó. La exposición de motivos remitida por García-Castellón supone dos cosas que el expresident catalán sabe bien: vuelve a quedar en manos del alto tribunal y todo sumado —su antigua causa, el nuevo procedimiento ahora enviado y la amnistía que ya se tramita— afianza las razones para remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "No somos tontos", lo resume una fuente de su entorno consultada por El Confidencial.

La exposición de motivos condensa, a lo largo de más de 100 páginas, cuatro años de investigación. El juez de la Audiencia pide al Supremo que asuma la investigación dado que él no puede continuar ampliando prueba debido a que tanto Puigdemont como otro de los imputados de la decena total a los que vincula con la plataforma son aforados. A nivel indiciario, aprecia que el líder de Junts huido en Bruselas se encontraba en el "vértice más alto de la organización" de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresidente y cabeza principal del independentismo le confería "una posición de autoridad incuestionable".

Ahora, el Supremo dará traslado a la Fiscalía para que informe sobre cómo debe proceder. Tras recabar su criterio, tendrá que decidir si abre causa o si devuelve las actuaciones a la Audiencia Nacional para que esta continúe la instrucción. El procedimiento añade más leña a un fuego que ya arde con fuerza. Ni Puigdemont ni ERC han perdido ocasión de insistir en que la investigación encaja en sus permanentes denuncias sobre el lawfare.

Siguiendo con la línea de la conspiración de la judicatura en su contra, el afectado y sus más cercanos ven una estrategia en el movimiento de García-Castellón. Consideran que el envío al TS anticipa que se remitirán esas cuestiones prejudiciales al tribunal europeo por dudar del encaje de la amnistía a un investigado por estos delitos y en dos causas distintas con el derecho de la UE. Aseguran que se busca que cojan más vuelo y esquivar la paradoja de la falta de respaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no ve terrorismo, lo ha recurrido allí y defiende que el procedimiento lo debería llevar un juzgado de Cataluña y por desórdenes públicos agravados.

Puigdemont no olvida que los fiscales del Supremo defendieron, contra Oriol Junqueras y el resto de los que sí fueron condenados porque se quedaron en España, la rebelión. Tampoco la dureza que han ido mostrando los representantes del Ministerio Público en el procés en su contra. Por ejemplo, reclamaron sumar a la malversación agravada los desórdenes tras la desaparición de la sedición, gobierno mediante.

También calcula que la Fiscalía en el Supremo, con todos sus miembros de la máxima categoría, tendría más fuerza a la hora de contradecir órdenes de su superior si estas llegaran a producirse. De momento, 18 fiscales de la Sala de lo Penal dirigieron hace solo unas horas una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le critican por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del procés frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de lawfare.

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Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían reclamado antes de esto a García Ortiz que, "en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano", les concediera "amparo institucional" porque, "junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público".

Las balas para Europa

Mientras todo esto sucede, cada parte va reunieron balas para convencer en el futuro a la Justicia europea de sus argumentos. Puigdemont ha vuelto a decir públicamente que la Justicia en España "es una de las peores que hay en la Unión Europea", mientras avanza el calendario pactado con el Ejecutivo para la investidura. De hecho, el Congreso ha dado el primer paso para crear las comisiones de investigación destinadas a examinar la existencia del supuesto lawfare que exige Junts per Catalunya. PSOE y Sumar avalaron este martes en la Mesa de la Cámara Baja remitir la creación de ambas comisiones al pleno para debatir su constitución, en una fecha aún por determinar.

Por parte del juez, la exposición de motivos incide en la colisión con el derecho de la UE. Dice, respecto a los indicios de terrorismo, que la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que la gravedad de los hechos y su complejidad permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el derecho de la Unión Europea.