Puigdemont planteará un referéndum al Congreso antes de las elecciones catalanas

El calendario acordado entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez para desencallar la investidura fija la primera reunión de los equipos negociadores en noviembre. A falta de confirmarse una fecha, desde Junts señalan que el encuentro con la delegación socialista será "inminente". El lugar escogido es Ginebra y ya se ha contactado con diferentes asociaciones especializadas en la mediación para que ejerzan de "verificadoras". El marco internacional permite que asista el prófugo de la Justicia que, hasta que la ley de amnistía entre en vigor, sigue sin poder pisar suelo español. Por parte del PSOE, se espera que acuda el secretario de Organización, Santos Cerdán, que ha sido el interlocutor con los independentistas. Habrá también reuniones en Bruselas y está por cerrar el plan de trabajo.

En el lado socialista, la estrategia pasa por "dilatar" los compromisos que se reflejan en el documento firmado con Junts. En boca de un veterano diputado, se intentará hacer con Puigdemont lo que se hizo con Oriol Junqueras en 2020. Es decir, se le dará la amnistía, pero se dejarán morir exigencias como el referéndum que, insisten, "no cabe en la Constitución". El líder de ERC recibió el indulto, pero la mesa bilateral entre Gobierno y Generalitat no dio los frutos que esperaban los republicanos. Las citas tuvieron mucho de escenificación y poco de contenido. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se afanó en crear un marco de diálogo con sus viajes a Cataluña. Hubo tres encuentros y el compromiso de "avanzar en la desjudicialización del conflicto".

El entorno de Puigdemont advierte de que ellos no permitirán "engaños". El expresidente catalán tiene su propia hoja de ruta, que pasaría por poner sobre la mesa la celebración de un referéndum antes de las elecciones catalanas, previstas para 2025, pero que podrían adelantarse para el próximo año. Los últimos sondeos, incluido el CIS catalán, amenazan la actual mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña. El barómetro publicado la pasada semana dispara el PSC con entre 39-45 escaños, seguido de ERC con 29-34 y Junts con 19-24. Puigdemont necesita que la Cámara catalana apruebe proponer al Congreso de los Diputados la celebración de un referéndum.

Hace nueve años ya hubo un intento de llevar a cabo una consulta pactada en Cataluña. El 8 de abril de 2014, se debatió en el Congreso la propuesta que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy transferir a la Generalitat la competencia para convocar una consulta de autodeterminación mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que regula la delegación de competencias a las comunidades. Los encargados de defender la propuesta fueron el entonces líder de CiU, Jordi Turull —que hoy es el emisario de Puigdemont para las conversaciones con el PSOE—; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el representante de ICV-EUiA, Joan Herrera.

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Fue Rajoy quien replicó que celebrar un referéndum es una "competencia exclusiva del Estado". El Congreso, en el que aún no estaban representados ni Podemos ni Ciudadanos, tumbó la iniciativa por una aplastante mayoría: 299 votos en contra de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN. A favor hubo 47 de CiU, Izquierda Plural, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai. Coalición Canaria se abstuvo.

Puigdemont pretende que la actual mayoría que ha hecho presidente a Sánchez con 179 votos dé luz verde a la consulta. Apelará al artículo 92, que regula los referéndums consultivos. "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", reza el citado punto de la Carta Magna, que establece que esas consultas las convoca el Rey a petición del presidente del Gobierno y tras aprobarse en el Congreso. Aquí es donde vuelve a entrar en juego el 150.2, porque los independentistas volverían a ir a la Cámara Baja a pedir que se les transfiera la competencia para hacer la consulta, como ya hicieron en 2014.

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"En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución". La intención ya se avanza en el documento del pacto rubricado con el PSOE, que a su vez deja claro que "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".

El Gobierno mantiene que la línea roja es el referéndum. "Los catalanes no van a votar nada", insisten fuentes socialistas, mientras desde Junts recuerdan que también lo eran los indultos y la amnistía. La presidenta de Junts, Laura Borràs, declaró que llevarán la propuesta de referéndum a la primera reunión tras la investidura.

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