Menos reformas y más ejecución: los retos económicos del nuevo Gobierno de Sánchez

La segunda fase de la coalición entre el PSOE y el espacio político a su izquierda ha comenzado. La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha dado inicio a una legislatura que se prevé más tranquila dentro del propio Ejecutivo, tras la sustitución de Unidas Podemos por Sumar como muleta de los socialistas, pero que augura grandes dificultades parlamentarias para la mayoría. Se acabó la geometría variable que permitió sacar adelante, aunque fuera in extremis, algunos de los grandes hitos de los últimos cuatro años, como la reforma laboral. Esta vez, "hacen falta todos los votos todo el tiempo", como recordó Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del Grupo Vasco, desde la tribuna del Congreso. Incluidos los del propio PNV y los de Junts, los partidos nacionalistas de centroderecha.

El riesgo de que la agenda social —y, por tanto, la económica, que hasta ahora han ido de la mano— quede relegada por la territorial es una de las amenazas que se ciernen sobre la legislatura, y preocupa a los sindicatos y algunos sectores afines a la coalición. El impulso reformista que acompañó al autodenominado "Gobierno progresista" perderá peso. Una vez desmontadas las "partes más lesivas" —como diría la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— de las políticas del Partido Popular durante los ajustes de la década pasada, y aprobados los cambios más sustanciales que demandaba Bruselas para acceder a los fondos de recuperación —la reforma de las pensiones, por ejemplo—, el Ejecutivo afronta su segundo mandato con una ambición legislativa mucho más modesta. Se vio en el debate de esta semana en la Cámara baja, donde la mayoría de los anuncios se limitaron a la extensión de algunas medidas diseñadas en el marco de la lucha contra la pandemia o la crisis inflacionista, además de otras ya citadas en el acuerdo entre PSOE y Sumar.

No habrá grandes reformas, salvo la fiscal, que sigue pendiente y es condición sine qua non para el acceso al maná europeo. El gran reto, ahora, consiste en desplegar los miles de millones de euros que caerán de Bruselas y completar, en la medida en que le dejen sus socios, las transformaciones que quedaron incompletas en la pasada legislatura, como un nuevo Estatuto de los Trabajadores que ponga la guinda a la reforma laboral. Se antoja difícil: no solo por las cabriolas parlamentarias, sino por un contexto que nada tendrá que ver con el del ciclo fiscal expansivo 2020-2023. Si el primer gobierno de coalición en España desde la Segunda República coincidió con cuatro años de barra libre de gasto, el segundo tendrá que hacer frente al retorno de las reglas comunitarias.

Bruselas vigila, y la consolidación de las cuentas públicas será el elefante en la habitación que obligará a tomar decisiones difíciles —empezando por la retirada de gran parte del escudo anticrisis— y dificultará esos acuerdos totales que necesita el Ejecutivo para sacar adelante su agenda. En el centro de todas las derivadas, un Ministerio de Hacienda que deberá impulsar el camino para el ajuste fiscal, diseñar los Presupuestos que aseguren la viabilidad de la legislatura y resolver, por fin, el jeroglífico de la financiación autonómica, mientras cierra el melón de las quitas de deuda pactadas con los independentistas. Estos son los retos que tiene el equipo económico del Gobierno, desde la transición energética hasta las políticas de vivienda, en este segundo envite que acaba de comenzar y nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a durar.

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Hacienda

El Ministerio de Hacienda siempre es clave, pero lo será especialmente en la legislatura que comienza. Confluyen tres reformas fundamentales: la reimplantación de las reglas fiscales, la reforma tributaria y la financiación autonómica. Será, por tanto, una de las carteras más complicadas ya desde el primer momento. El primer reto es la aprobación de los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, lo que implica acordar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos el reparto del déficit. La mayor parte del poder territorial lo concentra el Partido Popular, por lo que se prevé que vuelva la tensión al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con los objetivos de déficit acordados, Hacienda tendrá que fijar el techo de gasto y presentar el proyecto de los presupuestos generales del Estado (PGE). La aprobación de los PGE se plantea como la llave para una legislatura larga, y todo apunta a que Sánchez tiene ya los acuerdos atados en los pactos firmados con los partidos que sostuvieron su investidura. En cualquier caso, Hacienda tendrá que hacer encaje de bolillos. Tiene que dar margen de déficit a las comunidades autónomas para contentar a los partidos nacionalistas e independentistas, aumentar el gasto social por exigencia de Sumar, subir las pensiones para cumplir con los jubilados —y con la ley— y reducir el déficit para cumplir con la Comisión Europea.

Uno de los grandes retos de Hacienda es la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda de las regiones

A medio plazo, el gran reto del ministerio es la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda de las regiones. El encaje de esta reforma también es difícil: las mejor financiadas no quieren perder recursos, por lo que la solución probablemente pase por dar más presupuesto a las que están en peor posición. Pero esta vía tiene un gran problema, Cataluña, porque no está entre las comunidades infrafinanciadas. En resumen, la solución para Cataluña no sirve para Valencia y viceversa. Hacienda tendrá que buscar un argumento diferente para conseguir la cuadratura del círculo.

Por último, el Gobierno todavía tiene pendiente la reforma fiscal prometida a Bruselas. Se trata de una nueva subida de impuestos con el foco puesto en la fiscalidad medioambiental y en el patrimonio. La reforma fiscal afectará también a las clases medias y bajas, por lo que será delicada políticamente.

Durante la legislatura pasada, el Ejecutivo aparcó los cambios de calado con el pretexto del covid y la crisis inflacionista, y en lugar de seguir las recomendaciones de sus propios expertos, prefirió centrarse en gravar a las empresas y las clases altas, con impuestos extraordinarios a la banca, la energía y los ricos.

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El Tribunal Constitucional ha avalado el Impuesto temporal para las Grandes Fortunas (IGF), que se diseñó con la idea de que estuviera en vigor durante dos años, periodo tras el que debería revisarse. A lo largo de los próximos meses, el Ejecutivo debe decidir si mantiene esta figura, que no salía mencionada en el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Madrid y otros gobiernos autonómicos del PP han asumido que es constitucional y ya avanzan que eliminarán la bonificación en el Impuesto al Patrimonio para que la recaudación se quede en las arcas regionales. En cualquier caso, se esperan litigios de contribuyentes por posible vulneración de la confianza legítima y la seguridad jurídica. La idea de muchos abogados es acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por otro lado, un error de diseño en el impuesto ha permitido a grandes fortunas de comunidades donde está bonificado Patrimonio, como Madrid, pagar hasta un 80% menos de lo que correspondería. Este motivo explica, principalmente, por qué Hacienda ha recaudado con el nuevo impuesto un 58% menos de lo previsto. Si quiere impedir que vuelva a pasar por segundo año consecutivo, el Gobierno debe aprobar una modificación del texto en el Congreso antes del 31 de diciembre. También está pendiente que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento y el nuevo modelo 149, del régimen fiscal para impatriados, conocido como Ley Beckham.

Los esfuerzos de Economía se centrarán en el despliegue de los fondos europeos

El acuerdo entre PSOE y Sumar sí avanzaba que se volverá a implantar el impuesto a la banca una vez venza a final de este año. El actual está recurrido ante los tribunales. Los bancos se han quejado frontalmente de que se vuelva a fijar, y más cuando las condiciones extraordinarias para implantarlo (subida del euríbor) se van normalizando. Lo mismo ocurre con el impuesto a las energéticas, lo que obligará a Hacienda a ser muy cuidadoso con el nuevo diseño de ambos tributos.

​Economía

Los roces entre el Ejecutivo y las entidades bancarias también se esperan en el ámbito hipotecario, ya que el propio Sánchez y el Ministerio de Economía han avanzado que van a endurecer el código de buenas prácticas, para que sea accesible a una mayor parte de la sociedad. Desde las entidades y el propio Banco de España avisan de que mover demasiado los baremos de entrada podría provocar provisiones de miles de millones al sector, en un momento en el que todavía no hay una demanda insatisfecha por estas medidas gracias al empleo.

También centrará la atención uno de los puntos del acuerdo con Junts, que contempla poner las bases para que las empresas vuelvan a Cataluña, con especial foco en gigantes como la Fundación la Caixa, CaixaBank, Naturgy y Sabadell. Ninguna compañía tiene de momento planes para regresar, y menos mientras reciban presiones o perciban inseguridad jurídica.

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Más allá de estos frentes empresariales, y a la espera de cerrar por fin un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales durante la presidencia española del Consejo Europeo, que acaba el 31 de diciembre, el gran reto de medio plazo que centrará los esfuerzos de Economía en la legislatura que empieza será el despliegue de los fondos comunitarios.

La economía española por fin ha recuperado los niveles previos a la pandemia, que fue, junto a la crisis inflacionista, el cisne negro que condicionó la pasada legislatura. El Gobierno tuvo que hacer frente a una situación sobrevenida tras otra. Lo consiguió con un despliegue del Estado como no se veía desde hace décadas, y que durante los últimos meses le ha permitido sacar pecho de ser el país europeo que más crece y uno de los que sufren una menor subida de precios. Pero, en un contexto internacional que continúa siendo muy difícil, los últimos datos y previsiones —esta misma semana se conocieron las de la Comisión Europea— ponen en cuestión el discurso triunfalista del Ejecutivo, y auguran una menor vitalidad durante los próximos años.

Los ajustes fiscales no permitirán grandes alegrías de gasto, y la retirada o focalización de las medidas de los paquetes anticrisis —una de las patatas calientes que afecta a varios ministerios— ralentizarán la economía y acelerarán la inflación. En ese contexto, la consolidación de la actual senda de crecimiento solo será posible si los más de 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos se canalizan adecuadamente hacia la economía real. El Gobierno ha ido retrasando progresivamente las estimaciones del impacto de los fondos europeos, que finalmente se concentrará en los años que abarca la presente legislatura.

El gran desafío de Transición Ecológica es adaptar la regulación para favorecer un despliegue masivo de las renovables

Industria y turismo

Además de apoyar el crecimiento, otro de los objetivos de los conocidos como Next Generation EU es transformar el modelo productivo. Se trata de una asignatura pendiente desde hace años, pero que ahora tiene un carácter geopolítico, bajo el paraguas de la autonomía estratégica abierta propugnada por Bruselas. El éxito o fracaso de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) constituye la medida de hasta qué punto el plan de recuperación servirá para que la industria española se sitúe a la altura de los países más desarrollados del mundo en los ámbitos clave de cara a las próximas décadas: chips, coches eléctricos, inteligencia artificial, componentes para instalaciones renovables etc.

Hasta ahora, los Perte han avanzado muy poco, entre otras causas, por la difícil coordinación entre los diferentes ministerios. El gran reto de Industria durante este legislatura será liderar este cambio, en colaboración con el sector privado, para atraer inversiones de grandes multinacionales y transformar sectores importantísimos para la economía española, como el automóvil o el naval. Retomar la ley de industria, que quedó paralizada con la convocatoria electoral, y consolidar un modelo turístico más enfocado en la calidad que en la cantidad serán otros de los desafíos.

Energía

Para conseguir la reindustrialización que pregonan Madrid y Bruselas es necesaria una energía más barata. Tras la crisis de los últimos dos años, que España sorteó con importantes ayudas y una intervención pública sin precedentes desde la liberalización de los noventa, el Ministerio de Transición Ecológica se enfrenta, por fin, a un escenario de relativa normalidad para abordar los problemas estructurales de nuestro país. El nuevo diseño del mercado eléctrico europeo y de la tarifa regulada favorecerán la estabilidad de los precios de la luz, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la pasada legislatura. Sin embargo, el fin de las medidas temporales, como la excepción ibérica o las rebajas impositivas, puede volver a poner al descubierto algunas de las carencias del sector energético español y levantar ampollas en la ciudadanía.

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El gran desafío de la próxima legislatura es adaptar la regulación para favorecer el despliegue masivo de las renovables en el menor tiempo posible, en línea con las demandas de Bruselas y con los objetivos, cada vez más ambiciosos, que se contemplan en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para ello, será imprescindible hacer cambios en diferentes ámbitos: desde una mayor agilización de los trámites para las nuevas instalaciones hasta un marco legal para el almacenamiento, que evite el despilfarro de energía y las oscilaciones horarias, dos grandes problemas derivados de la creciente dependencia de las renovables.

Todo esto será mucho más díficil sin una reconciliación con las empresas —esencial, por ejemplo, para llevar a buen puerto el apagón nuclear, cuyo inicio está previsto en 2027— y, sobre todo, sin el apoyo social. Conjurar la oposición de ciudadana a los grandes proyectos o la fiscalidad verde será otra de las prioridades del ministerio, que solo se podrá llevar a buen puerto con crecientes compensaciones para los perdedores de la transición.

La gran incógnita es si finalmente se retomarán algunas de las iniciativas más polémicas de la pasada legislatura, que se guardaron en el cajón ante las circunstancias adversas, como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina. También habrá que continuar algunas batallas en Europa para reducir el aislamiento de la península, como la del hidroducto H2Med, con Francia como el hueso más duro de roer.

Trabajo

Díaz y Sánchez se han marcado dos grandes metas en materia laboral. La primera, plasmada en el acuerdo de investidura, rebajar la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales. Aunque esta medida generará un importante choque con la patronal CEOE, su aprobación no debería generar muchos problemas.

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La segunda es la reforma del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI. Este sí que es un proyecto ambicioso por la magnitud del reto. Sánchez ya intentó abordar esta reforma en su primera legislatura, la del gobierno en solitario, pero no consiguió apenas avances en su negociación con los agentes sociales.

La polarización política y los duros comunicados publicados por la CEOE en los últimos días también anticipan una fragmentación en el diálogo social. La capacidad de Díaz para generar consensos se pondrá a prueba en la próxima legislatura.

Seguridad Social

Aunque las dos reformas de pensiones se aprobaron en la legislatura anterior, los flecos más difíciles se prorrogaron hasta 2025. En ese año se tendrá que dar luz verde al siguiente tramo de la subida de cotizaciones sociales a los autónomos, lo que contará con la oposición frontal de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en la CEOE

Además, también tendrán que diseñarse nuevas medidas correctoras al déficit de la Seguridad Social si la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detecta que existe una desviación en el gasto. Así lo dejó incorporado a la ley el ministro del ramo, José Luis Escrivá. La AIReF ya ha adelantado que el déficit no cuadra y que es muy probable que sea necesario este ajuste. Será el futuro ministro quien decida si la corrección se realiza con subidas de cotizaciones, con recortes del gasto o con ambas.

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Vivienda y transporte

El nuevo Gobierno ya cuenta con una ley de vivienda aprobada, pero con muchas incógnitas en el aire y una férrea oposición en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, algunas de las cuales han llevado la normativa ante el Tribunal Constitucional, al entender que se invaden sus competencias.

El Ejecutivo se encuentra ante un mercado de la vivienda con los precios de compra y de alquiler disparados, con máximos en buena parte de España y con serios problemas de acceso por parte de los jóvenes y hogares vulnerables, mientras la ley queda en papel mojado ante el frente regional auspiciado por los barones conservadores.

Por otro lado, el nuevo Gobierno tendrá por delante cuatro años para hacer realidad las 100.000 viviendas públicas anunciadas la pasada legislatura. Por lo pronto, ninguna de ellas ha sido aún construida, por lo que la medida no se ha traducido en más oferta y, por tanto, no ha conseguido abaratar ni el precio de la compra ni de los alquileres.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se enfrentará al delicado traspaso de Cercanías a la Generalitat de Cataluña y a las crecientes presiones de los empresarios y los gobiernos autonómicos para agilizar los corredores atlántico y mediterráneo. En el pacto entre PSOE y Sumar, ambos partidos se comprometían a derogar la España radial y sustituirla por una red mallada a través de una nueva ley de infraestructuras.