Las cesiones a Junts y PNV ponen en guardia a los sindicatos y otros sectores progresistas

A mediados de septiembre, con el comienzo del curso político, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, convocó una rueda de prensa para presentar las prioridades del sindicato ante lo que, ya en ese momento, se preveía otra legislatura dominada por una coalición progresista en el Palacio de la Moncloa. Entonces, como ahora, se discutía sobre el perdón a los implicados en el procés —aunque sin nombrar la palabra maldita—, y Unai Sordo lanzó un mensaje muy nítido al PSOE y Sumar: "Este país debe hablar de más cosas que la amnistía". Una parte muy sustancial de las reivindicaciones del sindicato (subida del salario mínimo, reforma del despido, reducción de la jornada laboral...) quedó recogida en el acuerdo que los líderes de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presentaron hace solo dos semanas en el Museo Reina Sofía. Muy pocos se acuerdan.

Los temores de CCOO no solo se han materializado, sino que, a la vista de lo acontecido en las últimas 48 horas, parecen haberse quedado cortos. La amnistía domina el debate público y ha eclipsado la agenda social del próximo Ejecutivo, como inquietaba a los sindicatos. Por si fuera poco, ha quedado supeditada al cumplimiento de unos pactos económicos con los nacionalistas de derechas (Junts y PNV) que, a diferencia de la medida de gracia, no son del agrado de las centrales. Otros sectores progresistas, en el ámbito de la Administración o la Justicia, también han mostrado sus reservas sobre el perdón al procés, la negociación de la transferencia del 100% de los impuestos a la Generalitat o la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi.

Las componendas con las minorías vasca y catalana a cambio de la investidura de Sánchez han puesto en guardia a algunos de los apoyos más sólidos del Ejecutivo, además de soliviantar a los que ya no lo eran, como los empresarios o el Consejo General del Poder Judicial. No es solo "la derecha mediática, política y económica" que caricaturizaba este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras negaba que se vayan a conceder esas reivindicaciones a Junts y PNV, respectivamente. También algunos actores de la izquierda muestran sus dudas, por diferentes motivos, como el cumplimiento de la Constitución, la preservación de las condiciones laborales o el respeto al diálogo social.

Si el jueves había sido el día de las asociaciones de jueces y fiscales progresistas, que levantaron la voz contra la amnistía, este viernes el acuerdo con los nacionalistas vascos fue el detonante de un nuevo desmarque en algunos ámbitos que, sobre el papel, resultan más afines al Gobierno. En solo 24 horas, los sindicatos pasaron de celebrar el acuerdo con Junts, que por fin garantizaba un nuevo mandato de las izquierdas y permitía cerrar el capítulo de la amnistía para ponerse a trabajar en la agenda social, a censurar el pacto con el PNV.

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En un comunicado conjunto inusualmente crítico con el Ejecutivo, Comisiones y UGT denunciaban que la cesión de la gestión del régimen económico al País Vasco y otras medidas relacionadas con la Seguridad Social contempladas en el acuerdo con los jetzales deben ser discutidas en el seno del Pacto del Toledo, una comisión parlamentaria con representación de todas las fuerzas políticas que se instituyó en 1995 para alejar la discusión de las pensiones de la lucha partidista. Son, dicen, cuestiones de "singular importancia" que no pueden abordarse de manera bilateral entre el Gobierno y una comunidad autónoma.

También criticaban el punto referido a la preeminencia de los convenios autonómicos respecto a los convenios sectoriales de ámbito estatal, que el Ejecutivo se había negado a incluir en la reforma laboral de la pasada legislatura —lo que le granjeó el voto en contra de los nacionalistas vascos—, pero ahora se compromete a consagrar antes de seis meses a través de una reforma del Estatuto de los Trabajadores. UGT y CCOO piden que las modificaciones de la norma que rige las relaciones laborales en nuestro país se lleve a cabo dentro del diálogo social, en el que están presentes los sindicatos y los empresarios. "Son temas sensibles, que afectan a la autonomía de las partes negociadoras", dijo Sordo este viernes. Las centrales consideran que los convenios colectivos en diferentes niveles territoriales pueden coexistir, y que se trata de adaptarlos de manera adecuada a cada sector.

El rechazo de los sindicatos al pacto con el PNV no es tanto por el fondo como por la forma

El rechazo no es tanto por el fondo como por la forma. Recuerda, en los argumentos, al que esgrimieron las comunidades autónomas del Partido Popular tras el acuerdo entre el PSOE y ERC para el perdón del 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aunque el Ejecutivo aclaró después que se trataba de una medida extensible al resto de los territorios, el hecho de que una decisión que afecta a todo el país se hubiese pactado bilateralmente entre dos partidos en lugar de en los foros multilaterales —en este caso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera— causó una sensación de agravio.

El Gobierno ha ninguneado a los sindicatos al incorporar a su hoja de ruta las reivindicaciones del PNV, pero también las del independentismo catalán. De hecho, la primera advertencia de las centrales llegó tras el acuerdo con la propia ERC, que contemplaba la cesión del servicio de Cercanías de Cataluña (Rodalies) a la Generalitat. De forma unánime, los comités de empresa de Renfe y Adif han pactado una huelga nacional en el sistema ferroviario para los días 24 y 30 de noviembre, y 1, 4 y 5 de diciembre. Una vez más, el argumento no es político (la oposición al traspaso), sino procedimental (el hecho de no haber consultado a los trabajadores, que piden garantías para sus condiciones laborales bajo la nueva empresa pública autonómica que gestionará el servicio).

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El PSOE no ha cuidado a algunos de sus apoyos más firmes durante la pasada legislatura, cuando la complicidad con los sindicatos de clase fue total, y ahora crece la desconfianza ante las componendas con partidos burgueses que siempre han priorizado la cuestión territorial a la social. En algunos casos, incluso se han opuesto frontalmente a la agenda progresista del Ejecutivo, como ocurrió la pasada legislatura con la reforma laboral: Junts y PNV votaron en contra junto al PP.

La paradoja de Foment

La patronal más combativa contra aquella medida, la catalana Foment del Treball, es la única que ahora ha apoyado explícitamente el pacto de Sánchez con el expresident fugado Carles Puigdemont, con el pretexto de que contempla el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que huyeron durante el procés (ninguna de ellas ha confirmado que vaya a ser así). La paradoja indica hasta qué punto los pactos para lograr la investidura han alterado las alianzas naturales del Ejecutivo, y el eje territorial puede llegar a relegar su agenda social, cuando no degradar la interlocución con algunos de sus apoyos más sólidos hasta ahora.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sí respaldó la reforma laboral y mantuvo durante la mayor parte de la pasada legislatura un diálogo muy fluido con el Gobierno —al menos hasta que Alberto Núñez Feijóo sustituyó a Pablo Casado al frente del PP y los conservadores empezaron a liderar las encuestas—, ha convocado para este lunes un Comité Ejecutivo "extraordinario y de urgencia" para "abordar la situación de España" ante la "grave preocupación" que, dicen, existe en el mundo empresarial. Desde la patronal explican que será una reunión a puerta cerrada, pero no aclaran si se producirá algún tipo de votación o habrá algún comunicado oficial.

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De momento, algunas de las organizaciones que forman parte de la CEOE ya han mostrado su oposición frontal a la medida. Este mismo viernes lo hicieron ATA, que representa a los autónomos, y Cepyme, que da voz a la pequeña y mediana empresa, a través de sus presidentes. "La CEOE está con el Estado de Derecho, con la Constitución, con la separación de poderes, con la monarquía parlamentaria y con la igualdad entre todos los españoles. Y el acuerdo es contrario a todo eso. Es una claudicación del Estado de Derecho, se borran delitos, se rompe la igualdad entre los españoles y se acomete un duro castigo a la separación de poderes", resumió Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, abundó: "La amnistía no obedece a intereses generales, quiebra la seguridad jurídica y viene a romper el marco constitucional".

No son dos voces cualquiera, sino dos de los vicepresidentes de la CEOE. Pero no hay que olvidar que Josep Sánchez Llibre, de Foment, también ostenta ese cargo. Mientras Garamendi guarda silencio, otro de sus números dos, Miguel Garrido, marca el camino. Como ocurre dentro del Partido Popular, la patronal madrileña, que preside, ha sido la primera en denunciar los acuerdos, y la más dura contra las componendadas con los independentistas. "CEIM lamenta la forma que está utilizando este Gobierno para conseguir votos para una investidura a cambio de privilegios para unos, en perjuicio del resto de ciudadanos", decía en un comunicado. Es, junto a Foment, la única que se ha pronunciado de forma oficial, y en sentidos opuestos.

Sin embargo, el malestar con los acuerdos del Ejecutivo resulta muy generalizado en el mundo empresarial. "El retorno de las empresas a Cataluña no debe ser una decisión política, sino de las empresas", afirmó este viernes María Calvo, presidenta de los empresarios asturianos, en contra de los postulados de Foment. Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega, se muestra mucho más duro: "Entendemos este acuerdo como una afrenta a nuestra Constitución, pero sobre todo como una apuesta deliberada por la desigualdad entre las comunidades autónomas". Y desde Baleares, fuentes empresariales consideran que frenará inversiones y perjudicará el empleo y el crecimiento económico. La patronal murciana también se ha posicionado en contra, pero otras, como Cantabria, Aragón o La Rioja, guardan silencio, a la espera de lo que se discuta el lunes.

Descontento en los cuerpos del Estado

El Gobierno ha perdido complicidades en el ámbito del diálogo social, pero el descontento también se extiende dentro de la propia Administración. En la Justicia, todas las asociaciones de fiscales y jueces, también las progresistas, han criticado duramente los pactos entre el PSOE y Junts. Este viernes, un manifiesto de abogados y procuradores catalanes se sumó al rechazo mostrado por los colegios de varias provincias, entre ellas Madrid, a la amnistía. El de Barcelona ha preferido inhibirse, al considerar que no se puede pronunciar sobre cuestiones de índole política.

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Pero no toda la desconfianza tiene que ver con la medida de gracia. Los acuerdos económicos también han causado un gran malestar. De momento, el CSIF, sindicato mayoritario en la función pública, guarda silencio. Fuentes de esta organización aseguran estar un "proceso de análisis y reflexión". Sin embargo, los representantes de los cuerpos directamente concernidos por las medidas pactadas con los nacionalistas, como los de la Inspección de Hacienda o de Trabajo, han mostrado públicamente su disconformidad.

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emitió un durísimo comunicado el propio jueves, unas horas después de conocerse lo pactado entre el PSOE y Junts, en el que mostraba su "rechazo frontal y absoluto" a la negociación para la posible cesión del 100% de la recaudación tributaria a Cataluña. Los inspectores consideran que consagra "la ruptura del principio constitucional de la igualdad de los españoles" y hacen un llamamiento urgente a "la recuperación de la racionalidad".

Ese mismo día, el Sindicato de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social (SITSS) se pronunciaba en un tono similar, con una reflexión genérica que recoge el estado de ánimo de algunos altos funcionarios en estos momentos: "La inamovilidad e independencia del personal al servicio de la Administración, (...) a salvo de servilismos políticos, es la mayor garantía democrática de los intereses generales (...). Sin embargo, llevamos tiempo alertando sobre el grave deterioro de la Función Pública". La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social también denunció este viernes lo que considera "un ataque al Estado de Derecho, al principio de igualdad, a la separación de poderes y a la independencia judicial".

Romper la caja de la Seguridad Social no cabe en la Constitución; ceder la gestión económica, sí

Hasta aquí, ninguna novedad. Tanto IEH como SITSS son asociaciones de carácter conservador que, además, mantienen un enfrentamiento con el Ejecutivo por reivindicaciones laborales. Mucho más llamativas resultan, sin embargo, las reacciones que se produjeron este viernes con motivo del pacto con el PNV. En este caso, las palabras grandilocuentes dieron paso a críticas más certeras. Sobre la mesa, la constatación de un hecho: transferir la caja única de la Seguridad Social —donde entran las cotizaciones y salen los pagos de las pensiones—al País Vasco iría en contra de la Constitución. "El artículo 149.1.17 de la CE otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias sentencias", asegura el comunicado de SITSS.

Sin embargo, el artículo constitucional también aclara: "Sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas". Y este es el punto al que se agarra el PNV para reivindicar la tramitación autonómica de los pagos y cobros, aunque el dinero salga de la caja común. A falta de saber en qué se concretará el proceso, del que no hay ninguna referencia explícita en el texto y que Montero califica de "muy difícil", SITSS y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) hacen interpretaciones distintas: el primero sugiere que puede afectar a la caja única, mientras que el segundo no ve por ningún sitio ese fantasma. "No se ha podido pactar porque es inconstitucional", dice su presidenta, María José Díaz.

La UPIT es una de las pocas asociaciones del sector público que se ha mostrado indulgente con el contenido de los pactos. Hasta el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Getsha), poco sospechoso de conservadurismo, es muy crítico con la reivindicación de Junts sobre la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, que estará sobre la mesa de la negociación con los socialistas: "Mantenemos una posición contraria a la cesión total de la recaudación y gestión tributaria a las comunidades autónomas de régimen común. No es posible con el vigente bloque de constitucionalidad que opera en las comunidades autónomas de régimen común en materia de tributos estatales cedidos". La propuesta del PSOE para aumentar la autonomía financiera sí sería asumible, dicen desde Gethsa, pero solo si respeta los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre los españoles. "Exclusivamente en estos términos", remarcan.

Las líneas rojas que dibujan unos y otros resultan muy claras, pero no siempre con los mismos argumentos. La defensa de las leyes, la igualdad entre los españoles y los cauces de diálogo con los actores afectados son los principales. Quizá también subyazca una brizna de corporativismo, pero no parece que en la mayoría de los casos exista una motivación ideológica o intereses políticos. El tiempo dirá si el descontento es tan transversal como parece o se queda solo en los sectores más conservadores y opuestos a la coalición gubernamental.