Caramelo envenenado: por qué ninguna CCAA quiere los Cercanías salvo Cataluña y Euskadi

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Ni Madrid ni Andalucía ni la Comunidad Valenciana, todas gobernadas por el PP, quieren asumir el servicio de Cercanías. Tampoco Asturias, en manos del PSOE, mientras que Cantabria, en las condiciones actuales, no lo contempla. Las principales autonomías que disponen de estos trenes, a excepción de Cataluña y Euskadi, no quieren oír hablar del traspaso de un servicio que arrastra un importante déficit de inversiones, según denuncian los sindicatos y las regiones afectadas. Los retrasos y las averías son una tónica habitual y sin una puesta a punto de la red (o sin tener la garantía de que el Ministerio asumirá el coste), pasar a gestionar los Cercanías no es más que un caramelo envenenado.

Una vez que el PSOE ha pactado con ERC el traspaso de Rodalies a Cataluña (financiación incluida), desde el Ministerio de Transportes no cierran la puerta a transferir la competencia al resto de regiones. Fuentes del Departamento que dirige Raquel Sánchez, preguntadas por esta cuestión, remiten a la Constitución, que contempla que las comunidades podrán prestar el servicio siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, que el servicio objeto de la transferencia se desarrolle íntegramente dentro del territorio de la región en cuestión (en este supuesto no podría entrar, por ejemplo, el núcleo de Cercanías que comparten Alicante y Murcia) y que las infraestructuras no formen parte de la red de interés general del Estado, conecten con puertos o aeropuertos o sirvan de canal de comunicación entre más de una comunidad.

La red libre de estas exigencias está a disposición de las comunidades, pero más allá de Cataluña y de Euskadi, cuyo Estatuto contempla expresamente la gestión del servicio ferroviario y cuyo traspaso se quedó pendiente la pasada legislatura, ninguna otra región, hoy por hoy, lo quiere. En un mensaje publicado en X (antes Twitter) hace más de un año, en abril de 2022, Adrián Barbón, presidente de Asturias, condensó el porqué: "Asumir las competencias en materia de Cercanías, sin que el Estado ejecute las necesarias obras ―tras años y años de abandono― es una quimera. Es, sencillamente, querer muy poco a Asturias, poniendo en riesgo la continuidad de nuestra autonomía, llevándola a la quiebra". La postura no ha cambiado, según explican fuentes de la Consejería de Transportes a El Confidencial, que descartan pedir la transferencia.

Los Cercanías son un gigante renqueante. En un informe publicado en 2020, la Airef alertó de la baja inversión que arrastraba el servicio frente a los aves, más si se tiene en cuenta el volumen de viajeros de una y otra modalidad. Los Cercanías movieron en 2018 a 562,2 millones de personas, es decir, el 90% del total frente a los 30 millones del AVE (4,8%), pero "pese a la relevancia del número de usuarios, la inversión total en Cercanías en el periodo 1990-2018 se ha limitado a 3.600 millones de euros, cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en Alta Velocidad", recoge el informe.

El estudio, bajo el título Infraestructuras de transporte, ahondaba en la infrafinanciación de los trenes de proximidad y recogía el siguiente ejemplo: de los 12.400 millones previstos para los tres principales núcleos de Cercanías (Barcelona, Madrid y Valencia) para el periodo 2007-2009, solo se gastaron 701 millones, un 5,5%. Y el texto defendía un cambio de gestión, apuntando a la transferencia de la competencia a las comunidades. "Es una situación anómala", señalaba el informe sobre el hecho de que los ferrocarriles no estuviesen bajo el amparo de los consorcios regionales de transportes, a diferencia de otros servicios, como los autobuses, y que, por tanto, la administración autonómica no pudiese decidir cuestiones como la "gestión de frecuencias y horarios, las tarifas o las inversiones en infraestructuras".

Falta de inversiones y de personal

"Lo venimos denunciando desde hace muchos años. En Madrid ahora se está invirtiendo algo, pero hubo un tiempo en el que no se invertía nada y donde más se nota es en los grandes núcleos", apunta Pepa Páez, secretaria general del sector Ferroviario de FSC-CCOO, en referencia a los Cercanías que prestan servicio en la capital, en Barcelona y en Valencia. La red del norte, la que discurre por el País Vasco, Cantabria y Asturias, tampoco se libra y el problema, además de las inversiones, es también de falta de personal, desde maquinistas, a interventores y mecánicos, según la central.

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Asturias, Cantabria y Aragón son las autonomías en las que existe el servicio y para cubrir las inversiones necesarias en la red para este 2023 los Presupuestos Generales del Estado contemplan 2.200 millones, un 20% más que en 2022, según destacó la ministra Sánchez en la presentación de las cifras hace ya un año. No obstante, desde las regiones consultadas denuncian la falta de presupuesto y de mantenimiento para un modo de transporte que es vital para millones de personas. Madrid y Barcelona concentran el 86% de los viajeros y el 34% de la red.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado en alguna ocasión partidaria de reclamar todas las competencias previstas en el estatuto de autonomía de la región, entre ellas las de Cercanías, pero ha rechazado asumir el servicio tal y como está. El argumento es similar al que dan desde la consejería de Transportes de Asturias. Primero el Ministerio debe ejecutar los 1.500 millones comprometidos tras el fiasco de los trenes proyectados que no cabían por los túneles y una vez finiquitadas las inversiones, la región ya estudiará si le compensa exigir el traspaso.

Madrid, autonomía en la que hay prevista una inversión de 6.000 millones para los próximos años, lo descarta por completo, según las fuentes consultadas por El Confidencial. Al igual que la Comunidad Valenciana “ante el grave problema de infrafinanciación que arrastra” la autonomía. Fuentes del Ejecutivo de Carlos Mazón denuncian que el Gobierno central "ha ejecutado un escaso 20% del plan de Cercanías aprobado en 2017 con una inversión de 1.400 millones". Y Andalucía tampoco está por la labor de exigir la transferencia. Sin embargo, la región es la única que ha planteado sacar a licitación una conexión entre sus capitales de provincia sin paradas intermedias. Su intención es aprovechar el proceso de liberalización del sector y sacar rédito a una red ferroviaria que está "infrautilizada". "Llevamos años esperando que nos concedan la gestión de los intercitys. No queremos los Cercanías ni las vías, queremos poder poner horarios y frecuencias dignas", zanjan en Sevilla.