Obispos rompen la ley del silencio en la Iglesia sobre la política para rechazar la amnistía

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"Cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder". “Amenaza la convivencia a la que dice servir”. Esa es la opinión sobre la ley de amnistía de dos pesos pesados del episcopado español, Jesús Sanz Montes y Luis Argüello, arzobispos de Oviedo y Valladolid. Los dos han saltado en los últimos días a la arena de X (antes Twitter) para desbaratar la calma tensa que genera este tema entre los miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE), tras el posicionamiento en contra de su secretario general, César García Magán. La realidad es que no son los únicos.

El de la amnistía era el único problema que faltaba por brotarles a los obispos en este mes de noviembre. El tema de la unidad de España y sus derivadas, siempre espinoso, se mantiene en el seno del episcopado, donde los últimos años ha imperado una especie de ley del silencio en cuestiones políticas para no ser acusados de injerencia ni desgastar la comunión entre ellos. Desarbolados por el tsunami de los abusos sexuales en la Iglesia en España, a los que no acaban de dar una solución plenamente satisfactoria, y noqueados por la extrapolación que se ha hecho del número de casos (440.000, según estimaciones periodísticas) tras el informe del Defensor del Pueblo.

Y también con la guinda que dio el propio Vaticano al llamarlos a todos ellos a una reunión el próximo día 28 para analizar la situación de los seminarios españoles, tras una visita realizada por dos enviados de la Santa Sede a principios de año a estos centros de formación en nuestro país. La última vez que toda una Conferencia Episcopal fue llamada al Vaticano a entrevistarse con el Papa ocurrió en 2018. Fueron todos obligados a presentar su renuncia solo unos días después. Claro que no se espera esto para los españoles, pero la cita ha causado un poco de inquietud entre los obispos.

Luis Argüello fue el primero en abrir en las redes sociales la rendija que muestra que también en esta cuestión —aunque se niegue por activa y por pasiva— la comunión entre los obispos cotiza a la baja. “La amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir”, posteó.

Pocas horas después, hizo lo propio Jesús Sanz Montes con otro mensaje igualmente inequívoco: “La amnistía no es un borrón con cuenta nueva. Los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia destruyendo un Estado de derecho determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo. Cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder”.

Sucesor de Omella

Ambos obispos son considerados referentes para una parte no menor de la CEE y siempre han estado en las quinielas para acceder a su presidencia, cargo que ahora ostenta Juan José Omella hasta el próximo mes de marzo, cuando finaliza su mandato. De hecho, el cardenal arzobispo de Barcelona, a quien en Madrid tachan de soberanista y en Cataluña de "españolazo", ha sido artífice de una cierta desinflamación independentista en la Iglesia en Cataluña, lo que ha logrado con una postura menos centralista y, en los momentos más duros del procés, con tareas de intermediación entre la Generalitat y la Moncloa.

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Cercano su fin de trayecto al frente de la Conferencia Episcopal (al menos en los órganos decisorios, pues es un hombre de absoluta confianza del papa Francisco, que lo ha nombrado miembro de su Consejo de Cardenales de referencia), los movimientos de Argüello y Sanz cabe interpretarlos como un posicionamiento de cara a esas elecciones de marzo. Y se suceden, además, después de que Omella —junto con el resto de obispos catalanes— desautorizase al secretario general, García Magán.

Sucedió a finales de septiembre, en una rueda de prensa donde el también obispo auxiliar de Toledo —tradicional foco de conservadurismo eclesial—, preguntado por la polémica ley de amnistía, la consideró innecesaria. "No estamos ante una situación excepcional que haga imprescindibles herramientas excepcionales, sino que estamos ante una situación ordinaria de un pleno de investidura", remachó el secretario, para quien "es bueno para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes, porque es garantía de democracia y de legalidad".

Hay que subrayar que se trataba de una declaración a título personal, pero realizada como portavoz de la CEE y tras una reunión de la comisión permanente en la que sus obispos miembros no se habían pronunciado al respecto. La respuesta le llegó a Magán a las pocas horas desde Cataluña, desde la Conferencia Episcopal Tarraconense —organismo que agrupa las 10 diócesis catalanas y del que también forma parte el cardenal Omella— en forma de nota en la que, aludiendo explícitamente a aquellas declaraciones, se señala que “favorecer el partidismo o alabar una determinada posición no es ni bueno ni, desgraciadamente, nuevo. Por eso, los obispos, pastores de una Iglesia que es afortunadamente plural, debemos mantener una neutralidad edificante y respetuosa, neutralidad que solo podemos romper cuando se lesiona el derecho a la dignidad del ser humano, centro de toda la doctrina social de la Iglesia”.

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La rapidez y contundencia de la respuesta de los obispos catalanes tenía su razón de ser en el miedo a que la Iglesia fuese instrumentalizada de nuevo y ello ahondase otra vez en las diferencias en el seno del episcopado español, como sucedió hace casi dos décadas a raíz de un documento sobre la unidad de España que, impulsado por los cardenales Rouco y Cañizares, generó no poca tensión entre los obispos, particularmente los vascos y catalanes, pero no solo, pues había otro grupo que consideraba que la Iglesia tenía que cerrar definitivamente la etapa del nacionalcatolicismo y evitar las injerencias políticas, muy acusadas en aquella época.

Antecedente de los indultos

La elección de Francisco y el recambio en Añastro de Rouco por otros obispos, como Ricardo Blázquez y luego Omella, propiciaron no tanto un equilibrio de fuerzas como una moderación en el discurso oficial, evitando hacer pronunciamientos políticos, como era costumbre con comunicados previos a las consultas electorales. Un ambiente que llevó incluso a que el conjunto del episcopado español hiciese suya sin demasiada dificultad otra nota de los obispos catalanes en la que estos se mostraban favorables a los indultos a los condenados por el procés, también impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Incluso Argüello, entonces secretario general del episcopado, salió a defenderlos. "Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia, lo que supone el respeto a la división de poderes, por que no haya actitudes inamovibles y estamos por que se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible abordar un asunto cada vez más enquistado que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en la sociedad catalana y el conjunto de España", señaló.

Dos años después, en vísperas de elecciones en Añastro, y conscientes también de que Francisco vive los últimos momentos de su pontificado (que no ha sido de especial agrado para buena parte de la CEE), los obispos, que en sus diócesis son absolutamente soberanos, aprovechan para colocar sus mensajes, que lo son también para el resto de sus compañeros, con los que se sentarán en la asamblea plenaria electiva. De momento, Argüello parece tener bastantes papeletas a su favor, si nos sirve de referencia a modo de sondeo la última votación que tuvieron que efectuar los obispos hace unos meses para elegir a sus tres representantes en el sínodo que se clausuró en el Vaticano hace 10 días: el arzobispo de Valladolid arrasó en el recuento.

No eran unas primarias, pero desde luego marcan tendencia. Como muy bien sabe un amigo suyo, el nuevo hombre de moda para Pedro Sánchez, el exalcalde de Valladolid y católico practicante Óscar Puente, quien respondió —también en X— al mensaje de Argüello sobre la amnistía: “Me encantaría que el arzobispo de mi ciudad se pronunciase sobre el centro de refugiados que iba a construirse en ella y que la derecha quiere cargarse. Eso sería, sin duda, un gesto cristiano”.

Al coro de descontentos con la amnistía —y justo el día en que el papa Francisco concedía una audiencia al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, donde más que de esa ley o la independencia hablaron del conflicto en Tierra Santa y se dejó caer a Francisco la conveniencia de nombrar obispos catalanes para Cataluña (hoy son minoría)—, se unieron también de inmediato el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, azote del nacionalismo y del progresismo desde sus tiempos en San Sebastián, y el de Huelva, Santiago Gómez, que ha creído conveniente escribir una carta a los católicos onubenses para que les ayude “a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos, teniendo en cuenta su incidencia política para toda España en la tensa situación que estamos viviendo”.

Una situación que va cobrando grados de intensidad, con llamadas del PP y Vox a la movilización en toda España contra la ley de amnistía, y que, aunque no se descarta que pueda ser objeto de alguna reflexión en la reunión de este miércoles de la comisión ejecutiva de la CEE —de la que forma parte Sanz—, es más posible que sea tratada por el cardenal Omella en la inauguración de la próxima asamblea plenaria, el próximo 20-N.