"La casilla de la X es democracia fiscal": los obispos niegan que el Estado los mantenga

"No es cierto que el Estado español mantiene a la Iglesia católica. Si ningún ciudadano marcara un año la X en la declaración de la renta, lo que se transferiría sería cero euros. No estamos en el sistema alemán, donde hay un impuesto religioso. Aquí, lo que se hace es preguntar a los contribuyentes si quieren que una parte vaya a ese fin religioso. Pero de mantenimiento no hay nada, lo único que hace el Estado es prestar ese servicio de recaudación". El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, reivindica con un punto de ardor guerrero lo que denomina "ejercicio de democracia fiscal", que supone preguntar cada año a los españoles a dónde quieren que vaya un porcentaje de sus impuestos, en este caso el 0,7%, a través de la declaración del IRPF.

Porque, según señala a El Confidencial el también obispo auxiliar de Toledo, el que los contribuyentes marquen o no la casilla de la X para la Iglesia católica en su declaración, "si no es un referéndum anual, sí es una encuesta verdadera con una base real a la que cada año se somete la Iglesia, cosa que otras instituciones sociales, políticas y de otros ámbitos no realizan, por lo que en el fondo hay una valoración positiva de lo que es la acción de la Iglesia en toda su amplitud, incluso por parte de personas que no son creyentes, pero que valoran esa actuación". "Si ese criterio —añade— se aplicara a otras partidas de nuestros presupuestos que van a subvencionar o destinar ese dinero a instituciones o programas que pueden ser más o menos discutibles, yo no sé —si hicieran esa especie de referéndum anual— qué tanto por ciento de contribuyentes marcarían esas subvenciones a esos programas…".

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El número tres de la CEE saca pecho porque los datos los avalan. En la campaña de la renta de 2022, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, 8,5 millones de españoles marcaron la casilla de la Iglesia (declaraciones individuales y conjuntas), lo que supone el 31,29% de las presentadas, y con 84.201 declaraciones nuevas a favor de la institución, el doble que el año anterior, donde los efectos de la pandemia se dejaron sentir.

Y, de cara al ejercicio de 2023, que finaliza a finales de este mes de junio, se mantiene el optimismo después de aquel año en el que el coronavirus obligó al cierre de todos los templos, sin que menguara la labor asistencial de la Iglesia, como también pone de manifiesto la Memoria de Actividades 2021, que está obligada a presentar para dar cuentas del destino de los fondos que recibe. Unos fondos que en 2021 ascendieron a 320.723.062 euros, lo que supone un incremento del 8,5% y que ofrece, de media, el dato de que la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la X es de 37,73 euros.

El escándalo de los abusos no pasa factura

Se trata de un porcentaje nada desdeñable, que parece no verse afectado por la erosión causada en la imagen de la Iglesia por el escándalo de los abusos sexuales ni por las campañas que abogan por derogar un sistema de financiación que consideran que mantiene los "privilegios" de la institución. García Magán niega la mayor. "Ese planteamiento no es cierto, porque este sistema no da nada directamente a la Iglesia católica. Lo que hace es un servicio de recolección de lo que los ciudadanos libremente, en uso de su voluntad, estiman oportuno, pero dan lo que exactamente el ciudadano determina. Y es un sistema perfectamente compatible con un régimen aconfesional, y no olvidemos que la Constitución vigente del 78 habla de unas relaciones de cooperación del Estado español con la Iglesia católica y otras confesiones. Es decir, nuestro sistema vigente constitucional no es un sistema de separación puro laicista como el francés, como algunos pretenden, sino más bien como el de Italia".

Y recuerda que, dentro de esa "democracia fiscal", el contribuyente, además de la casilla de la Iglesia, puede optar igualmente por marcar la casilla de actividades de interés social (que va destinada a ONG) o incluso a ambas opciones, como especifica también en sus campañas promocionales la CEE. "O no marcar ninguna y que se quede el Estado con el 0,7%", apunta García Magán.

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La asignación tributaria supone el 22% de la financiación de las 70 diócesis que conforman la Iglesia en España, de un presupuesto total que, en 2021, ascendió a 1.142.775.931 euros, según datos de la Memoria de Actividades. El resto procede de las aportaciones de los fieles, que con 343,07 (30%) millones de euros, casi un 11% más, parece dar por superado el bajón que supuso el cierre de los templos por la pandemia y que no se pudiese pasar el cepillo; 109 millones proceden de ingresos por patrimonio y otras actividades (10%); y 383 millones de otros ingresos corrientes (34%), a los que se suman 50,9 millones de ingresos extraordinarios (4%).

El secretario del Episcopado español reconoce que "la CEE está trabajando mucho, en colaboración con las diócesis", para lograr la autofinanciación, cuestión a la que hace años se comprometió cuando se articuló el vigente sistema, refrendado por los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, y mejorado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque, como es doctrina común en Añastro, los obispos negocian mejor con gobiernos del PSOE. "¿Hay que incrementar [los esfuerzos para la autofinanciación]? Sin duda, hay que mentalizar a nuestros fieles de que cada uno tiene que mantener esa colaboración, esa corresponsabilidad con su Iglesia, en este caso, con la católica. Es lo que sucede en las parroquias, donde son los fieles que acuden a ellas los que tienen que comprometerse a sostenerla, porque son ellos los que reciben de ella la atención pastoral, caritativa, etc.".

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Una labor asistencial de la que también dan cuenta en la citada Memoria y que les sirve para reivindicarse ante quienes cuestionan recurrentemente que reciban el 0,7%. "En momentos de dificultad de las familias para llegar a fin de mes, en la enfermedad, en la ancianidad, en los problemas de salud mental, de incremento de los suicidios en la población joven, ahí aparece la Iglesia", destaca la Memoria, en cuya presentación se subrayó que "la Iglesia supone un apoyo fundamental para el Estado, ya que, en los últimos tres años, los 9.000 centros de la Iglesia han atendido de media a cuatro millones de personas en situación de exclusión y necesidad material, mujeres víctimas de trata y violencia, centros de apoyo a las familias, atención a población reclusa, enfermos o ancianos".

4.300 millones de ahorro al Estado

Igualmente, se incide en que, en el ámbito educativo, los más de 2.400 centros católicos que eligen más de 1,5 millones de familias suponen un ahorro al Estado de más de 4.300 millones de euros anuales; o que, en el plano cultural, el patrimonio de la Iglesia, con más de 3.100 bienes de interés cultural, impacta positivamente un 3% en el PIB de España y supone un impacto económico de 22.620 millones de euros, generando 225.000 empleos directos e indirectos.

Por todo esto, el secretario reivindica la pertinencia del sistema de la asignación tributaria y niega que haya "barra libre" de financiación para las religiones, critica lo que se escuchó hace unas semanas cuando el Gobierno de Sánchez firmó un acuerdo para equiparar la fiscalidad de todas las confesiones con notorio arraigo en España. "La Constitución todavía vigente —García Magán subraya la vigencia de la carta magna en todas sus apostillas— mantiene un régimen de colaboración con la Iglesia católica y las otras confesiones religiosas. Y, para cambiar eso, habría que ir a una reforma constitucional". Ahí lo deja.