La reforma fiscal de la Iglesia o por qué los obispos negocian mejor con gobiernos del PSOE

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el PSOE de Pedro Sánchez amagaba con la "supresión de la referencia a la Iglesia" en la Constitución y enarbolaba el mantra de la "denuncia" de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Luego vinieron la realpolitik, el deslumbramiento de la plana mayor del Gobierno de coalición por la figura del papa Francisco, al que fueron a ver en un peregrinaje por etapas, o la lección de diplomacia —con nota vaticana de desmentido incluida— que dieron a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. También el hito de ver a Sánchez convertido en el primer presidente de la democracia española en visitar la sede de la Conferencia Episcopal (CEE), con oración ad hoc en la capilla de la madrileña calle Añastro. Una relación cambiante que alcanza a la reforma fiscal de la izquierda y que ayuda a comprender por qué los obispos negocian mejor con gobiernos socialistas.

El Ejecutivo se encontró con que esta Iglesia no era tan fiera como la pintaban, que Francisco no era Juan Pablo II y que el cardenal Omella, como presidente de los obispos españoles, no tenía la intención de ejercer de colíder de la oposición como el cardenal Rouco había hecho con José Luis Rodríguez Zapatero. A meses vista de la nueva convocatoria electoral, el Gobierno no cuenta con demasiada munición propagandista para su campaña. Sobre todo porque la amenaza de “hacer pagar el IBI” a la Iglesia no será tal. Para ello tendría que retocar la Ley de Mecenazgo y eso son palabras mayores para las entidades sin ánimo de lucro y otras organizaciones, como sindicatos y partidos políticos, por ejemplo. Atrás quedan episodios como la exhumación de Franco (que la Iglesia vivió sin mayor trauma), la polémica por los 35.000 bienes inscritos por las diócesis, que se subsanó sin mayor trascendencia con una campaña comunicativa, o el peso de la asignatura de Religión en la controvertida Ley Celaá.

"Con gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor"

A falta de que la Moncloa decida desempolvar la Ley de Patrimonio Histórico, que podría afectar a bienes patrimonio de la Humanidad de 17 diócesis, como la siempre apetecible y rentable mezquita-catedral de Córdoba, o la Ley de Libertad de Conciencia, que duerme en un cajón desde los tiempos de Zapatero, quizá de lo único que Sánchez pueda sacar rentabilidad electoral sea de otra foto con los obispos mediante la firma del acuerdo sobre la reforma fiscal con la Iglesia. Algo a lo que en Añastro se resistían hasta que, desde dentro, les hicieron entender que de eso también podrían sacar rédito.

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Foto que molestará, sin duda, en la sede del PP porque, como ya decía el cardenal Tarancón, “con gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor”. De hecho, los grandes acuerdos entre la Iglesia y el Estado se han conseguido cuando han negociado con el PSOE, como sucedió con los conciertos educativos o el aumento de la asignación tributaria del 0,5 al 0,7%. Y en la sede de la Conferencia Episcopal lo saben y lo aprovechan, como saben que este pacto, en principio, les interesa más a los obispos que al Ejecutivo. Como señalan a El Confidencial en la CEE, “queremos acabar con la murga de que la Iglesia disfruta de privilegios fiscales”.

¿Y en qué podría traducirse este acuerdo sobre la fiscalidad, que se encuentra en la “etapa final del proceso de negociación”, como reconoció hace unos días el nuevo secretario general del Episcopado, César García Magán? En que la Iglesia está dispuesta a renunciar a la exención de algunos tributos para homologar plenamente su régimen fiscal a otras confesiones religiosas en España y a las entidades no lucrativas. En concreto, al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y las contribuciones especiales, que es lo único que diferencia —según sostiene Añastro— su fiscalidad de las de otras confesiones y ONG, en virtud de los Acuerdos de 1979. Y ahora, bajo la máxima de “no privilegios, no discriminación”, están dispuestos a prescindir de ellos. Los obispos desean lavar su imagen de organización que disfruta de prebendas y que pase a ser reconocida “con los mismos derechos que, por ejemplo, la ONCE, la Asociación contra el Cáncer o los musulmanes”.

Quitar argumentos a la izquierda

En la CEE, saben que la firma de ese acuerdo desbarataría también parte del argumentario de la izquierda sobre la financiación de la Iglesia, que suele acabar con la petición de derogar esos acuerdos entre la Iglesia y el Estado, muy recurrente en Unidas Podemos y ahora atenuada un tanto en el PSOE, más partidario de “la actualización” del entramado jurídico que sustituyó el Concordato alcanzado en su día con Francisco Franco.

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Con la equiparación del régimen fiscal, cualquier amenaza de modificación por cualquier Gobierno tendría un recorrido diferente, pues no podrían agarrarse a esa denuncia o derogación del tratado con el Vaticano, sino que habría de modificarse la Ley de Mecenazgo de 2002. Y así, con esa equiparación, “ya no se trataría de debatir si los comedores sociales de Cáritas —que no están blindados por los acuerdos— pagan el IBI o no, sino que el debate será si habrían de pagarlo también otras entidades no lucrativas”.

En Añastro están cansados “de que el debate sea siempre contra la Iglesia”. No lo dicen, pero lo de los privilegios siempre cala y les acaba haciendo mella. Y nunca faltan a la cita los políticos y asociaciones laicistas que lo sacan a pasear, coincidiendo con la campaña del IRPF, cuando la CEE concentra sus esfuerzos en conseguir que los españoles marquen su X en la casilla de la asignación tributaria, lo que siguen haciendo casi 7,5 millones de declarantes. “Definitivamente”, subrayan las fuentes consultadas, a la Iglesia le iría mejor con esa homologación fiscal que traería bajo el brazo este acuerdo. “¿Que luego el Gobierno quiere cambiar la Ley de Mecenazgo? Que lo haga, es la que disfrutan todas las entidades no lucrativas…”, añaden.

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¿Y qué gana con esta reforma el Gobierno de Sánchez? “Una foto para que se vea que pacta con todos, también con la Iglesia”. Es decir, la misma centralidad por la que pugna también el PP de Alberto Núñez Feijóo y que lo aleja del radicalismo de Unidas Podemos, con la excepción de Yolanda Díaz, que mantuvo hace poco más de un año una de las conversaciones "más importantes" de su vida con el papa Francisco.

El Vaticano ya está informado

En todo caso, quedan cuestiones de peso pendientes de solucionar en cuanto a la instrumentación técnica del nuevo acuerdo. Por ejemplo, aún no está claro que la renuncia a la exención de las contribuciones especiales (recogida en los Acuerdos con la Santa Sede) vaya a entrar en el mismo, por si supone tocar de alguna manera ese tratado internacional. Y si finalmente entra, falta saber si la Santa Sede dará el visto bueno a lo redactado. Roma ya está al corriente. Tiene la versión del ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, también rendido al Papa tras la audiencia del pasado mes de junio, pero Francisco sigue fiándose más de sus obispos, y sabe por estos también de la engañifa que les montó cuando presentaron conjuntamente el acuerdo sobre las 35.000 inmatriculaciones (hace ahora un año), que salió aguado para la Moncloa, pero quedó como que la Iglesia había inscrito ilegalmente un millar de bienes que no eran suyos.

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Aquello borró la sonrisa de un siempre afable Omella, que se plantó en el complejo de la Moncloa para decirle al ministro que no estaba bien mentir, porque el cardenal de Barcelona nunca ha perdido del todo el espíritu de cura de pueblo. Y dio resultado, porque las relaciones nunca se han roto, el canal de diálogo entre ellos no se perdió, a pesar de las críticas episcopales a la reforma de la ley del aborto o la eutanasia. Y aunque el Gobierno juega a corresponder con la Iglesia (fue determinante para que la comisión de investigación sobre los abusos sexuales la llevara la oficina del Defensor del Pueblo, para no convertir el Congreso de los Diputados en una pasarela de obispos), en Añastro no acaban de fiarse de cómo acabará vendiendo Pedro Sánchez este acuerdo fiscal.

¿Se optará, a cambio, por meter en escena la salida de los benedictinos del Valle de los Caídos con su peculiar prior a la cabeza? Es otra posibilidad sobre la que tampoco la Conferencia Episcopal presentará batalla. ¿O se comenzará a materializar esa especie de desamortización encubierta que algunos temen de la Obra Pía, esa institución eclesial que gestiona en Roma más de 200 viviendas y locales comerciales entregados a la Iglesia en herencias o donaciones, pero encomendada a la embajada de España ante la Santa Sede al amparo de “la protección diplomática”, al estar en otro Estado?

De momento, en Añastro se conforman con ir “haciendo pedagogía”, tanto con los obispos más recalcitrantes y alérgicos a pactar con los socialcomunistas como con las congregaciones religiosas, que serán de las principales afectadas por la aplicación del ICIO. De hecho, los obispos cayeron en la cuenta de que había que empezar a pensar en desprenderse de esa rémora tras un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba, en junio de 2017, que las exenciones fiscales aplicadas a la Iglesia podrían ser, en realidad, “ayudas estatales prohibidas” si se otorgaban respecto a actividades económicas. Que justo era lo que entendía el Ayuntamiento de Getafe cuando reclamó el cobro del ICIO a un colegio de los escolapios por las obras de ampliación del salón de actos, destinado a “actividades comunes y no religiosas”. Finalmente, el Colegio La Inmaculada, en una sentencia pionera en España, fue condenado a pagar los 23.730 euros correspondientes. “Ahora, toca convencer a nuestra gente de que todo esto será bueno”, dicen en la CEE.