ENTREVISTA EN LA SER

El Gobierno negociará con la Iglesia el pago del IBI en los espacios que no son de culto

Calvo retoma las relaciones con la Santa Sede con una reunión con el nuevo nuncio del Vaticano. Resalta que la reforma del Código Penal no formará parte de la mesa de diálogo con el Govern

Foto: Carmen Calvo recibe al nuevo nuncio apostólico del Vaticano, Bernardito Auza, este 22 de enero en la Moncloa. (EFE)
Carmen Calvo recibe al nuevo nuncio apostólico del Vaticano, Bernardito Auza, este 22 de enero en la Moncloa. (EFE)

Carmen Calvo ya no es la vicepresidenta única del Gobierno, sino una entre cuatro. Pero ella sigue siendo la ministra de la Presidencia que preside la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que filtra y prepara todas las iniciativas que llegan al Consejo de Ministros, sigue teniendo el encargo de Pedro Sánchez de gestionar las relaciones con Cataluña y sigue estando al frente del diálogo con el Vaticano. Dos mesas delicadas, singularmente la primera, pero que recaen en la escudera del presidente. A ambas se refirió la número dos del Ejecutivo este miércoles en una entrevista en la SER. Justo antes de su primera reunión con el nuevo nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, que presentó sus credenciales ante el Rey el pasado 16 de enero.

La vicepresidenta subrayó que el Gobierno quiere seguir manteniendo sus "muy buenas relaciones" con Roma, pero eso no quita para que ambos Estados hablen de cuestiones que les afectan. Como la fiscalidad de la Iglesia. Calvo ya abordó este asunto inicialmente con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en su viaje a la Santa Sede en octubre de 2018, cuando el Gobierno necesitaba la complicidad del Papa para poder exhumar a Francisco Franco. Ahora, hay cuatro años de trabajo por delante, señaló, para negociar con tranquilidad este asunto.

El objetivo es que la fiscalidad de la Iglesia española "responda igual" que en otros países, como en Francia o en Italia. Es decir, que pague el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de aquel "patrimonio que no esté afecto a sus funciones como religión". O sea, que tribute por aquellos espacios que no son de culto. Calvo recordó que España no tiene tanto un problema de gastos "como de ingresos" y que el Ejecutivo de coalición se propone caminar hacia una "fiscalidad más justa" que implica también a la Iglesia. Ya Parolin le dijo en aquel momento, en el otoño de 2018, que la Santa Sede "naturalmente" no veía problemas en negociar este asunto.

La vicepresidenta ya abordó la tributación de la Iglesia con Parolin en 2018. El propósito es que contribuya "igual" que hace en Francia o en Italia


El Gobierno no solo hablará de impuestos con Roma. También tiene pendiente, aunque no aflorase en la entrevista de este miércoles en la SER, la revisión de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. O discutir sobre educación, una materia siempre muy sensible para los obispos. Calvo recordó que la Santa Sede prepara una cumbre mundial por la educación y España quiere "participar" en ella. Además, el Ejecutivo prepara una reforma importante de la ley educativa, pactada con Unidas Podemos, que hará de Religión una asignatura voluntaria, sin alternativa espejo y no computable a efectos académicos.

Defensa del multilateralismo

Respecto a la casilla del IRPF, la número dos señaló que hay que hacer también una "reflexión" sobre esto, ver cómo la Iglesia "rinde cuentas", que ya lo hace, reconoció, ante el Tribunal de Cuentas, y cómo administra esos fondos para política social. "Tenemos abierto un espacio de reflexión, y estoy segura de que va a ir bien, porque la disposición de la Santa Sede es buena, y de la Conferencia Episcopal Española también". La vicepresidenta recordó que se vio recientemente en Madrid, en la cumbre del clima (COP25) con Parolin, y que tuvo oportunidad de hablar con el Pontífice el pasado octubre, con ocasión de la ceremonia de creación de 13 nuevos cardenales, entre ellos dos españoles.

Del Código Penal y su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente autonómico. No forma parte de ese escenario

Calvo elogió al nuevo embajador, el filipino Bernardito Cleopas Auza, que entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1990 y que ha prestado sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Madagascar, Bulgaria, Albania, en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado y en la Representación Permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. También fue nombrado nuncio en Haití (2008), observador permanente de la Santa Sede ante la ONU (2014) y ante la Organización de Estados Americanos (2014).

Para el Ejecutivo, su trayectoria es muy significativa, porque ha defendido de manera "cerrada" el multilateralismo, bandera que enarbola Sánchez, se ha empleado "a fondo" en causas "importantes" en zonas de conflicto en el mundo y es, además, una persona de la confianza del Papa.

Tras la reunión en la Moncloa con Auza, el Gobierno lanzó una nota en la que subrayó que el encuentro se desarrolló "en un clima cordial y colaborativo, en el marco de las relaciones institucionales entre los dos Estados". Relaciones que han sido "muy fluidas" en estos últimos meses, recalca. Calvo y el embajador vaticano mostraron su disposición a "seguir trabajando para dar continuidad a la agenda" del Ejecutivo en materia de asuntos religiosos "para la presente legislatura".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recibe en la Moncloa al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, Bernardito Auza, este 22 de enero de 2020. (Borja Puig | Moncloa)
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recibe en la Moncloa al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, Bernardito Auza, este 22 de enero de 2020. (Borja Puig | Moncloa)

La entrevista en la SER, con Àngels Barceló, arrancó, lógicamente, por la prevista reforma del Código Penal, en la que el Gobierno pretende rebajar las penas por el delito de sedición, lo que beneficiaría a los presos del 'procés', ya que la ley se aplica en este caso de manera retroactiva si favorece al reo. Calvo, como ya había adelantado este periódico, sostuvo que esta modificación del Código, que se está aún "armando" (y que incluirá otros asuntos como la introducción del 'sí es sí' o de las agresiones medioambientales), no forma parte "en absoluto" de la mesa de negociación con el Govern: "Del Código Penal y su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente autonómico. No forma parte de ese escenario". Ni con Quim Torra ni con los demás. Se abordará en el Congreso con el resto de grupos parlamentarios (entre los cuales está, obviamente, ERC, socio de investidura).

No hay más salida que el diálogo

Calvo justificó la revisión en la "necesidad" de actualizar los tipos penales, porque algunos "no están a la altura del Derecho comparado en Europa y son anteriores a la Constitución y a la democracia", por lo que habría que "acompasarlos" con los existentes en Europa, porque "en algunas sentencias, como la alemana, nos advirtieron de que sonaban extraños". Se refería así a la decisión de la Justicia germana, que rechazó entregar al 'expresident' Carles Puigdemont por rebelión o sedición, tal como le reclamaba el juez Pablo Llarena. La vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo de coalición está determinado a resolver una crisis "heredada de la derecha", y no secundar una política de "leña al fuego para sacar rendimiento electoral", como a su juicio sí hace el PP. Así que "habrá diálogo político, pero este Gobierno va a hacer reformas legislativas importantes en diferentes ámbitos y también en la legislación penal".

"Habrá diálogo político, pero este Gobierno va a hacer reformas legislativas importantes en diferentes ámbitos y en la legislación penal", dice

Preguntada por el hecho de que si se suaviza el delito de sedición, Oriol Junqueras, líder de ERC, y el resto de condenados por el 'procés' pueden beneficiarse, al verse rebajada su pena, Calvo sostuvo que no es el Gobierno "quien aplica los efectos" de una eventual reforma, sino la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La número dos advirtió de que ya la Justicia europea ha lanzado mensajes de que "hay que actualizar algo" en el Código Penal español. "Y como es nuestra responsabilidad lo asumimos", mantuvo. Para el Gobierno, defendió, no hay otra "opción" que "sentarse" con el independentismo y señalarle que no hay más salida que el diálogo dentro de la Constitución.

Yolanda Díaz, titular de Trabajo y Economía Social, llegando a la reunión del Consejo de Ministros que el pasado 14 de enero. (EFE)
Yolanda Díaz, titular de Trabajo y Economía Social, llegando a la reunión del Consejo de Ministros que el pasado 14 de enero. (EFE)

Calvo guardó los equilibrios con la Iglesia, pero también con los empresarios. Así, defendió que la subida del salario mínimo interprofesional será progresiva y "asumible", de manera que "no provoque problemas en pequeñas y grandes empresas". La precisión es importante porque este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con los secretarios generales de UGT y CEOE y los presidentes de CEOE y Cepyme. Calvo reconoció que una subida brusca y muy alta tiene "efectos no deseados en el mundo rural", y este Gobierno tiene un "diagnóstico fino". Por lo tanto, el Gabinete incrementará paulatinamente el SMI, hasta aproximarlo al 60% del salario medio, que es además lo que reclama la Carta Social Europea. Pero se buscará que esa subida "no tenga ningún tipo de daño colateral".

La subida del salario mínima será progresiva y "asumible", de manera que "no provoque problemas en pequeñas y grandes empresas"

La vicepresidenta no quiso entrar en la batalla semántica de si habrá derogación completa de la reforma laboral de 2012. Por el momento, hay asuntos que son "urgentes y graves, que irán rápidos", que serán eliminados. Por ejemplo, ya está muy avanzada una primera modificación importante, la que tiene que ver con los despidos por baja laboral, algo que a juicio del Ejecutivo "raya" la inconstitucionalidad.

Calvo propone que acortar el nombre de la Cámara Baja: Congreso a secas

La polémica por el dictamen de la RAE sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución -la institución considera que no hacen falta cambios de calado- no se ha agotado. Carmen Calvo fue preguntada por ello en la SER y contó que había recibido una carta de Ana Caballé, premio Nacional de Historia, en la que sugería que el Congreso de los Diputados pase a llamarse, simplemente, Congreso. De manera análoga, por tanto, al Senado. Una sola palabra y punto. Iniciativa que Caballé también remitió a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet

"Apoyo absolutamente esta iniciativa porque las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, nos reconozca y nos nombre, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino", indicó Calvo, agradeciendo a Caballé su carta, que recibió ayer martes. 

"Pedí informe [a la RAE] para que me dijera algo, que me dijera si las mujeres de este país podemos aspirar a que la Constitución nos llame por nuestro género: ministras, presidentas, vicepresidentas, diputadas", indicó. Porque si se dirigen a ella como "vicepresidente" no se siente aludida ni vuelve la mirada. 

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