TRAS SU REUNIÓN en la santa sede CON PAROLIN

Calvo habla de un pacto con el Vaticano para la inhumación de Franco, y Roma lo niega

La vicepresidenta señala que acordó con el secretario de Estado buscar una salida conjunta que no pase por la Almudena, pero la Santa Sede dice que este no se pronunció sobre el enterramiento

Foto: Carmen Calvo, este 30 de octubre en la comisión para la auditoría democrática, en el Congreso. (EFE)
Carmen Calvo, este 30 de octubre en la comisión para la auditoría democrática, en el Congreso. (EFE)

Ya parece más claro que los restos de Francisco Franco no llegarán a la cripta de la catedral de la Almudena. El Gobierno piensa utilizar todos los instrumentos legales a su alcance, "obviamente" de acuerdo con la Iglesia, para evitar que el dictador repose para siempre allí, en pleno centro de Madrid, alegando que no puede ser "enaltecido" en ningún punto de España. Pero la Santa Sede, en cambio, niega la categoría de acuerdo aunque sí ve bien que se busquen alternativas a la catedral de Madrid.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ofreció este martes a los periodistas más detalles de su reunión, ayer, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. La número dos dio por hecho que finalmente Franco no irá a la Almudena, y que la Santa Sede está de acuerdo con ese planteamiento: "Le advertimos de que la aplicación de la ley en nuestro caso se debe hacer en cualquier lugar del territorio y en este punto entendió que debíamos intentar, el Gobierno, obviamente, pero también la propia Iglesia católica, una salida de ambas partes para que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar donde puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje", porque "el Estado tiene instrumentos para que esto no ocurra". "Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena", remató en los pasillos del Congreso, con total rotundidad.

"Lo que acordamos fue estar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena", afirma Calvo en el Congreso


Calvo explicó que la catedral de la Almudena "no es de titularidad privada", sino que de ella "es responsable" la Iglesia católica y el Ejecutivo por tanto "tiene que garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco en ningún sitio, en ningún punto del territorio, porque todos estamos sometidos a la ley". "El lugar donde estén finalmente los restos del dictador tiene que ser un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento. Es algo que nos obliga la ley y tenemos instrumentos para cumplirlo", agregó.

Calvo habla de un pacto con el Vaticano para la inhumación de Franco, y Roma lo niega

Calvo se reafirma

El Arzobispado de Madrid no quiso hablar de acuerdo desde el primer momento. "No sabemos de qué se habló en el Vaticano. Lo que podemos decir es que nosotros no hemos hablado nada y seguimos apelando al acuerdo entre la familia y el Gobierno. Es una decisión de ellos, no nuestra", indicaban a este diario fuentes de la archidiócesis.

El Vaticano dice que no se opone a la exhumación, y que Parolin creyó "oportuno" explorar alternativas a la Almudena "en diálogo con la familia"

Sin embargo, tras salir de la comisión parlamentaria en la que compareció, Calvo insistió en que su conversación con Parolin fue "literalmente así" como había relatado: que la Iglesia y el Gobierno trabajarían "conjuntamente" para que los restos de Franco no sean inhumados en la Almudena y no reposen, por tanto, en un lugar donde pueda haber "enaltecimiento, porque es ilegal". "No entro a cómo tiene que organizar su trabajo interno", pero "eso fue lo que hablamos", defendió.

Pero poco después de que ella hiciera estas segundas declaraciones, se conoció el comunicado del propio Vaticano, poco o nada dado a precisar a los Estados. En su nota, el director de la Oficina de Comunicación de la Santa Sede, Greg Burke, corrige o matiza directamente a Calvo: Parolin, dice, "no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación". "Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución", añadió.

Fuentes de Vicepresidencia subrayaron a El Confidencial, tras conocerse el comunicado de Roma, que la Santa Sede "no corrige" a Calvo, sino que "perfila". "No le quita razón a lo que dijo y reconoce que le parece oportuno mirar alternativas. Es lenguaje diplomático", razonaron.

El cambio de paso del Ejecutivo en las últimas semanas ha sido clave. Hasta ahora había manifestado en reiteradas ocasiones que su compromiso era la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. No el enterramiento. La propia vicepresidenta, en una conversación informal con periodistas en la recepción de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre —para entonces ya se conocía que se entrevistaría con Parolin a finales de mes—, insistía en que el Gobierno no podía hacer nada para impedir que el general acabara en la cripta de la Almudena, el lugar elegido por sus nietos para ser inhumado, donde ya yacen su hija, Carmen Franco, y su yerno, el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú. Ella negó que el Gobierno hubiera cambiado ahora de criterio, porque sigue subrayando que no es "responsable" de la inhumación, pero su obligación sí es impedir a toda costa que le sea rendido tributo.

Reunión "muy fructífera y constructiva"

La tumba en la cripta fue comprada a perpetuidad por los Franco hace años y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, sí llegó a manifestar que la familia tenía derecho a enterrarlo donde creyera "conveniente". Pero es evidente que para la Iglesia este es un problema compartido: que el cuerpo del dictador acabara en la catedral de Madrid —por mucho que el acceso no se haga por la entrada principal, sino por un lateral— supondría una asociación del templo con el régimen, además de que se arriesgaría a que se convirtiera en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo.

Calvo habla de un pacto con el Vaticano para la inhumación de Franco, y Roma lo niega

La vicepresidenta desveló que a Osoro "no le parece bien" que el general acabe en la Almudena. El comunicado del Vaticano sí da la razón al Gabinete en este punto, al indicar Parolin que ve bien que se busquen "alternativas" al templo madrileño. La vía natural sería el cementerio de la colonia Mingorrubio, en El Pardo, donde descansa la mujer de Franco, Carmen Polo.

La herramienta para vetar la Almudena sería la Ley de Memoria, que prohíbe el enaltecimiento del dictador en cualquier parte, señala la número dos

La propia Calvo indicó que la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que ahora está reformándose en el Congreso, permite al Gobierno asegurarse de que se impidan todos los actos de exaltación de la dictadura. Más aún, abundó, tras la modificación que de ella hizo el Ejecutivo para promover la salida del Valle de los Caídos. Fuentes del equipo de la vicepresidenta apuntaron que el preámbulo de la ley de 2007 proporciona ese asidero legal que necesita el Gabinete: se remite a los artículos 15 y 16 de la norma, "en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio".

Calvo habla de un pacto con el Vaticano para la inhumación de Franco, y Roma lo niega

En Vicepresidencia explican que aunque los dos preceptos citados hablen de los símbolos y de la prohibición de exaltar al dictador en el Valle de los Caídos, la orientación del preámbulo es clave. Calvo no cree, en todo caso, que con estas gestiones se vaya a retrasar la salida del general de Cuelgamuros. "Vamos bien" de plazos, apuntó. O este viernes o ya la próxima semana, confirmaron desde el Ejecutivo a este diario, irá al Consejo de Ministros el acuerdo para continuar con el trámite de la exhumación, cumplido el periodo de presentación de alegaciones.

Entrada a la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. (Enrique Villarino)
Entrada a la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. (Enrique Villarino)

La vicepresidenta hizo hincapié en la sintonía y receptividad que encontró en Parolin a lo largo de su reunión —incluso más larga de lo previsto—, "muy importante, muy cordial, pero también muy fructífera y constructiva", para que la Iglesia "entienda algunas de las circunstancias por las que el Gobierno mantendrá posiciones muy claras", y el número dos del papa Francisco comprendió que para muchas de estas situaciones "se ha de encontrar una salida conveniada".

Calvo habla de un pacto con el Vaticano para la inhumación de Franco, y Roma lo niega

Siguiendo el ejemplo italiano

Otro punto importante de acuerdo, según detalló Calvo, tiene que ver con la tributación de la Iglesia. "Nos parecería urgente y necesario que la Conferencia Episcopal Española aceptara la fórmula de la Conferencia Episcopal Italiana de 2012 en relación con las tributaciones", explicó. El Gobierno quiere que pague por aquellos inmuebles y actividades en los que no hay culto, y el secretario de Estado del Vaticano "entendió que las exenciones fiscales para asuntos no vinculados para el culto no es sostenible, y no lo es desde luego para el Gobierno", que está "reflexionando" sobre una política fiscal nueva que sostenga el Estado del bienestar y los derechos de los ciudadanos que tienen más "dificultades".

La Iglesia se abre a pagar por inmuebles y actividades en los que no hay culto, y a revisar con el Gobierno las inmatriculaciones no correctas

Desde ese punto de vista, siguió, "no cabe" que la Iglesia no tribute "de manera razonable, al menos como hace ya en Italia". Parolin "entendió perfectamente" la propuesta del Ejecutivo y quedaron en ver "cuáles pueden ser las fórmulas" para hacerlo posible y "trabajarlas conjuntamente". Fuentes del Gobierno adelantaron que no haría falta denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, bastaría con modificar la Ley de Mecenazgo de 2002. Las exenciones previstas en el tratado de 1979 se ceñían a una lista cerrada de bienes vinculados a determinados fines, mientras que la normativa de 2002 concede para todo el sector no lucrativo la exención de IBI de todos sus bienes salvo aquellos donde se desarrollan explotaciones económicas, que no están exentas.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, este 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano, durante su reunión. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, este 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano, durante su reunión. (EFE)

También hubo avances entre las dos partes respecto a los bienes inmatriculados por la Iglesia durante años. La institución consiguió ese privilegio con la legislación franquista de 1946, poder que reforzó con la reforma introducida por José María Aznar en 1998, y que permitió a la Iglesia poder registrar a su nombre hasta lugares de culto. La potestad le fue arrebatada definitivamente en 2015, con la nueva Ley Hipotecaria.

Calvo explicó que la propia Iglesia reconoció que en esa lista de bienes inmatriculados puede haber habido algún "error" o incluso "algún exceso". La vicepresidenta propuso que antes de que ese censo se cierre de manera correcta y pública, Gobierno e Iglesia revisen conjuntamente aquellos inmuebles que no pueden ser admitidos como bienes de los obispos porque no tienen títulos suficientes para sostener su propiedad. Se creará, pues, una comisión, para analizar qué bienes sí pueden seguir siendo de la Iglesia y cuáles no.

La número dos citó en concreto el caso de la mezquita catedral de Córdoba, que la institución registró a su nombre en 2006 y por solo 30 euros. A juicio del Ejecutivo, hay que "articular una salida completamente razonable", no solo sobre su titularidad sino sobre su "gestión", habida cuenta de su importancia histórica y artística.

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