El Gobierno sacará de la mesa con el Govern la rebaja penal para los presos del 'procés'

En la campaña de las generales del 28 de abril, PP y Ciudadanos preguntaban insistentemente al presidente del Gobierno si habría indultos a los líderes independentistas que entonces estaban siendo juzgados. El debate siguió coleando y se prolongó hasta casi las puertas de las segundas elecciones, las del 10-N. Pedro Sánchez intentó despejar dudas y, en línea con su campaña dura contra el separatismo —pretendía captar votos del centro, estrategia que no le funcionó—, advirtió de que la sentencia del Supremo se cumpliría en su integridad. No habría indultos. Pasados los comicios, ERC, el socio necesario, perseveró en su reclamación: quería amnistía para los presos del 'procés'. Esa alternativa no es posible, respondió el Ejecutivo en funciones: la Constitución no permite indultos generales.

Con el Gobierno de coalición ya constituido, se va desbrozando el camino que quiere seguir Sánchez para intentar afianzar su relación con los republicanos, a los que precisa, entre otras cosas, para sacar adelante sus Presupuestos de 2020, la ley que le permite coger oxígeno para al menos dos años. El Ejecutivo no piensa en indultos ni en amnistía, pero sí en una amplia reforma del Código Penal que podría suponer la revisión del delito de sedición, por el que fueron condenados nueve de los 12 líderes separatistas procesados. Una modificación del tipo penal a la baja, en caso de que fuera aprobada por Congreso y Senado, beneficiaría a Oriol Junqueras, jefe de ERC —sobre el que pesan 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por sedición en concurso medial con malversación—, y al resto de condenados, ya que la nueva ley se aplica de manera retroactiva si beneficia a los reos.

La reforma del Código Penal llegará a la Cámara Baja en un plazo que el Ejecutivo no ha determinado ni está aún diseñado en el Ministerio de Justicia, pero discurrirá por un carril propio. La Moncloa no tiene intención de que esta cuestión entre en la mesa de gobiernos pactada con ERC. Irá aparte, tal y como subrayan en el equipo más cercano del presidente.

"El Código Penal no se reformará en una mesa con la Generalitat. Cuando se pueda plantear, lo hará el Gobierno en su capítulo de reformas legales", dice

"El Código Penal no se reformará en una mesa de negociación con la Generalitat. Cuando se pueda plantear, lo hará el Gobierno en su capítulo de reformas legales", indican las mismas fuentes. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no quiere mezclar, o eso proclama ahora mismo, el foro de diálogo con el Govern, en el que abordará el futuro encaje de Cataluña, con la revisión de la legislación penal, materia muy delicada. Desde la cúpula del PSOE refuerzan esta argumentación: en las conversaciones con ERC que hicieron posible la investidura de Sánchez —y que desembocaron en el acuerdo de creación de esa mesa entre gobiernos, que aún no se ha puesto en marcha—, "nunca se habló de esta cuestión". Lo que se habló con los republicanos, sentencian desde el equipo que condujo las negociaciones con los de Junqueras, figura en el documento que se hizo público el pasado 2 de enero.

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La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, confirmaba este miércoles en la SER esta información: "Estamos armando ese proyecto de reforma, pero no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo. Del Código Penal y su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente autonómico [...]. La reforma del Código Penal es un instrumento de política legislativa del Gobierno de España que no va a ser sometido a ningún tipo de negociación, será sometido al Congreso y cada grupo se expresará". Calvo adelantó que con Cataluña habrá "diálogo político" y "reformas legislativas importantes en diferentes ámbitos, y no solo en la legislación penal".

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Unos tipos "homologables" a la UE

La modificación del Código Penal, una ley orgánica remodelada en profundidad en 1995 por el Ejecutivo de Felipe González y que ha sufrido diversos cambios desde entonces, está aún en mantillas. Pero el debate ya está abierto. Abierto, además, por el propio presidente. Sánchez, en su entrevista el lunes en TVE, no descartó "reducir" las penas previstas por el delito de sedición, porque el Código contiene ilícitos que no son "homologables a lo que ocurre en otros países europeos". Este martes, tras el tercer Consejo de Ministros de la coalición, la portavoz, María Jesús Montero, insistió en que el Gobierno propondrá una reforma que contendrá distintos capítulos: tanto para introducir el 'sí es sí' —que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales— como para abordar las agresiones medioambientales o tocar los tipos relacionados con los "acontecimientos ocurridos en Cataluña" en el otoño de 2017.

El diseño no está hecho: "Es adecuar la legislación al marco europeo en esta materia. No estamos en la fase de definir. Tenemos que estudiar la propuesta"

La también ministra de Hacienda insistió en que este último punto no está incluido en el acuerdo programático con Unidas Podemos, por lo que no hay una postura colegiada del Ejecutivo. Está por ver, por tanto, si los dos socios fijan una posición común o bien se deja abierto para que sean los grupos los que planteen esa reforma.

Montero apuntó que el Gobierno, en cualquier caso, buscará el consenso más amplio, incluido el PP, consciente de que es una norma sensible y troncal. Pero tampoco se lleva a engaño: el Gabinete es consciente de que los populares nunca flexibilizarán el Código Penal para beneficiar a los presos del 'procés'. Así que Sánchez tendrá que construir una mayoría alternativa con sus socios de investidura. Necesita 176 votos, mayoría absoluta, al ser una ley orgánica, y es previsible que formaciones como ERC, PNV y Bildu apoyasen esa reforma.

Los socialistas no tienen aún plenamente dibujados los cambios. En Justicia, el departamento ahora en manos del magistrado Juan Carlos Campo, señalan que aún "no hay un cronograma" que permita anticipar unos plazos. En todo caso, como recordaba este martes una ministra, las reformas del Código Penal siempre requieren de una tramitación larga. Fuentes del Gobierno avanzaban que probablemente haya que tocar tanto el concepto de rebelión como el de sedición, dos delitos distintos pero relacionados, pues son "vasos comunicantes". "Se trata de adecuar nuestra legislación al marco europeo en esta materia. No estamos en la fase de definir las penas. Simplemente tenemos que estudiar la propuesta que podemos plantearnos", puntualizan en la Moncloa.

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Actualmente, el artículo 544 del Código Penal establece que son reos de sedición los que, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad [...] el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Los condenados por sedición pueden ser castigados con pena de prisión de ocho a 10 años, y con la de 10 a 15 años, si se tratase de autoridades. En ambos casos, sigue el artículo 545, se impondrá, además, "la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo". El Supremo impuso a Junqueras una pena de 13 años, al haber sido 'vicepresident' de la Generalitat. Antes de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, Sánchez defendió una "actualización" del delito de rebelión para defender mejor la Constitución, porque el tipo estaba pensado para alzamientos militares. Tras conquistar el poder, ese planteamiento fue aparcado.

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Apretar o aflojar según el escenario

La formulación tan difusa hecha por el Gobierno le permite abrir el debate y adaptarlo según se vayan desarrollando los acontecimientos. Es decir, si el diálogo con el Govern se tuerce o ERC no acaba apoyando los Presupuestos con ERC, puede endurecer su posición. De ahí que este martes Montero afirmara que el presidente no renuncia a proponer lo que planteó en la campaña del 10-N: la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal. Por el contrario, si los republicanos facilitan la supervivencia del Ejecutivo, cabría que se buscara esa revisión a la baja de la sedición. La gestión del diálogo con Cataluña recaerá en muy pocas manos: básicamente, en las del líder socialista y en la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Además, aún habrá que aguardar unos días para tener más concreción: todos los ministros ya han pedido comparecer en el Congreso (siempre ocurre con cada arranque de legislatura) para explicar los planes de sus respectivos departamentos. Quizá entonces se arroje algo más de luz.

La gestión con Cataluña recae en pocas manos, las de Sánchez y Calvo. Y la reunión con Torra, el presidente la quiere para primeros de febrero

Si finalmente cuaja una rebaja de la sedición, los presos del 'procés' se verían beneficiados: el artículo 2.2 del Código Penal señala que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo". En el PSOE indican que esta fórmula es más 'limpia' que un indulto, una decisión del Gobierno que implica incluso la firma del Rey. Aquí se trataría de una reforma aprobada por las dos Cámaras.

Por lo pronto, Sánchez está estirando los tiempos. El acuerdo con ERC incluía que la mesa de gobiernos debiera echar a andar 15 días después de conformado el nuevo Gobierno de coalición. No será así. La reunión con Quim Torra, demandada por él mismo como paso previo, se celebrará probablemente en la primera semana de febrero, y será, dijo la portavoz, una primera "toma de contacto", para que los dos presidentes puedan dialogar "con calma" y comenzar a cimentar el diálogo. Después, ya sí, se montará ese foro de diálogo. Y, en paralelo, discurriría la modificación del Código Penal. Lo que es más prioritario para el Ejecutivo, de hecho, es el blindaje del consentimiento de la mujer en los delitos sexuales. En ese punto, el consenso de PSOE y Unidas Podemos es total.

ERC celebra de puertas para dentro el cambio en el Código Penal que rebajaría la condena a Oriol Junqueras al cambiar las penas asociadas al delito de sedición. Pero no hubo este martes declaraciones oficiales al respecto. Y a los líderes a los que se les solicitó declinaron pronunciarse. Esta será la tónica en los próximos meses, según apuntan fuentes nacionalistas: los republicanos obteniendo ventaja tras ventaja de Madrid mientras va inflamando el discurso para retener el voto en Cataluña y que no les acusen de traidores desde el resto de formaciones independentistas. La estrategia les puede servir para retener su base electoral, pero puede que desgaste en exceso al Gobierno de Sánchez, sobre todo por la actitud de PP y Ciudadanos. Los populares ya hablaban este martes de un "indulto" encubierto y Cs, de "indulto por la puerta de atrás".

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Tono muy distinto

ERC quiere conseguir la cuadratura del círculo: ir cerrando acuerdos con Madrid, incluso facilitando los Presupuestos del Estado, mientras que en el discurso verbal se radicalizan las declaraciones públicas para no perder los votos soberanistas, intentando que su nuevo pragmatismo no desate una fuga de sufragios hacia JxCAT o la CUP. En clave interna catalana puede funcionar, pero en Madrid se puede interpretar como una nueva humillación del Ejecutivo de Sánchez a manos del separatismo. Es el riesgo que se corre si ERC se pasa de frenada con esta dinámica de declaraciones que contradicen cada pacto sellado.

ERC quiere la cuadratura del círculo: radicalización en las declaraciones públicas para no perder votos hacia JxCAT y la CUP y acercar posturas con Ferraz

El 'vicepresident', Pere Aragonès, se esforzaba este mismo martes en mostrar firmeza. Refiriéndose a los Presupuestos Generales del Estado aseguraba: “Si esto funciona, de las otras cosas podemos hablar, pero si no, será muy difícil. Y si funciona, seremos muy exigentes, porque venimos de años de muchos incumplimientos por parte del Estado”. En esta línea, este dirigente insistió en que ERC ejercerá en el Congreso el papel “determinante” que le han dado las urnas.

No fue el único. El propio Junqueras esta misma semana desde la cárcel en una entrevista a 'El País' se mostraba aún más duro. "Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad: que el 'procés' tenía que acabar en la independencia. Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo Gobiernos y cerrando Parlamentos", denunció quien sería el mayor beneficiado del cambio legal al que el Gobierno abrió este martes la puerta. Y añadió: “La lección de 2017 es que lo hicimos para volver a hacerlo”.

Poco importa, no obstante, que en la mesa de negociación que se constituya entre el Gobierno y la Generalitat no se vaya a hablar del cambio en el Código Penal. Lo cierto es que el tono del Ejecutivo central hacia Cataluña ha cambiado. Fuentes de ERC, además, recuerdan que el cambio de la legislación penal necesitará tiempo, no será inmediato, que dependerá de cómo lo adapte el Tribunal Supremo y que no podrá venderse como un éxito a los suyos, que llevan años agarrados a mantras como 'ho tenim a tocar' (lo tenemos cerca).

Pero incluso los impulsores de este giro, ERC, tienen que disimularlo. Porque en términos históricos su crecimiento electoral se ha producido en un clima de crispación y ahora no quieren perder esta posición en la que, por ejemplo, ganaron las últimas elecciones generales en Cataluña.