Tregua Iglesia-Gobierno: obispos con perfil bajo y programa laicista desactivado
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Estrategia entre ambos

Tregua Iglesia-Gobierno: obispos con perfil bajo y programa laicista desactivado

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con un programa que incluía la revisión de los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede, pero esta propuesta y otras muchas al final han quedado en nada

Foto: Luis Argüello (i), Juan José Omella (c), y Carlos Osoro (d). (EFE)
Luis Argüello (i), Juan José Omella (c), y Carlos Osoro (d). (EFE)

Un tuit de monseñor Luis Argüello, el secretario de la Conferencia Episcopal, ha sido la única y tímida respuesta de los obispos españoles al 40º Congreso en el que el PSOE fijaba en Valencia las líneas maestras para la recta final de la legislatura. Apenas 280 caracteres en los que Argüello apelaba a aquellas voces del socialismo "que no apoyan los 'vientres de alquiler', ni la prostitución, ni lo 'trans'" para que apliquen al aborto "esa misma lógica, contraria al derecho a decidir sobre el mismo cuerpo" donde "además se 'decide' sobre otra persona ya engendrada". Una tímida respuesta, acorde a la línea de perfil bajo seguida en los últimos años frente a Moncloa y que queda muy lejos de aquellos tiempos en que los obispos encabezaban manifestaciones y lideraban la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una actitud que sorprende aún más si tenemos en cuenta que, además de las reformas sobre "derechos sociales" como la eutanasia, aborto o ley trans —que aunque no afectan directamente a la Iglesia, sí que se contraponen a sus principios ideológicos—, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con el mayor programa laicista de la democracia. Tanto en el documento con el que promocionó su candidatura en las primarias del PSOE, como en los programas electorales, las propuestas de Sánchez iban encaminadas a "consolidar" España como un "Estado laico". Y para ello proponía desde la "denuncia de los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979", el "establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia", la eliminación de cualquier "religión confesional" del "currículo y del horario escolar", la reversión de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia de 1998 a 2015 —el paréntesis legal que abrió la ley aprobada por el ejecutivo de Aznar para poder inscribir bienes—, la aprobación de una nueva ley de libertad religiosa y laicidad, el recorte en las exenciones del IBI o la supresión de los símbolos religiosos en las ceremonias civiles. Pero, tres años después, al igual que los obispos han dulcificado su crítica, el Ejecutivo ha aparcado parte de estas reivindicaciones, en lo que parece una especie de armisticio Iglesia-Gobierno.

Ricardo Blázquez, fue uno de los primeros en ser recibido en Moncloa en un encuentro reservado y discreto del que no se informó públicamente

Un 'statu quo' de no agresión mutua que comenzó a gestarse apenas unos días después de que Sánchez ganara la moción de censura. El entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, fue uno de los primeros en ser recibido en Moncloa en un encuentro reservado y discreto del que no se informó públicamente. Solo un tiempo después, cuando el propio Blázquez dio cuenta de la reunión al resto de obispos, se pudo saber que en un "tono cordial", el presidente le garantizó que la Iglesia no tendría conflictos institucionales de calado. En aquel primer encuentro, Sánchez elogió al papa Francisco y el giro en la imagen de la Iglesia en la sociedad y se evidenciaron las posiciones comunes con respeto a temas como la emigración. De otros asuntos más espinosos, como la eutanasia o las iniciativas sobre legislaciones LGTBI, ni se habló.

En realidad, el propio Blázquez ya se había encargado años antes de enfriar aquella tensión entre los prelados y el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Después de unos primeros años de confrontación abierta, liderada por Rouco, los obispos impedían, por un solo voto, que el entonces arzobispo de Madrid siguiera al frente de la Conferencia Episcopal y encomendaban a Blázquez la tarea de representarles. Precedido por su fama de moderado y conciliador, labrada en unos duros años al frente de la diócesis de Bilbao, Blázquez llevó al episcopado a su perfil más bajo, mientras que el protagonismo pasaba a los vicepresidentes de ambas instituciones, el cardenal Antonio Cañizares y María Teresa Fernández de la Vega. La Iglesia descubrió entonces que por esa vía, pacífica en las formas y de perfil discreto en los temas controvertidos, obtenía más rédito que con la crispación y las movilizaciones en la calle. Y así, arrancó un acuerdo de financiación a través del IRPF, todavía vigente, que le ha aportado una estabilidad financiara, con una cantidad anual que no ha parado de crecer y que superó los 300 millones de euros en el último ejercicio.

Foto: El papa Francisco saluda a los fieles congregados en el Vaticano. (EFE)

Tras aquel mandato, Rouco volvió de nuevo a ser elegido presidente, coincidiendo con la última legislatura de Rodríguez Zapatero y la primera de Rajoy. Nunca más volvieron las hostilidades. En 2014, Blázquez volvió de nuevo a la presidencia, ahora con los populares en el Gobierno, y continuó con el mismo perfil bajo. Una estrategia, que sin embargo, algunos sectores del episcopado comenzaron a poner en duda tras la imprevista llegada de Sánchez, aunque Blázquez, como demostró en aquella primera y discreta reunión, continuó con ella. La única opción de un cambio pasaba entonces por aprovechar la jubilación del presidente, prevista para febrero de 2020, para sustituirle por un prelado más combativo, al estilo del Rouco de comienzos de siglo. El candidato perfecto era Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo. Joven —en sentido eclesiástico, con 65 años—, activo en redes, de doctrina rigurosa y verbo fácil.

Pero, ante la posible reanudación de las hostilidades, el Gobierno socialista movió ficha y apostó por su propio candidato. Lo encontró en el arzobispado de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Amigo de Salvador Illa y con buena relación con Miquel Iceta, a sus 74, Omella había tenido un paso muy discreto por el episcopado, pero su papel empezó a hacerse crucial tras la llegada de Francisco, con el que le unían amistades comunes. En pocos años pasó de dirigir la diócesis de Calahorra-La Calzada, a la de Barcelona y fue nombrado cardenal. Moncloa vio en él el hombre perfecto y, no solo se encargó de hacer evidente su preferencia, sino que incluso se erigió en portavoz del Papa y lo vendió como el candidato favorito de la Santa Sede. A su favor presentaba su cercanía y su espíritu conciliador, al recordar su intento de mediar entre Rajoy y Puigdemont días antes del 1-O. Una maniobra que, sin embargo había sido frenada en seco por el Vaticano.

Foto: El papa Francisco. (EFE)

La operación Omella tuvo éxito y no solo venció a su oponente por casi el doble de apoyos (55 a 29), sino que Sanz Montes ni siquiera fue elegido vicepresidente, como suele ser habitual en el juego de compensaciones de la Iglesia católica. Venció Omella, su equidistancia, y su capacidad para hacer escuchar a cada cual lo que quiere oír en ese momento. A cambio, Moncloa encontró un aliado fiel, que no solo mantuvo el espíritu de no agresión, sino que consiguió mantener a la Iglesia neutral en temas como los indultos a los presos del 'procés', una cuestión impensable unos años antes, cuando los obispos publicaban documentos y hacían declaraciones en las que defendían "la unidad de España como bien moral".

Es cierto que en esta legislatura no han faltado los comunicados de los obispos frente a las decisiones del Gobierno que les incomodaban, pero han pasado desapercibidos. Así, la ley Celaa en Educación era un ejemplo de como "el Estado como 'gran padre' quiere anular la libertad y sustituir la presencia social en la plaza pública"; la aprobación de la eutanasia fue calificada como "un fracaso" y "una derrota para todos"; o la ley 'trans' como una disposición "que ignora la realidad sexuada de las células". Pero poco más. Ni grandes titulares, ni campañas de largo alcance ni, mucho menos, tomar la calle para reivindicar su posición.

Por contra, el programa laicista con el que Sánchez llegó a la Moncloa ha quedado desdibujado, incluso desactivado en algunos aspectos. Nadie se plantea en estos momentos que los Acuerdos Iglesia-Estado se puedan denunciar, lo que generaría una inseguridad jurídica no solo de sacerdotes y religiosos, sino en cuanto a la educación católica, la asistencia espiritual en el Ejército y la sanidad y la financiación directa de la Iglesia católica. Precisamente, en este punto, el sistema aprobado en tiempos de Rodríguez Zapatero parece más consolidado que nunca y la promesa de la institución de buscar vías para su "autofinanciación" se encuentra aparcada.

Los destinos de Omella y Sánchez parecen seguirán unidos hasta comienzos de 2024 cuando expiran sus respectivas legislaturas

También, la polémica de las inmatriculaciones se ha resuelto de la forma más favorable para la Iglesia. Gracias a la reforma de Aznar, en 1995, la Iglesia pudo inscribirse como suyas propiedades de las que tenía el uso desde hace siglos, pero de las que no había constancia registral, como muchos templos y la mezquita-catedral de Córdoba. Pero muchos ayuntamientos y entidades laicas reclamaron estos espacios como propiedad municipal o pública. Tras la promesa de revisar cada una de las 34.96 fincas inscritas, Carmen Calvo presentó en febrero de este año al Gobierno y al Congreso un informe que reconocía la legalidad de todos los inmuebles, a pesar de que en buena parte de ellos, 30.335, se había justificado la titularidad simplemente con una "certificación eclesiástica". Aunque el informe abría la posibilidad de que los posibles afectados interpusieran una reclamación judicial, las asociaciones civiles consideraron imposible esa vía, por lo que la medida se convertía, de facto, en una “amnistía registral”, totalmente opuesta a la anulación que habían solicitado.

Tampoco la nueva ley de Educación, a pesar de las críticas de los obispos, ha supuesto un gran cambio en la situación de la asignatura de religión católica. Cierto es que ha dejado de puntuar de cara a las pruebas a la Universidad, pero sigue dentro del horario y del currículo escolar y los colegios tendrán que preparar unas actividades para los alumnos que no la cursen. Así las cosas, los destinos de Omella y Sánchez parecen seguirán unidos hasta comienzos de 2024 cuando expiran sus respectivas legislaturas. Para entonces podrán pensar en la reelección —difícil para el cardenal que estará a punto de cumplir 78 años— o la retirada, pero lo que es muy probable que continúe es el armisticio de entre ambas instituciones, que tantos réditos comunes les ha dado.

Un tuit de monseñor Luis Argüello, el secretario de la Conferencia Episcopal, ha sido la única y tímida respuesta de los obispos españoles al 40º Congreso en el que el PSOE fijaba en Valencia las líneas maestras para la recta final de la legislatura. Apenas 280 caracteres en los que Argüello apelaba a aquellas voces del socialismo "que no apoyan los 'vientres de alquiler', ni la prostitución, ni lo 'trans'" para que apliquen al aborto "esa misma lógica, contraria al derecho a decidir sobre el mismo cuerpo" donde "además se 'decide' sobre otra persona ya engendrada". Una tímida respuesta, acorde a la línea de perfil bajo seguida en los últimos años frente a Moncloa y que queda muy lejos de aquellos tiempos en que los obispos encabezaban manifestaciones y lideraban la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

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