Mezquita, catedral... ¿o la historia de un gran escándalo inmobiliario?

“La Mezquita-Catedral de Córdoba se ha convertido en la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España”. Lo sostiene Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba e impulsor de la plataforma ciudadana que suma casi400.000 firmasde apoyo desde hace ya más de un año en contra de lainmatriculación del monumentopor parte de laIglesia, que escrituró en marzo de 2006 al módico precio de 30 euros, exentos de impuestos en virtud del Concordato de España con la Santa Sede. La reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar y la pervivencia de dos artículos franquistas abrió las puertas a la Iglesia a registrar, con los obispos como notarios, los bienes que consideraran de su propiedad y que no estuvieran a nombre de nadie.

Solo en Córdoba se ha hecho 500 inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad según el propio Cabildo. No solo templos. También dos plazas públicas y hasta un quiosco. Se desconoce el dato en España. El Gobierno no lo ha hecho público pese a las reclamaciones de los parlamentos de Andalucía y Navarra y preguntas en el Congreso y el Senado. Las plataformas ciudadanas hablan de hasta 5.000 bienes. En Sevilla, por ejemplo, la Iglesia guarda silencio sobre la inmatriculación de la Catedral y la Giralda. Pero sólo en Córdoba la polémica comienza a tener eco internacional.

Quienes reprochan a la Iglesia su actitud aseguran que no se pone en cuestión el culto católico sino asuntos más prosaicos como la titularidad o la gestión del monumento desde el punto de vista turístico. Desde la plataforma Por una Mezquita-Catedral de todos aseguran que no se trata de una disputa política ni religiosa aunque sí reprochan a la Iglesia una “colonización católica” del monumento con una invasión de imaginería de santos y vírgenes en los últimos meses o la obligación de que los guías realicen cursillos de catequesis antes de optar a la plaza. “La Unesco reconoció la Mezquita-Catedral en 1984 patrimonio Mundial como símbolo de concordia y va camino de convertirse en un símbolo de intolerancia”, lamenta el portavoz de la plataforma. Voces de la Iglesia no oficiales se atreven, en plena oleada de violencia yihadista, a querer vincular la polémica con una especie de reconquista islamista de Al-Andalus desde este templo.

La disputa lleva más de un año en el candelero y el tiempo se agota para quienes tratan de evitar lo que consideran “una apropiación indebida y clandestina”. El ex ministro Gallardón impulsó una reforma de la ley hipotecaria que ahora mismo se debate en el Congreso y cuyo plazo de enmiendas acaba en febrero. Eliminaría esa puerta a la Iglesia para inmatricular bienes con una prórroga de un año. Después, la reforma legal permitiría una especie de amnistía registral. Desaparecería la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional esos artículos de la ley que quedarían fulminados. A partir de ahí, la única vía legal abierta sería recurrir una a una las inmatriculaciones. La Conferencia Episcopal defiende que se ajustan escrupulosamente a la ley. La norma fija diez años para que, una vez realizada la inmatriculación, la Iglesia disponga del bien de por vida. En la mezquita expira en 2016.

En paralelo, IU trata de recogerfirmas en el Congreso para elevar un recurso de inconstitucionalidad. De momento, solo tiene las de sus diputados y miembros del grupo mixto porque el PSOE se resiste a pronunciarse pese a que, por ejemplo en Andalucía, han aprobado varias resoluciones a favor de la titularidad pública. Algo que ha reivindicado la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El siguiente paso de las plataformas será acudir a la Comisión y el Parlamento europeos. El pasado noviembre hubo una dura sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que obligó al Obispado de Palencia a devolver unos terrenos. La diputada de IU en Andalucía, Alba Doblas, habla de “expolio” y confía en que el Gobierno andaluz, que ha encargado un informe jurídico sobre la propiedad, acabe presentando un recurso de inconstitucionalidad que hoy está en el aire.

La Iglesia, propietaria desde Fernando III

El Cabildo habla de “polémica artificial” e insiste en que la inmatriculación del templo solo consistió en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya poseía desde 1236. “La inmatriculación no supone en ningún caso un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad”, sostiene la Iglesia. Se aferran a un reciente informe del Gobierno para insistir en que “la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma”. Niegan además haber borrado la palabra mezquita e informan de que esa denominación “aparece en 23 ocasiones en su página web y en 6 ocasiones en los folletos oficiales”.

El último día del pasado año la Consejería de Turismo de Andalucía hizo llegar al Cabildo catedralicio de Córdoba su propuesta por escrito para una gestión compartida. En plena polémica por la titularidad, el Gobierno andaluz invita a la Iglesia a cerrar una fórmula conjunta que permita a la Junta y al Ayuntamiento cordobés participar en la explotación, planificación turística y la promoción del segundo monumento más visitado de Andalucía tras la Alhambra de Granada. La Iglesia no ha dado respuesta.

Tres meses para negociar

El documento es muy abierto y recoge varias propuestas. Apunta a una fórmula con base jurídica bajo el formato de consorcio, patronato o fundación. O a una segunda posibilidad mediante la firma de un convenio. Rodríguez advierte que la negociación “no puede ser eterna” y fija un plazo de tres meses. “Si no es posible el acuerdo o no existe voluntad, cada parte deberá asumir su responsabilidad”, advierte Rodríguez. “No queremos imponer nada solo reclamamos la participación en la gestión de un monumento que en el 90% del tiempo tiene un uso turístico”, asegura el responsable del Gobierno andaluz. Rodríguez asevera que “en los últimos años” la Iglesia “está dando pasos que no son adecuados”. Se refiere al cambio en la denominación propiciado por la Iglesia, que ha llevado a hacer desaparecer la palabra mezquita de muchos folletos turísticos y hasta del Google Maps por cuatro días, a la señalética utilizada en el monumento o incluso a los horarios impuestos.

Durante los últimos 20 años, las administraciones públicas han invertido un total de diez millones de euros en la rehabilitación y mantenimiento del monumento. Lo que haya gastado la Iglesia se desconoce porque las cuentas no son públicas. La Junta exige transparencia sobre los números de la explotación turística, al margen de lo que la Iglesia obtenga por otras vías como donaciones, aportaciones de fieles o herencias. Aclara que no pide en ningún caso que el dinero revierta en las arcas.

El pacto de no agresión que ha rodeado a la Mezquita-Catedral de Córdoba, denominación que se consensuó en 1994, entre las administraciones y la Iglesia se ha quebrado. “En los últimos años se han dado pasos desde el Cabildo que han roto esa normalidad histórica”, asegura el consejero de Turismo, que habla de un “cambio radical” por parte de la Iglesia. Desde la plataforma insisten en que las cuentas de explotación del monumento son opacas, no se depositen anualmente en el Registro Mercantil ni se publican. Una simple estimación sobre el precio de la entrada, ocho euros, lleva a una cantidad de “entre 11 y 13 millones de euros anuales”, según Manuel Esteban Rodríguez. Asegura además que la Iglesia ha renunciado a fondos públicos para evitar mostrar sus cuentas, a lo que obligaría la ley de transparencia.