La estrategia del Gobierno: pactar con el Vaticano y saltarse a la Conferencia Episcopal

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado por hecho que la Iglesia católica pagará el IBI de aquellos edificios no dedicados exclusivamente al culto religioso. En su primera comparecencia en el Congreso en esta legislatura, la encargada del Gobierno de las relaciones con las entidades religiosas, sostuvo que el Vaticano “está en la mejor disposición” para abordar esta revisión de su régimen fiscal y que las pretensiones del Ejecutivo no son más que dar cumplimiento “a lo previsto en nuestros acuerdos y que ya se hace en países como Italia o Francia”.

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Juanma Romero

Lo que se esconde detrás de estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno es su estrategia de negociación: saltarse a la Conferencia Episcopal, el interlocutor habitual en estos casos, para pactar de forma directa con la Santa Sede. Además del asunto del IBI, la agenda en asuntos religiosos del actual Gobierno parece abultada. Otros temas clave como recuperación de los bienes inmatriculados “indebidamente por la Iglesia”, la revisión del estatus de la asignatura de Religión, el papel de la escuela concertada católica y, de fondo, la constante amenaza de la derogación de los acuerdos Iglesia-Estado son cuestiones que auguran una encendida confrontación. Sin embargo, el Gobierno parece haber cogido a los obispos con el paso cambiado, como lo demuestra su tibia respuesta a la aprobación de la proposición de ley de eutanasia esta misma semana.

Aunque la propia Calvo reconocía el jueves que cerrará el acuerdo a partir de marzo, cuando la Conferencia Episcopal elija a su nuevo presidente, su táctica parece clara: plantarse frente a los obispos con una política de hechos consumados y frenar su margen de maniobra con acuerdos cerrados directamente con el Vaticano o su representante en España, el nuncio Bernardito Auza, mucho más proclives a los planteamientos del Gobierno que el episcopado español. Una maniobra que inició la propia Carmen Calvo hace un año cuando consiguió arrancarle al secretario de Estado Vaticano la no injerencia de la Iglesia en la exhumación de los restos de Francisco Franco y que ha ratificado hace unos días apresurándose a reunirse con el nuevo nuncio de la Santa Sede. Mientras, los obispos, que desde hace unos años mantienen un perfil bajo en su actividad pública, niegan “sentirse ninguneados”, pero reconocen no haber recibido en las últimas fechas ninguna llamada del Gobierno para iniciar las negociaciones.

En febrero de 2019, la vicepresidenta Carmen Calvo se desplazaba al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El objetivo, poner sobre la mesa los temas ya expuestos, sobre los que pactaron una agenda. Y un primer golpe de efecto, la promesa vaticana de no injerencia de la Iglesia ante la exhumación de los restos de Franco, frente a un díscolo prior del Valle de los Caídos que amenazaba con no consentir la entrada en la basílica y unos obispos que evitaban pronunciarse pero que 'sottovoce' no ocultaban su desagrado con la iniciativa. Fue la primera de varias reuniones, siempre en un clima “cordial y colaborativo” según ha manifestado el propio Ejecutivo y que ha abierto un periodo “de buenas relaciones” entre el Gobierno y el Vaticano, según la vicepresidenta.

Tampoco han faltado desencuentros, con el Vaticano obligado a matizar las palabras de Calvo y revelar que nunca se había pronunciado sobre el destino final de los restos de Franco. Pero sobre todo con los obispos españoles, como cuando la vicepresidenta les recordaba en julio la ausencia de respuesta a la carta que les había enviado seis meses antes y en la que les instaba, ya entonces, a la creación de una comisión mixta que abordara la cuestión del IBI y el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, de acuerdo a la agenda que ella misma había pactado con Parolin. Precisamente, ese segundo tema es el único que aparece de forma explícita en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que fija como objetivo del Ejecutivo “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”. Aquella carta de Calvo sigue sin respuesta.

Quizás por ello, y para tratar de recuperar la iniciativa, hace unos días la vicepresidenta recibía al nuevo nuncio de la Santa Sede en España, el arzobispo filipino Bernardito Auza, en el que Calvo pone “unas expectativas muy positivas”. El encuentro fue valorado como muy productivo por ambas partes y el ministerio de la Presidencia destacaba que tanto la vicepresidencia como el nuncio "han mostrado su disposición a seguir trabajando para dar continuidad a la agenda del Gobierno de España en materia de asuntos religiosos para la presente legislatura”. Un nuevo espaldarazo a la hoja de ruta gubernamental.

Una antigua estrategia

El éxito de las gestiones de Calvo es novedoso, pero no tanto la estrategia en sí. Hace quince años, su antecesora María Teresa Fernández de la Vega ya se plantó en el Vaticano con ánimo de reunirse con las más altas instancias, unos días antes de la manifestación que la concertada había convocado contra la reforma de la ley educativa. Su intención era recabar el apoyo de la Santa Sede frente a la rebelde iglesia española. A cambio, ofrecía la colaboración del Gobierno en la cooperación con Latinoamérica lo que se traducía en un buen respaldo económico. Pero se topó con el muro vaticano. Se reunió con el entonces secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano. Buenas palabras, mejor educación, pero un mensaje claro: el interlocutor en los asuntos de la iglesia española es la Conferencia Episcopal. Ese era entonces el criterio de la diplomacia vaticana.

Ahora la situación es distinta. Otro Papa, otro secretario de Estado y, sobre todo una nueva forma de administrar los asuntos de política internacional. Con un precedente en el acuerdo gestado por el mismo Parolin con China, en el que el Vaticano hizo amplias concesiones al Ejecutivo comunista con la promesa -no cumplida- de restablecer unas relaciones diplomáticas rotas desde 1951. En contra de la Iglesia local, que vive desde hace décadas en la clandestinidad, el Vaticano aceptó los obispos nombrados durante años por el Gobierno chino y se comprometió a pactar los futuros nombramientos, a cambio de que Pekín reconociera al Papa como máxima cabeza de la Iglesia. Concesiones que no parecen haber frenado la persecución a la Iglesia fiel a Roma.

Una negociación saldada con unas condiciones muy ventajosas y que ahora Carmen Calvo parece querer reeditar para el Ejecutivo de Sánchez. Cuenta a su favor con la debilidad del otro interlocutor, los obispos. En los últimos años, los órganos directivos de la Conferencia Episcopal han mantenido un perfil muy bajo, sobre todo por parte de su presidente, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Nada que ver con aquellos años en que el cardenal Rouco era un protagonista destacado de la escena política, o el cardenal Cañizares se afianzaba como interlocutor privilegiado con el gobierno socialista gracias a su amistad con Fernández de la Vega o José Bono.

Aún así, los obispos niegan el desprecio. La semana pasada, el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmaba que “no vemos como ninguneo” las reuniones de Calvo con el nuncio y el secretario de Estado, y recordaba que “la Santa Sede suele encomendar a la Conferencia Episcopal del lugar la concreción de los acuerdos”. Pero, aunque mostraba su predisposición al diálogo, reconocía que “no habían recibido ninguna llamada” del Ejecutivo para iniciar las negociaciones. Con respecto al que parece el principal tema de la agenda del Gobierno, la revisión del IBI, Argüello planteaba “una doble clave: la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación”. Se refería a que la actual ley de mecenazgo, que exime a la Iglesia católica de este impuesto, también lo hace a otras entidades sin ánimo de lucro como ONGs, partidos políticos y sindicatos. “El Gobierno tiene derecho a regular su política fiscal, pero lo que plateamos es que este asunto no se trate como si fuera solo un privilegio de la Iglesia, porque no es así”, añadía. Un matiz que no parecía tener en cuenta el cardenal Parolin cuando se sorprendía ante la vicepresidenta de que la Iglesia católica no pagara estos impuestos en España.

El escenario podría cambiar el próximo marzo si los obispos optan por elegir una presidencia fuerte para su órgano colegiado. El cardenal Blázquez acaba su segundo mandato consecutivo y, con 77 años, está a la espera de que el Vaticano acepte su renuncia. Los obispos se reúnen del 2 al 6 de marzo para renovar toda su comisión permanente, en un proceso que tradicionalmente no tiene candidatos ni campaña electoral. La gran disyuntiva a la que se enfrentan es si optan por un presidente que mantenga la discreción o por alguien que reclame protagonismo y su papel natural en la negociación con el Gobierno, aún a costa de contrariar al propio Vaticano. De fondo, el dilema entre quedar arrinconados como la iglesia china o el riesgo de iniciar una confrontación abierta, como en los tiempos en que los obispos parecían encabezar la oposición al Ejecutivo con constantes comunicados y su presencia en las calles al frente de las manifestaciones.