El Gobierno esgrime una carta del Vaticano para presionar al prior y sacar a Franco ya

El Vaticano vuelve a la posición de partida. Sí permite la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Está de acuerdo. "No se opone". Y además recuerda "y seguirá recordando" a la comunidad benedictina que custodia la basílica y que se opone a la salida del dictador que ha de respetar la ley.

El Gobierno dio a conocer este miércoles la posición de Roma, que el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, escribió a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una carta fechada el pasado 14 de febrero, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el acuerdo motivado de exhumación del general. El planteamiento no es en sí mismo nuevo, pero sí tiene interés por esa reiteración, ya que a comienzos de año el portavoz interino de la Santa Sede dio otra respuesta. Y no hay que olvidar que el Ejecutivo intenta culminar su proyecto estrella lo antes posible. Parece 'a priori' complicado que llegue antes de las elecciones generales del 28 de abril, sobre todo si el Tribunal Supremo admitiera la adopción de medidas cautelares y suspendiera el procedimiento.

"Deseo reiterar lo que señalé a Vuestra Excelencia [Carmen Calvo] durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre. Es decir, que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles", indica el párrafo más importante de la misiva dirigida a Calvo, según indicaron fuentes gubernamentales.

La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone

La aclaración de este 14 de febrero, que por otra parte la vicepresidenta había anticipado en una entrevista este fin de semana, es una respuesta al escrito que la vicepresidenta envió a Parolin el pasado 18 de enero, y en el que le mostraba la inquietud por la cerrazón del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a autorizar el acceso para posibilitar la exhumación, y también por las distintas posiciones mantenidas por la Iglesia.

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De hecho, el pasado 5 de enero, el portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, explicó en una nota lo siguiente: "Sobre el traslado de los restos de Franco, no tengo nada que agregar con respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede, o sea que el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". Unas palabras que extrañaron al Gobierno, porque en la reunión que Calvo y Parolin, mano derecha del papa Francisco, mantuvieron el pasado 29 de octubre, este sí le dejó claro que no se opondría a la salida de Franco del Valle de los Caídos.

"A la abadía fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles", afirma Roma

En ese mismo comunicado de octubre, insólito en la diplomacia vaticana, el secretario de Estado, a través del entonces portavoz, desmintió a Calvo, que había hablado de un acuerdo para intentar evitar que la cripta de la catedral de la Almudena, como deseaba la familia, se convirtiera en el lugar de reinhumación del dictador. Parolin "en ningún momento" se pronunció sobre el sitio de enterramiento, aunque sí estimó "oportuno" que se buscaran otras alternativas en "diálogo" con la familia.

Este 20 de febrero, el mismo Gisotti confirmaba a EFE en Roma que el secretario de Estado "ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno español en la que reitera la posición de la Iglesia, es decir, que no se opone a la exhumación de los restos de Francisco Franco".

En consecuencia, con esta carta a Calvo, el Vaticano vuelve al punto de partida. A octubre. Aunque con un capotazo para el Ejecutivo muy importante, ya que en su respuesta la mano derecha del Papa advierte a los benedictinos (y, por tanto, al prior administrador de la basílica, Santiago Cantera), que tiene que "observar" el ordenamiento jurídico y "respetar a las autoridades civiles". El pasado domingo, en una entrevista en 'La Razón', Cantera volvía a expresar su negativa a la exhumación: "Cometerían una ilegalidad y esto tendría repercusiones penales. No se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa en un espacio que es inviolable".

El monje se aferra a los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que indican que "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes", y por tanto el Gobierno "no podría entrar sin el permiso del ordinario del lugar". Sin embargo, el Ejecutivo, en el acuerdo motivado en el que da orden de que se proceda a la exhumación de Franco, ya indica que incluso sin autorización del prior podría acceder a la basílica, ya que un templo, aunque sea "inviolable", no es "inmune" a la jurisdicción civil.

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El prior se sentía respaldado

Con esta carta de Parolin, el Gobierno quiere dejar en evidencia a Cantera. Demostrar que está solo en su oposición al desenterramiento del dictador, que la Iglesia no le secunda. La Archidiócesis de Madrid y la Conferencia Episcopal Española (CEE) ya habían manifestado que no se oponían a la salida de Franco de Cuelgamuros. El problema es que ambas instancias no mandan sobre la abadía. Por encima de Cantera solo hay tres escalones: uno primero, el del abad de Silos, Lorenzo Maté, y ambos tienen como superior al jefe de la congregación benedictina de Solesmes, en Francia, Philippe Dupont. Por encima de este solo queda el papa Francisco, que se ha vuelto a pronunciar a través de su número dos, el secretario de Estado.

El Ejecutivo espera que, tras este pronunciamiento claro de Parolin, el prior se quede sin coartada, pero podría entrar, arguye, incluso sin su permiso

En cualquier caso, Cantera ha demostrado ser correoso, y quiere esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que la familia ya ha anunciado que acudirá. "Pienso que el Supremo, atendiendo a todas las razones jurídicas, se va a oponer a la exhumación. Pero incluso si la Justicia española determinase la exhumación se podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)". El prior, en su entrevista, se aferraba a su vez a las palabras del portavoz interino del 5 de enero, cuando afirmó que no se inmiscuiría en este asunto: "La Santa Sede entonces nos respaldó diciendo que era una cuestión entre el Gobierno, la familia y la Iglesia local, que en este caso somos nosotros que tenemos la jurisdicción como ordinario del lugar sobre este templo". Ahora, cree el Ejecutivo, el administrador de la basílica se queda sin coartada.

De fondo están unos tiempos muy ajustados y una medida estrella que Pedro Sánchez querría tener lista para antes del 28 de abril, como reclamo electoral potente para la izquierda. Pero todo se frustraría si el Supremo paralizara cautelarmente el proceso, pues solo entraría al fondo del asunto hasta pasados meses. Si no hubiera suspensión, el Gobierno sí tiene claro que ejecutaría la exhumación, que podría materializar en apenas tres horas y con un coste de 3.738,90 euros. Unos trabajos a los que la familia podría asistir si quisiera, según el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Ese acuerdo, no obstante, concede 15 días hábiles a la familia para decidir un lugar de inhumación distinto a la Almudena que respete la Ley de Memoria y evite riesgos de seguridad. Por lo que pueda pasar, el Gabinete socialista ya no se fija metas temporales. Ya lo hizo meses atrás, y al final los acontecimientos superaron esas previsiones. El expediente se ha alargado mucho más de la cuenta.