El Gobierno ordena la salida de Franco del Valle pero sin fecha clara de ejecución

El Gobierno sube el siguiente escalón en el endiablado procedimiento administrativo para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Acuerda su salida de la basílica y da 15 días hábiles a la familia para que decida un lugar alternativo de inhumación que no sea, bajo ningún concepto, la cripta de la catedral de la Almudena. Si los descendientes del dictador no se pronuncian o no hay consenso entre ellos, una nueva reunión del Consejo de Ministros determinará entonces la fecha y el sitio de enterramiento. Sobre el papel, los tiempos parecen claros, pero teniendo en cuenta que los Franco han desplegado toda una batalla judicial contra el Ejecutivo y que está anunciado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, es difícil determinar cuándo el general sale de Cuelgamuros. Si es que lo consigue. 'A priori', no será sencillo que culmine todo el proceso antes de las elecciones generales del 28 de abril.

La titular de Justicia, Dolores Delgado, no se atrevió desde luego a dar fechas siquiera aproximadas este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros ordinario que siguió a la cita extraordinaria en la que Pedro Sánchez informó a su equipo de que habrá urnas el 28-A, menos de un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La ministra fue quien explicó los pasos dados hasta ahora por el Gobierno desde que aprobó el real decreto ley que posibilitaba la exhumación, el pasado agosto, hasta los que quedan por recorrer. Un camino que reconoció "complicado, difícil", por todas las zancadillas habidas (hasta 14 recusaciones contra la instructora del expediente, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, amén de recursos e impugnaciones judiciales). Pero el esfuerzo, señaló, ha merecido la pena porque se trata de un "acto de Estado, histórico, político" y que busca la "convivencia" y la "conciliación" de todos los españoles.

Pero ahora se ha "culminado" un procedimiento administrativo "con todas las garantías". El Consejo de Ministros, mediante un acuerdo motivado aprobado este viernes, concede 15 días hábiles a la familia —o sea, tres semanas naturales a partir de la notificación— para que comunique dónde procede reinhumar al cadáver de Franco, con la única salvedad de que no puede indicar la cripta de la catedral de la Almudena. El Gobierno veta ese emplazamiento por "razones de orden público", como así ya lo dictaminó la Delegación del Gobierno en Madrid, y por "cumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica, para no convertir un espacio público en un lugar de exaltación del dictador.

Delgado subraya que se ha "culminado" un proceso administrativo "complejo" porque ha sorteado muchos obstáculos, pero es un "acto de Estado"

Si la familia Franco Martínez-Bordiú —en este punto del procedimiento, el Ejecutivo solo se dirige a los nietos, a nadie más, al ser los directos interesados— responde con el silencio o bien no hay unanimidad entre ellos a la hora de designar un lugar de sepultura, entonces el Consejo de Ministros resolverá la fecha y dónde el dictador ha de ser reinhumado.

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"Orden público" y legalidad

Los descendientes han insistido en todos estos meses que quieren que su abuelo descanse en la cripta de la catedral de la Almudena, en la tumba que compraron a perpetuidad a la Iglesia. Y en sus alegaciones incluso rechazaron los motivos esgrimidos por el Gobierno. Decían que no se podían presumir riesgos de seguridad por la baja afluencia de público que podía preverse. La familia aún podría señalar un lugar que el Ejecutivo considerase no apropiado por el riesgo de exaltación del dictador. Delgado recordó que los dos "pilares fundamentales" para aceptar una indicación de sepultura son "el cumplimiento de la ley y el orden público". "En esos parámetros nos moveremos a la hora de inhumar los restos de Franco", subrayó.

El Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para acceder a la basílica aun sin permiso del prior porque la "autoridad civil" tiene "competencia"

El Gobierno ya no se atreve a hacer cábalas de qué puede ocurrir a partir de ahora. La familia podría recurrir al Supremo la decisión. Ya lo hizo antes. El TS dijo en diciembre que no paralizaba el expediente porque no estaba culminado, pero sí se abrió a un pronunciamiento posterior cuando estuviera concluido. Los Franco Martínez-Bordiú, representados por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, ya han anunciado que acudirán a la Justicia para detener la exhumación. Si lo hacen, habrá que ver qué decide el Supremo, que podría admitir a trámite o no la impugnación y aceptar o no las probables medidas cautelares que los nietos soliciten. Con todos estos condicionantes, a Justicia le resulta imposible avanzar plazos: "Vamos a ir por pasos [...]. No es que no quiera concretar, ya me gustaría. Es que hay que ir paso a paso", aseguró la ministra, que compareció este viernes junto a la portavoz, Isabel Celaá. Los únicos tiempos tasados, recordó, son estos 15 días hábiles para la familia.

Delgado no quiso pronunciarse sobre los efectos que podría tener ese eventual recurso de la familia, ni si el Gobierno teme que el TS suspenda el procedimiento hasta entrar en el fondo del asunto. Sería hacer "justicia-ficción", señaló. La duda es si el Ejecutivo podría proceder a la exhumación antes de que llegue una resolución del Supremo. Fuentes próximas a la responsable de Justicia dejaron entrever que sí, pero también es cierto que el Gabinete se ha movido en todo este tiempo con pies de plomo.

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Había que "hacerlo bien"

La ministra insistió en que todo el proceso se ha conducido con las máximas "garantías" y en que el Gobierno ha sido absolutamente "escrupuloso" en todo momento. Mantener el cuerpo de Franco en la basílica del Valle de los Caídos, razonó, "no ayuda" a la "convivencia" entre españoles porque solo contribuye a su "dignificación y recuerdo". Por eso había que "hacerlo bien".

La permanencia de Franco en Cuelgamuros "no ayuda" a la "convivencia" entre españoles porque solo contribuye a su "dignificación y recuerdo"

El Gobierno no solo cuenta con la oposición firme de la familia. También con la del prior administrador, Santiago Cantera. Delgado desveló que el Ejecutivo ya cuenta con una fórmula para garantizarse la entrada en el templo. El acuerdo aprobado este viernes, señaló, permite al Gabinete que adopte las decisiones necesarias legalmente para acceder a ese lugar de culto, en el que no queda "excluida" la competencia de la "autoridad civil".

El Valle de los Caídos es titularidad de Patrimonio Nacional, aunque los benedictinos son los custodios de la basílica. Los nietos y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) han repetido que la exhumación es una "quimera" toda vez que no será posible sin la autorización de Cantera, porque los acuerdos con la Santa Sede de 1979 impiden al Estado la entrada a un lugar de culto si ese plácet no existe.

Delgado también apuntó que ahora es el momento de "solicitar las correspondientes autorizaciones" a todos los concernidos, Iglesia incluida, para ejecutar el acuerdo.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ya dio el visto bueno al proyecto de obra que elaboró Patrimonio Nacional, que administra la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957. Los trabajos contemplados no implican "alteración alguna sobre las condiciones de volumen, ocupación o edificabilidad del edificio existente, por lo que no suponen modificación urbanística", por lo que se catalogarían de "obra menor". El organismo señalaba que no habrá "afectación" sobre las consideraciones arquitectónicas del inmueble, ya que solo se trata de retirada de la losa sepulcral bajo la que yace Franco y la reposición del solado.

Coste de la exhumación: 3.738,90 €

El documento de Patrimonio [aquí en PDF] indica que para poder quitar la piedra que cubre al dictador harían falta tres horas de trabajo, y para la colocación posterior del forjado y el enlosado de mármol se requerirían dos días. Es decir, que para completar toda la obra se necesitarían tres jornadas laborales.

De acuerdo con las valoraciones realizadas por el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, tomando como referencia los trabajos de movimientos de piezas pétreas en condiciones similares, el importe de la retirada de la losa de granito se estima en 3.090 euros (IVA no incluido). La ejecución del trabajo, así como la exhumación de Franco, habría de ser contratada a una empresa de servicios funerarios. En cambio, la reposición de las seis losas de mármol negro Marquina podría correr a cargo del personal de Patrimonio, que ya dispone de los materiales necesarios, por lo que no habría un coste adicional. El total de las obras ascendería a 3.738,90 euros, incluidos los 3.090 de la ejecución material y el 21% de IVA (648,90 €).