LOS PASOS FINALES DEL GABINETE SOCIALISTA

El Gobierno no esperará al Congreso para sacar a Franco: se basta con las leyes en vigor

Sánchez ya tiene el armazón legal construido para impedir que el dictador acabe en la cripta de la Almudena: a partir del informe del delegado en Madrid, usará la Ley de Seguridad Ciudadana

Foto: Flores sobre la tumba de Francisco Franco en el 43º aniversario de su muerte, el pasado 20 de noviembre en el Valle de los Caídos. (Reuters)
Flores sobre la tumba de Francisco Franco en el 43º aniversario de su muerte, el pasado 20 de noviembre en el Valle de los Caídos. (Reuters)

El plan B ya es el plan A. A la vista de que el Congreso no permitirá la tramitación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, por el bloqueo de PP y Ciudadanos en la Mesa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha asumido que tendrá que echar mano de otras herramientas para evitar a toda costa la reinhumación de Francisco Franco en la cripta de la catedral de la Almudena. El informe requerido a la Delegación del Gobierno en Madrid, que desaconseja el enterramiento en pleno centro de la capital por razones de orden público y de seguridad, ha servido en bandeja a La Moncloa el argumento y el instrumento jurídico que necesitaba: se agarrará a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para impedir que la familia del dictador se salga con la suya. No aprobará ningún real decreto ni ninguna normativa adicional. Se apoyará en la ya existente.

La incógnita que pesaba desde hace meses, una vez que el Gobierno, primero a través de su vicepresidenta, Carmen Calvo, confirmó que se opondría a inhumar a Franco en la Almudena, ya está resuelta. Y las cartas, sobre la mesa. El Ejecutivo adelantó que si el Congreso obstruía la reforma de la Ley de Memoria, entonces haría uso de todos los "recursos" a su alcance para llegar al mismo destino. Enseguida comenzó a trabajar en un camino alternativo, porque parecía bastante previsible que la vía parlamentaria tropezase con obstáculos imposible de superar. Y así ha sido.

El Gabinete quería aprovechar la tramitación como proyecto de ley del decreto de exhumación del dictador para introducir unas enmiendas que impidieran, con claridad, que el general acabara en la Almudena. Las modificaciones de los socialistas planteaban que el Gobierno podría cerrar temporal o definitivamente los espacios de acceso público —caso de la cripta de la catedral madrileña— en los que pudieran producirse episodios de "enaltecimiento o exaltación del franquismo". Además, se amenazaba con multa a los titulares de esos espacios (o sea, la Iglesia) que permitieran el homenaje al régimen. La redacción de esas enmiendas reflejaban hasta qué punto Sánchez no había contado con la obstinación de los Franco. De haber anticipado ese escenario, habría introducido esos puntos en el mismo real decreto ley que el Congreso convalidó en septiembre, y habría tenido ya el problema resuelto.

La reforma de la Ley de Memoria sigue atascada en el Congreso porque PP y Cs, con mayoría en la Mesa, prorrogan el plazo de enmiendas


Esas enmiendas no se llegaron ni a registrar. El plazo para la presentación de las aportaciones de los grupos se sigue prorrogando semana tras semana porque PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en la Mesa, se oponen a que la reforma de la Ley de Memoria continúe su curso. Los naranjas han venido alegando hasta ahora que necesitaban tiempo para redactar sus enmiendas, que querían ajustar al informe que los expertos reclutados en 2011 por el entonces ministro de la Presidencia, el socialista Ramón Jáuregui, hicieron sobre la resignificación del Valle de los Caídos. Lo cierto es que ninguno de los dos partidos están dispuestos a facilitar un trofeo al Ejecutivo.

Contactos discretos con la Iglesia

En paralelo, miembros del Gobierno siguieron manteniendo conversaciones discretas con la Iglesia, "a todos los niveles", más allá de la entrevista que Calvo mantuvo en Ciudad del Vaticano con el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin. "Ellos también están horrorizados con la posibilidad de que Franco fuera a la Almudena, tanto por una cuestión de seguridad [su reinhumación allí obligaría al Arzobispado de Madrid a contratar vigilantes privados], como por pérdida de reputación, porque se volvería a asociar a la Iglesia con la dictadura. Pero nos trasladaron que no podían hacer nada para impedirlo, porque los Franco compraron la sepultura en la cripta a perpetuidad", explican en el Ejecutivo.

El Ejecutivo se confiesa "preocupado" por la seguridad y por eso la instructora encargó el informe al delegado del Gobierno en Madrid

Al tiempo, en La Moncloa se confesaban "siempre preocupados" por la cuestión de la seguridad y el orden público, "y más con lo que ha ido pasando" en los últimos meses: desde la pintada en la tumba de Franco el pasado 31 de octubre hasta el choque entre falangistas y tres activistas de Femen en la plaza de Oriente de Madrid el 18 de noviembre. En este último episodio de alta tensión, hubo cruces de insultos y agresiones físicas que motivaron la intervención policial, dos identificaciones y una detención. Fuentes del Ejecutivo relatan que estos hechos empujaron a la instructora del expediente administrativo de exhumación de Franco, Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia, a requerir un informe a la Delegación del Gobierno en Madrid, "para curarse en salud". Latorre, como responsable del procedimiento, puede pedir todos aquellos documentos que considere convenientes, advierten en el Gabinete. La Fundación Francisco Franco protesta por no haber sido informada por adelantado y ha presentado alegaciones.

El texto firmado por el delegado en la Comunidad, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes [aquí en PDF], es concluyente: aconseja (incluso habla del riesgo de atentado terrorista), por las dificultades para mantener el orden público, por el colapso circulatorio que podría ocasionarse, por el previsible aumento de la conflictividad social y por el recorte de libertades y derechos fundamentales (el de integridad física, el de libre circulación, el de manifestación y reunión o el de libertad religiosa).

El Gobierno no esperará al Congreso para sacar a Franco: se basta con las leyes en vigor

El informe ha "aliviado" a la Iglesia, según describen en el Gobierno, "porque le quita un problema de encima", y "no ha encontrado testación", salvo de la Fundación Francisco Franco (y, en consecuencia, de la familia), que no se apea de sus pretensiones. El documento proporcionaría al Ejecutivo la escapatoria que buscaba. Ahora podrá aferrarse a la Ley de Seguridad Ciudadana (4/2015, de 30 de marzo) para impedir que Franco sea enterrado en la Almudena, como desean sus nietos. Fuentes gubernamentales inciden en que el escudo es muy poderoso, ya que se trata de una ley orgánica —son las normas de mayor rango normativo, solo por debajo de la Constitución—, de mayor peso y fuerza que el decreto ley que impulsó Sánchez para exhumar a Franco y que convalidó el Congreso.

Con la ley de 2015 en la mano

El dictamen de la Delegación proporciona todas las pistas: recuerda que la seguridad ciudadana y el orden público son un bien jurídico de rango constitucional, que está recogido como un derecho fundamental en el artículo 17 de la Carta Magna y que el Tribunal Constitucional ha puesto en valor en diversas sentencias. La misión de protección de este derecho está encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponde al delegado del Gobierno en cada comunidad autónoma, que ejerce las competencias bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Ahora, las partes (entre ellas, la familia) tendrán diez días hábiles para presentar las alegaciones finales antes de la decisión del Consejo

La clave reside, como indica el informe, en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que obliga a los poderes públicos a garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, el normal funcionamiento de las instituciones, la preservación de la convivencia y la seguridad ciudadanas, el respeto a las leyes, la protección de las personas y bienes, la utilización pacífica de las vías y espacios de disfrute público y la prevención de la comisión de delitos e infracciones.

Este artículo 3 de la norma de 2015 —la que la oposición llamó 'ley mordaza' de Rajoy, y cuyas partes más "lesivas" el Ejecutivo de Sánchez quiere derogar— amplía y concreta la redacción de la ley anterior y a la que sustituyó, la de 1992. El artículo 4, que también cita Rodríguez Uribes, faculta a las autoridades a intervenir ante la "existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso" que pueda "provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana".

Desde el Arzobispado de Madrid, prefieren "no valorar nada" del informe. "No hemos estudiado nada de seguridad, a la espera de lo que vaya pasando. Siempre hemos dicho que corresponde a la familia y al Ejecutivo hablar de este tema", indica un portavoz oficial a este diario.

Según confirman fuentes del Ejecutivo, el Consejo de Ministros, en su propuesta de resolución del expediente de exhumación de Franco, invocará la Ley de Seguridad Ciudadana y el informe de Uribes para impedir que sea enterrado en la Almudena. "No hace falta ninguna norma más, ningún decreto. El texto del delegado hay que tenerlo en cuenta porque es garantista y prolijo", indican. La reforma de la Ley de Memoria, si prospera —aunque puede tardar meses—, blindará aún más ese veto.

La decisión del Consejo de Ministros que resuelva finalmente el desenterramiento del dictador tardará aún semanas en llegar. En los próximos días, Justicia comunicará a las partes —la familia, la comunidad benedictina que cuida de la basílica, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos— la apertura de un plazo de diez días hábiles para que presenten las últimas alegaciones. Ese plazo no comienza a correr hasta que se haya hecho llegar la notificiación a todos los interesados. El Gobierno presume que ahora será más fácil que en la parte inicial del proceso porque los siete nietos del general han delegado su representación en su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina. En septiembre, la imposibilidad de localizar a Merry Martínez-Bordiú hizo que el Gobierno tuviera que publicar esa notificiación en un edicto a través del BOE, lo que demoró los trámites.

Los nietos se han mostrado todo este tiempo muy beligerantes con Sánchez, igual que los monjes benedictinos, que actúan por su cuenta y sin el visto bueno ni del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ni del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, que, como Roma, no se oponen a la decisión del Gabinete. Los religiosos del Valle tienen como inmediato superior jerárquico al abad de Santo Domingo de Silos (Burgos), Lorenzo Maté, y ambos, al abad de la congregación de Solesmes, en Francia, Philippe Dupont. Por encima solo está el propio papa Francisco.

Ramos de flores cubren la sepultura donde yace la hija del dictador, Carmen Franco Polo, y su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. (Reuters)
Ramos de flores cubren la sepultura donde yace la hija del dictador, Carmen Franco Polo, y su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. (Reuters)

En las primeras semanas del año

En La Moncloa calculan que "será difícil llegar en enero" a la resolución del procedimiento, por lo que una fecha más probable ahora mismo es ya febrero de 2019. El Gobierno aún no ha decidido si en el acuerdo que apruebe indicará el día concreto de exhumación de los restos, aunque sí ha de señalar el lugar de reposo de los restos, y una opción barajada es la del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde descansa Carmen Polo, mujer del exjefe del Estado. El suelo del panteón es propiedad de Patrimonio Nacional, aunque cedido al Ayuntamiento de Madrid.

Lo previsible es que en cuanto se publique ese paso final, la familia Franco recurra de nuevo ante el Tribunal Supremo, que deberá determinar si acepta o no la paralización cautelar del desenterramiento del dictador. Si suspendiera la salida del general del Valle de los Caídos, la medida estrella de Sánchez podría quedar encallada durante meses, hasta que los magistrados dilucidaran sobre el fondo del asunto. El presidente podría ir a elecciones con su promesa incumplida y el dictador aún inhumado en una tumba de Estado. En el Ejecutivo defienden que el proceso es "garantista" y "jurídicamente está bien atado", por lo que confían en que el TS no se sitúe del lado de los descendientes.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo han dado el visto bueno a la exhumación, que conllevará una obra mínima

A falta de las alegaciones finales, la instructora ya cuenta con todos los informes necesarios. La Comunidad de Madrid echó una mano a la familia y apuró el plazo de un mes de que disponía para remitir al Gobierno una carta de exactamente dos párrafos [aquí en PDF] en la que señaló lo obvio: que como han transcurrido más de cinco años desde el fallecimiento de Franco, su exhumación "no está sometida a ningún requisito administrativo sanitario, de conformidad con la normativa de sanidad mortuoria" regional.

El Gobierno no esperará al Congreso para sacar a Franco: se basta con las leyes en vigor

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término municipal se halla Cuelgamuros, también envió un informe positivo el pasado 26 de noviembre. El documento, que remite la alcaldesa de la localidad, Blanca Juárez Lorca —una independiente que lidera una coalición de gobierno de la que forman parte el PSOE y Podemos e IU—, y al que ha tenido acceso El Confidencial, da el visto bueno a las obras que requiere la exhumación de Franco: levantado de las losas de mármol para posibilitar la retirada de la lápida de granito bajo la que yace el dictador, depósito de esta, "formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado, resolviéndose este mediante la colocación de rasillones y capa de compresión", colocación de "las seis losas de mármol negro Marquina" que reemplazarán a la tumba, y reposición de las piezas que pudieran ser dañadas por la operación de desenterramiento del general.

Sánchez prefiere no poner fecha al momento de salida de Franco de Cuelgamuros. Que su medida prospere depende también del Tribunal Supremo

El consistorio sanlorentino considera que las obras comunicadas por Patrimonio Nacional, que es el titular del conjunto monumental del Valle, son "urbanísticamente admisibles" porque no se toca ningún elemento estructural y se restituye el granito por el mármol. El informe favorable está firmado por el aparejador municipal, Antonio Rosado Segovia.

El Gobierno entra, pues, en la fase final de la exhumación de Franco. Pero el broche no es inminente y sobre él siguen pendiendo sombras. La más importante, la del Supremo. De él depende que Sánchez logre sacar adelante una de sus medidas más simbólicas y con gancho electoral para sus votantes. El presidente no se atreve por eso a poner fechas. Si se ha esperado 43 años para ver salir al cadáver del Valle de los Caídos, aseguró el viernes, no pasa nada por aguardar aún "unos meses" más. Ha tenido que asumir que sus planes iniciales se han retrasado. Y mucho.

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