la abadía rompe su silencio

El prior del Valle abre otro 'frente' a Sánchez: dice que deberían exhumarse otros 191 restos

Los monjes explican que se recurrió porque la redacción del decreto ley que lanza la salida de Franco de Cuelgamuros obligaría a sacar a casi 200 personas que no fueron víctimas de la guerra

Foto: Vista general del Valle de los Caídos, el 24 de agosto pasado, cuando el Gobierno aprobó el real decreto ley de exhumación de Franco. (EFE)
Vista general del Valle de los Caídos, el 24 de agosto pasado, cuando el Gobierno aprobó el real decreto ley de exhumación de Franco. (EFE)

El Gobierno sigue enredado en la madeja de la exhumación-inhumación de Francisco Franco. Aún tiene que perfilar la estrategia que le garantice que los restos del dictador no acaben en la cripta de la Almudena, en pleno centro de Madrid, pero es consciente de que modificar la Ley de Memoria Histórica, no le será fácil ni, probablemente, rápido, ya que depende de que PP y Ciudadanos quieran activar el reloj y permitan la tramitación parlamentaria. Pero entretanto asoma otro frente, en caso de que finalmente llegue a los tribunales: los monjes benedictinos que custodian la abadía del Valle de los Caídos aseguran que hay 191 personas en el recinto que, siguiendo la letra del real decreto ley que el Ejecutivo impulsó para poder sacar a Franco de la basílica, deberían también ser desenterradas, y por eso se oponen firmemente a que este abandone su sepultura. La comunidad de religiosos sigue mostrándose rebelde a la directriz clarísima tanto de la Iglesia española como del Vaticano.

La Archidiócesis de Madrid no daba crédito este viernes. No tenía conocimiento previo del recurso de reposición interpuesto por la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto que suponía la apertura del procedimiento de exhumación del dictador. "No sabíamos nada", certificaban a este diario fuentes próximas al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y es que el propio Cardenal ya dijo, a través de un comunicado previo, del 24 de agosto, cuando se aprobó el real decreto ley 10/2018, que acataría el mandato del Gobierno. Posición que fue ratificada por el propio Vaticano tras la reunión, el pasado lunes, de la vicepresidenta, Carmen Calvo, con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Dicho de otro modo, de Roma, de la máxima autoridad eclesiástica, del Papa, encontró el Ejecutivo una respuesta "clara y meridiana": que la Iglesia no se opondría a la salida de Franco de Cuelgamuros.

Pero la comunidad benedictina que habita el Valle, liderada por el prior, Santiago Cantera, se ha revuelto desde el principio contra las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se alineó con la familia y mostró su rechazo al traslado de los restos a un lugar "decoroso" y "privado". Y hasta se permitió interponer su recurso contra la apertura del expediente sin dar cuenta de él a Osoro. Este viernes, cuando los medios informaron de su impugnación, la abadía colgó un breve comunicado en su web: advirtió de que el real decreto ley (RDL) 10/2018 "prevé la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos enterrados en el Valle, así como de 172 fallecidos después de la finalización de la Guerra Civil". En total, 191 personas.

La comunidad dice que hay 19 benedictinos enterrados y 172 personas fallecidas tras la guerra de cuyos restos los monjes son los "custodios"


Este hecho, "que no ha sido fuente de información en la mayoría de los medios" por el relumbrón de la salida "del anterior jefe del Estado", sigue la nota, "es para esta abadía motivo fundamental de preocupación, por lo que se ha visto obligada a recurrir las actuaciones emprendidas en defensa de la comunidad benedictina, de aquellos que en vida pertenecieron a ella y aquellos otros fallecidos después de la Guerra Civil cuyos restos mortales nos fueron entregados y de los que somos custodios".

Qué dice el RDL

La comunidad se apoya, aunque no la cita, en la redacción que el Ejecutivo hizo del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica y que introdujo el RDL 10/2018: "En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". Con esa formulación el Gobierno pretendía señalar a Franco y no a José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos seguirán en el recinto porque sí fue víctima de la contienda, pero serán trasladados en el futuro a un lugar no preeminente.

El Gobierno señala que la abadía parte de una "premisa errónea", pues no se va a exhumar más que a Franco y el decreto está orientado a ese fin

El Gobierno cree que no tiene sentido la queja expresada por Cantera. "Los monjes parten de una premisa errónea, y es que el real decreto ley prevé la exhumación de los benedictinos, y es que no están enterrados en el Valle, sino en un lugar anexo que no es el Valle propiamente. En absoluto necesitamos modificar ese punto de la norma", defienden desde el Ejecutivo.

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Rechazada la recusación contra la subsecretaria

La redacción del 16.3, es cierto, no hacía distinciones entre las partes del recinto —la basílica, la explanada, la hospedería, la abadía, la cruz, los talleres... o el cementerio, el mayor osario de la Guerra Civil, 33.847 víctimas de los dos bandos—, pero el preámbulo del RDL sí deja claro que lo que se pretende es posibilitar, mediante la reforma de la Ley de Memoria Histórica, la exhumación de Franco. "Los monjes están en el cementerio y no son objeto del real decreto ley, y tendrán que explicar de dónde salen los otros 172 muertos", añaden desde Vicepresidencia. En el arzobispado se palpaba la sorpresa y se repetía que la Iglesia acatará la ley. La comunidad benedictina no tiene como superior jerárquico ni a la archidiócesis ni a la Conferencia Episcopal Española (CEE), que lidera el cardenal Ricardo Blázquez, sino la congregación de Solesmes, en Francia, y por encima de ella, el Papa. La Iglesia española, por tanto, no tiene autoridad directa sobre Cantera. Pero sí el Vaticano.

La impugnación de los monjes ya fue inadmitida este viernes. Solo les cabría la opción de ir al TS. La Iglesia desconocía el recurso y no lo comparte

La pataleta de los monjes solo cobrará sentido si va más allá. Si recurren a los tribunales, que es el único resquicio que ahora tienen delante. Porque el recurso de reposición que interpusieron contra la apertura del expediente de exhumación de Franco fue inadmitido este viernes por el Consejo de Ministros.

El Gobierno lo rechazó porque "no cabe hablar de indefensión" en un momento tan inicial del proceso y "habiéndose otorgado audiencia a los interesados a fin de que puedan efectuar las alegaciones" y presentar los papeles que crean oportunos. Además, añade, el acuerdo de 31 de agosto no entra en el "fondo del asunto" y no genera "un perjuicio irreparable de derechos o intereses legítimos".

La tumba de Franco en el Valle de los Caídos, vandalizada el pasado 31 de octubre. (EFE)
La tumba de Franco en el Valle de los Caídos, vandalizada el pasado 31 de octubre. (EFE)

Tampoco cabe la suspensión del procedimiento porque no concurre "ninguna circunstancia". El Ejecutivo explica en su referencia que los benedictinos, contra la resolución adoptada este viernes, podrán "interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses", a contar desde el día siguiente a su notificación. La abadía, que rompió con su comunicado un silencio de semanas sobre esta cuestión, no ha adelantado si irá al TS. Lo que no puede hacer es recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional porque, al igual que la familia o cualquier particular, no tiene la potestad de hacerlo.

El Consejo de Ministros también tomó conocimiento de la desestimación, por parte de la titular de Justicia, de la recusación interpuesta por Merry Martínez-Bordiú, la última nieta a la que fue notificada la incoación del expediente, contra la instructora del procedimiento, Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia. Dolores Delgado tomó la decisión como superior jerárquica de esta.

El problema sigue siendo la inhumación

No obstante, la mayor dificultad de este complicado proceso para el Ejecutivo estriba en la inhumación de Franco. El Gobierno defendía hasta esta misma semana que no podía hacer nada para impedir que los restos del dictador acabaran en la Almudena, donde yacen su hija, Carmen Franco, y el esposo de esta, el marqués de Villaverde. Pero tras la entrevista con Parolin, el escenario cambió. La vicepresidenta argumentó que se intentaría impedir el enterramiento en la cripta de la catedral de Madrid —el lugar indicado por la familia— echando mano de la vigente Ley de Memoria Histórica. Pero en su redacción actual se ha comprobado insuficiente porque no fue redactada para evitar el enaltecimiento del general en cualquier punto de España.

La reforma de la Ley de Memoria, apuntada por Calvo, obligaría probablemente a retrasar la exhumación, y los tiempos dependen de PP y Cs

Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros de este viernes, apuntó al siguiente giro de guion: la modificación de la Ley de Memoria. ¿Cómo? Aprovechando que el Congreso, cuando convalidó el RDL 10/2018, acordó tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia. Eso significará que los grupos podrán introducir cambios. Pero los tiempos en las Cortes son largos.

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Para empezar, todavía no se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas parciales (sí acabó ya el de enmiendas a la totalidad del texto, y no se registró ninguna). Que la tramitación prosiga o se paralice dependerá de si PP y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara Baja, piden que se cierre el plazo. En ese caso, las modificaciones serían aprobadas por la Comisión Constitucional —ya se acordó que no pasaría por el pleno—, y de ahí iría al Senado, donde los populares disponen de mayoría absoluta por sí mismos. Teniendo en cuenta que este martes 6 de noviembre no está programada ninguna reunión de la Mesa, que quedan muy pocos plenos en las Cámaras antes de que concluya 2019 y que enero es inhábil, parece difícil que la reforma de la Ley de Memoria esté culminada para finales de diciembre, cuando el Gobierno tiene previsto sacar a Franco del Valle. El Ejecutivo asegura que mantiene sus plazos, si bien fuentes gubernamentales de peso admiten que quizá la exhumación tenga que llegar a comienzos del próximo año.

El Gobierno trabaja en "distintas opciones" paralelas a la reforma de la ley de 2007 para garantizarse que Franco no es enterrado en la Almudena

Calvo advirtió de que el Gobierno recurriría a "todos los mecanismos" a su alcance para garantizar que Franco no descansa en la Almudena y asegurar que se mantiene el orden público. Fuentes del Gabinete reconocieron que se trabaja en "distintas opciones", no solo el cambio de la Ley de Memoria, para lograr el objetivo. No hay una decisión tomada aún de qué camino se adoptará. El Ejecutivo quiere mantener las cartas guardadas para no dar pistas a la familia y preparar con tranquilidad la cimentación jurídica del tramo final del procedimiento, absolutamente clave. De hecho, ahora confía en que "baje la presión" para poder estudiar discretamente las distintas alternativas y elegir una. La Iglesia es una aliada clave, aunque ya ha advertido de que quienes deben consensuar una salida es la Moncloa y la familia. Pero los Franco no están dispuestos a negociar nada. Ni a ceder un milímetro. Se oponen a la exhumación y, si no consiguen frenarla, quieren que su abuelo sea enterrado en la Almudena.

Vista del panteón familiar de los Franco en el cementerio de la colonia de Mingorrubio, en El Pardo, donde reposan los restos de Carmen Polo, la mujer del dictador. (EFE)
Vista del panteón familiar de los Franco en el cementerio de la colonia de Mingorrubio, en El Pardo, donde reposan los restos de Carmen Polo, la mujer del dictador. (EFE)

La opción preferida para Sánchez sería que el dictador reposara junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Y eso que el suelo donde está edificado el panteón familiar es propiedad de Patrimonio Nacional, cedido al Ayuntamiento de Madrid para los servicios funerarios. Pero al menos cumpliría los requisitos citados por Calvo: es un lugar "decoroso" y discreto, alejado del centro de la capital. Los Franco lo rechazan porque no estaría garantizada la seguridad de la sepultura.

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