Los monjes que cuidan del Valle contradicen a Roma y recurren la exhumación de Franco

La salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos no es, en principio, el mayor de los problemas para el Gobierno. Sí lo es la inhumación, y no menor, porque puede saldarse en una bofetada para Pedro Sánchez si finalmente no impide que los restos descansen en la cripta de la Almudena. Pero para la exhumación tiene el visto bueno de la Iglesia española y del mismo Vaticano. Quienes no están nada de acuerdo y han presentado batalla son los monjes benedictinos que cuidan de la basílica, y los que desde el principio del proceso han puesto pegas a la decisión del Ejecutivo. Ellos recurrieron el procedimiento, igual que han hecho los Franco. Todas esas impugnaciones, sin embargo, decaen definitivamente este viernes.

El Consejo de Ministros de este 2 de noviembre analiza y rechaza los dos últimos escritos de las partes antes de continuar con el expediente administrativo, ratificaron fuentes gubernamentales a El Confidencial. Uno, el recurso de reposición sobre el inicio del procedimiento interpuesto por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. El otro, de la última nieta del dictador a la que se notificó la decisión, Merry Martínez-Bordiú, es una recusación contra la instructora del procedimiento, Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia. Sus seis hermanos hicieron lo mismo, y sus alegaciones fueron desestimadas.

Lo mismo ocurrirá este viernes. Los dos textos, adelantaron fuentes oficiales ayer jueves, serán inadmitidos. La próxima semana, el Gobierno dará continuidad al expediente. De un lado, reclamará un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid sobre sanidad mortuoria —solo servirá para constatar que lo que yace bajo la lápida de la basílica son restos cadavéricos, y no un cuerpo, puesto que han transcurrido más de cinco años desde el fallecimiento—, que deberá estar listo en un mes. De otro, informará al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término municipal se halla la abadía, del proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.

La inadmisión de los recursos abre la siguiente fase: petición de informe de sanidad mortuoria y comunicación al Ayuntamiento de San Lorenzo

El Estado, a través de Patrimonio Nacional, tiene competencia en todo recinto del Valle de los Caídos, excepto en la basílica, que al ser un templo sagrado es inviolable. Quien está al frente de ella es el abad de la Santa Cruz, hoy Santiago Cantera. Tanto él como la comunidad benedictina que se instaló allí en 1958 tiene la obligación de custodiar la iglesia y guardar de los sepulcros. Por encima de Cantera se sitúa la congregación de Solesmes, cuyo superior jerárquico es el papa Francisco. Es decir, que la Conferencia Episcopal Española no tiene una autoridad directa sobre la veintena de monjes que habitan el Valle. Y estos, de hecho, han ido por libre desde el principio en lo relativo a la exhumación del dictador.

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Plácet final el 29 de octubre

No era una novedad que Cantera se oponía a que Franco abandonara la basílica. Su rechazo fue frontal desde el principio, pese a que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, habían hecho llegar al Gobierno que no habría problema con la salida del general. Dos enviados de Sánchez, el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo, obtuvieron ese plácet de primera mano por parte de Osoro cuando se vieron con él en julio. El 24 de agosto, después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto ley que amparaba la salida de Franco del Valle, un comunicado de la archidiócesis madrileña confirmaba que la Iglesia acataría el mandato de exhumación en cuanto fuera firme y ejecutivo.

En el Ejecutivo no dan importancia al escrito de los benedictinos: se hizo antes del pronunciamiento del Vaticano, que no se opone a la exhumación

Sin embargo, los monjes benedictinos no se plegaron a la directriz de los obispos españoles. Y recurrieron la decisión ante el Ejecutivo. Lo hicieron, eso sí, antes de que la vicepresidenta, Carmen Calvo, se reuniera en Ciudad del Vaticano con el número dos del Papa, Pietro Parolin. En esa cita, el secretario de Estado manifestó que Roma no se oponía a la exhumación del dictador. Así lo reflejó el Gobierno en un comunicado lanzado ese mismo día, el 29 de octubre, y también el propio Vaticano unas horas más tarde, el martes 30, en la misma nota en la que Parolin desmintió a Calvo después de que esta dijera que había acordado con él que trabajarían de forma conjunta para impedir que los restos acabaran en la cripta de la catedral de la Almudena. El cardenal aclaró que "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación", aunque sí añadía que le parecía "oportuno" explorar alternativas al templo madrileño, "también a través del diálogo con la familia".

El Ejecutivo, por esto mismo, no da importancia a la impugnación presentada por los monjes de la basílica, porque la autorización de la Iglesia española y del Vaticano respecto a la exhumación no arroja sombra de duda. Además, la confirmación de Roma de que no rechaza la exhumación "llegó después" de la impugnación de la comunidad benedictina.

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Acercamiento estéril de Delgado

Merry Martínez-Bordiú, la que la crónica social rotula habitualmente como la nieta favorita de Franco, fue la última descendiente del dictador a la que el Ejecutivo notificó la incoación del expediente. Reside en Estados Unidos y, a la vista de que no se le podía comunicar la decisión, el Gobierno se vio obligado a publicar un edicto en el BOE el pasado 29 de septiembre. A partir de entonces comenzó a correr el plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, plazo que concluyó el 22 de octubre. Merry, conocida por su primer matrimonio con el periodista Jimmy Giménez-Arnau, elevó el mismo escrito que sus hermanos.

Los Franco han recusado a la instructora del expediente, la subsecretaria de Justicia, por su "falta de parcialidad" y su trayectoria política

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ya publicó un comunicado de la familia a finales de septiembre en el que confirmaba que los descendientes del dictador recusarían a la instructora del procedimiento, Cristina Latorre, "por concurrir en ella una evidente causa de abstención". Es decir, que dada su "trayectoria política" y su "falta de parcialidad" no podía ser la persona que condujera el expediente. El órgano instructor, advertía la nota, "no debe tener sesgo alguno en relación con la procedencia o no de la exhumación" de Franco. La subsecretaria de Justicia no puede ser "neutral", ya que es un cargo de libre designación, nombrado mediante real decreto, con dependencia jerárquica directa de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La familia alegó que Latorre fue vicesecretaria general y secretaria general de la Presidencia del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, "adscripción ideológica" que ahora "la inhabilita" para instruir el procedimiento, en opinión de los Franco.

Los descendientes tendrán una nueva oportunidad para quejarse. Con el informe de sanidad mortuoria en la mano y con la comunicación al ayuntamiento sanlorentino del proyecto de exhumación, se abrirá un periodo improrrogable de diez días para que los interesados interpongan nuevas alegaciones. Después, el Consejo de Ministros resolverá el expediente e indicará el lugar de inhumación. Todo ello sucederá, en principio, antes de que finalice 2019.

El enorme obstáculo que ahora tiene que resolver el Ejecutivo, y no es nada fácil, es el enterramiento del dictador. La familia se empeña en que sea llevado a la cripta de la catedral de la Almudena, en la que adquirieron una tumba a perpetuidad hace años y en la que yacen la hija del general, Carmen Franco, y su esposo, el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú. Ese rechazo a cualquier otra alternativa lo pudo constatar Delgado esta semana. La ministra, a través "de un tercero", según adelantó la agencia EFE, intentó convencer a los nietos de Franco para que su abuelo reposara para siempre en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid). En él descansa Carmen Polo, la mujer de Franco.

Pero ese panteón familiar no es ni tan siquiera propiedad de los Franco. El suelo del cementerio es propiedad de Patrimonio Nacional, según confirmaron a El Confidencial fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, pero se cedió su uso al Ayuntamiento de Madrid para servicios funerarios. El convenio de cesión de suelo procede de 1959. En cualquier caso, el intento de persuadir a los Franco de que su abuelo sea inhumado en Mingorrubio fue "inútil". Creen que ese cementerio es inseguro. Y además defenderán su no a la exhumación "hasta las últimas consecuencias", porque creen que legalmente no es posible que el Gobierno lleve a término su decisión, refrendada ya por el Congreso. También están convencidos de que Cantera no autorizará la salida del dictador si no es con el permiso de la familia. Y ese no llegará.