Sánchez usará todos los "recursos" para vetar a Franco en la Almudena si la ley no sale

El Gobierno ya se ve venir que no le será fácil conseguir que la reforma de la Ley de Memoria Histórica que ha promovido para evitar que Francisco Franco repose para siempre en la cripta privada de la Almudena. Así que sigue sin descartar mecanismos alternativos para llegar al mismo punto: impedir por todos los medios que el dictador sea enterrado en el centro de Madrid. Echará mano de todos los "recursos" a su alcance.

Ya estaba bastante claro desde hace una semana, cuando la vicepresidenta, Carmen Calvo, adelantó que el Ejecutivo impulsaría una modificación de la Ley de Memoria, que el Gabinete buscaría todas las fórmulas posibles para hacer que la familia Franco no se salga con la suya. Este viernes esas intenciones quedaron más perfiladas, a la vista de que PP y Ciudadanos se plantean prorrogar unas cuantas semanas más el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la reforma de la norma.

"El Gobierno no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste a un enaltecimiento. Eso, con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo, con toda la legislación española. Y por tanto habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportunos para evitarlo. Ustedes lo conocerán en tiempo y forma", respondió rotunda la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, cuando este jueves fue preguntada, tras la reunión del Consejo de Ministras y Ministros, si el Gobierno fía el proceso de inhumación a lo que resulte del difícil procedimiento parlamentario o buscará "fórmulas" para llegar al mismo fin: evitar el enterramiento de Franco en la cripta de la Almudena.

"El Gobierno no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste a un enaltecimiento. Eso, con la ley en la mano", señala

Lo que no dice La Moncloa es cuáles serán los caminos alternativos que explorará en caso de que se atasque la tramitación en las Cortes. Prefiere no dar pistas ni a la oposición ni a la familia. El celo es, por tanto, máximo, a la vista de que sus planes iniciales han ido saltando por los aires. El Congreso convalidó ya el real decreto ley que permitía la exhumación del dictador, y entonces autorizó que se tramitara como proyecto de ley, para permitir la incorporación de aportaciones de los grupos. Ya se terminó el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, sin que hubiera ningún texto alternativo, pero sigue abierto el periodo para presentar redacciones alternativas al articulado.

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PP y Ciudadanos, que suman mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, demandaron el pasado lunes una prórroga de siete días y prevén pedir ampliaciones tres o cuatro semanas más. Una vez que se cierre ese periodo, el presidente de la Comisión Constitucional, el diputado popular Jesús Posada, debería convocar el órgano para que se elabore el informe y el dictamen con todas las enmiendas aprobadas. No pasará por el pleno del Congreso, porque la comisión tiene en este caso competencia legislativa plena, pero sí viajaría al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. En el mejor de los casos, si se acordara el trámite de urgencia, debería culminar su aprobación en la Cámara Alta en 20 días, y de ahí el texto iría al BOE si no se introducen modificaciones o volvería al Congreso en caso de que sí las hubiera.

El Consejo de Ministras da traslado del proyecto de exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo y reclama informe de sanidad mortuoria a Madrid

El Ejecutivo ya adelantó el pasado 5 de noviembre el espíritu de las enmiendas que registrará en breve el Grupo Socialista. Con ellas, permite bloquear todo tipo de posibilidad de que Franco descanse en la cripta de la Almudena. La Iglesia se expondría al cierre temporal o definitivo de ese espacio si se produjera algún acto de exaltación. Lo que busca el Gabinete es que el general acabe recibiendo sepultura en un lugar "decoroso" pero estrictamente "privado", no visitable.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya admitió ayer miércoles, en la comparecencia en la que anunció que a partir de ahora los bancos pagarán el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que la exhumación podría retrasarse a enero de 2019. Lo cierto es que ese plazo podría ser ahora incluso bastante optimista.

El Consejo de Ministros se reunió este jueves —mañana, viernes 9, es festivo en Madrid capital, y por eso se adelantó un día la convocatoria semanal del Gabinete— para aprobar el real decreto ley que hace que a partir de ahora las entidades financieras abonen el tributo hipotecario (y no los clientes) y para continuar con el procedimiento administrativo de exhumación de Franco. Así, el Consejo encargó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término municipal se halla el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la salida del cuerpo. De la redacción se ocuparán los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad de patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El proyecto se articulará en base a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

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Diez días finales para las partes

Además, Delgado solicitará asimismo a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el organismo autonómico competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante y que deberá entregar en el plazo de un mes. A continuación se darán diez días hábiles de plazo a las partes afectadas —entre ellas, los nietos del dictador— para la presentación de alegaciones, trámite a partir del cual "se concluirá finalmente el procedimiento". Solo quedaría que el Consejo de Ministros resolviera el expediente y ordenase la exhumación e inhumación. Se ha querido, incidió Celaá, que el proceso sea "muy garantista".

El Ejecutivo trabaja con la expectativa de que se "ajusten" los dos momentos, la exhumación y el enterramiento del dictador

Los periodistas preguntaron a la ministra si el Ejecutivo esperará entonces a que culmine la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Memoria Histórica para sacar a Franco de Cuelgamuros. "El Gobierno no ha establecido ninguna secuencia de exhumación e inhumación. Se trabaja en la modificación de la ley y por tanto creemos que una cuestión llegará a ajustarse a la otra. 2019 arrancará sin que España cuente con un dictador que pueda ser enaltecido".

De sus palabras podría colegirse que los dos momentos (salida del Valle y enterramiento) podrían separarse, pero luego la portavoz precisó: "No hemos subordinado la exhumación a la inhumación, pero comprenderán que haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro". Fuentes de Vicepresidencia aclararon que la secuencia será consecutiva. Es decir, que Franco no abandonará Cuelgamuros para después pasar a un osario antes de su enterramiento definitivo.

El Ejecutivo pide "serenidad y prudencia" tras el intento de atentado contra Sánchez

El Gobierno reclama "serenidad y prudencia" en el clima político. Que no cunda la crispación. Es el llamamiento de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tras la detención en Terrassa (Barcelona) de un vigilante de seguridad, un experto tirador que tenía un arsenal de armas en su domicilio, después de anunciar en un chat de WhatsApp su intención de matar a Pedro Sánchez en venganza por la decisión de exhumar los restos de Franco, informa EFE.

La portavoz apuntó que el Ejecutivo considera este hecho un "incidente aislado", y añadió que todos los gobiernos en todas las épocas han vivido casos "de esta naturaleza". 

"Se entiende el interés mediático que pueda tener la noticia", indicó, para pedir "responsabilidad, serenidad y prudencia". "No conocemos más del caso y la relación con los Mossos es correcta. Hemos sabido de manera correcta las actuaciones", remachó. La información del arresto del francotirador fue adelantada este viernes por el diario 'Público'. 

Fuentes del Ejecutivo precisaron que no cargaban a PP, Ciudadanos o Vox la responsabilidad del intento de atentado. La reclamación de "serenidad" es, por tanto, genérica. Desde La Moncloa añadían que no se ha tenido que reforzar la seguridad del presidente. 

Celaá también fue preguntada por la disposición de Sánchez de verse con Quim Torra cuando el Consejo de Ministros se desplace a Barcelona en diciembre. Hace poco más de un mes, cuando el 'president' lanzó su ultimátum fallido contra el jefe del Ejecutivo, la portavoz admitió que ese no era el momento de ninguna entrevista entre los dos presidentes. 

Pero en política, dijo este viernes, "siempre" hay una evolución de los hechos. En octubre, cuando ella misma afirmó que "no se daban las condiciones" para una cita era porque se atravesaban "momentos delicados". Ese ultimátum acabó diluyéndose y ahora la tensión ha vuelto a bajar algo, aunque los independentistas ya adelantan que no negociarán los Presupuestos de 2019 por los escritos de acusación contra los dirigentes independentistas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

"Estamos en otro momento y, en diciembre, quizás, estaremos en otro", explicó. La política, añadió, "tiene que seguir explorando las condiciones para seguir trabajando" porque el objetivo es "abrir cauces" que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Los momentos más duros no son los más adecuados para dialogar, y otros, en cambio, sí son "más propicios" para lograrlo.