El Gobierno cerrará espacios públicos como la Almudena donde se exalte a Franco

El Gobierno ya tiene decidido que bajo ningún concepto permitirá que los restos de Francisco Franco vayan a la Almudena ni a ningún sitio de acceso público en el que puedan ser "enaltecidos". Amenaza con sancionar con multa o con cierre temporal o definitivo de esos espacios a aquellos que lo permitan, así que la directamente interpelada es la Iglesia, en caso de que decidiera abrir las puertas de la cripta de la catedral de Madrid. El Ejecutivo ya tiene sobre la mesa una fórmula, que tramitará a través de enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica. El problema que tiene es que no tiene garantía alguna de que esas modificaciones vayan a salir adelante, puesto que depende de que PP y Ciudadanos permitan que el debate fluya con rapidez en el Congreso, y este lunes ya pudo comprobar que no será así. Por ahora, su respuesta ha sido el bloqueo.

Las enmiendas que presentará el Grupo Socialista en breve en la Cámara Baja, y cuyos ejes básicos desgranaron fuentes gubernamentales a este periódico, actúan en varias líneas, pero todas ellas caminan en la misma dirección: indicar con toda contundencia que no permitirá que la familia Franco se salga con la suya y entierre al dictador en el centro de Madrid. Para empezar, pretende que se persiga "la responsabilidad de los titulares de espacios abiertos al público" en los que puedan producirse episodios de "enaltecimiento o exaltación del franquismo", "tanto por acción o por omisión". En ese sentido, se quiere incorporar un "régimen sancionador que, más allá de las sanciones pecuniarias, alcanza el cierre temporal o definitivo de dichos espacios abiertos al público, cualquiera que sea su titularidad".

Dicho de otro modo, que el Ejecutivo tendría la potestad de echar el cierre de los espacios donde se exalte al dictador, sea una iglesia, sea un cementerio o sea cualquier otro lugar visitable en el que se le rinda homenaje, y al margen de quién sea el dueño de ese centro. Es justo lo que trasladó Carmen Calvo, la vicepresidenta, el pasado viernes, en el último viaje de este complicadísimo proceso de traslado de los restos del general. La número dos advirtió de que el Gabinete socialista solo tolerará que a Franco se le entierre en un lugar "decoroso", "privado" y "anónimo".

El régimen sancionador incluye el cierre temporal o definitivo de los espacios abiertos al público que acojan a Franco, al margen de quién sea el titular

No obstante, y por si esta redacción no fuera suficiente, las enmiendas que presentará el Grupo Socialista añaden una "previsión específica", en virtud de la cual los restos del dictador "no podrán reposar en espacios abiertos al público en general, como la cripta de la Almudena", el lugar elegido por la familia, donde tiene comprada una tumba a perpetuidad y en el que ya yacen la hija del general, Carmen Franco, y su esposo, el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú.

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Un problema menos para la Iglesia

A falta de ver la redacción concreta, esta filosofía que en la noche de este lunes trasladaron fuentes del Ejecutivo persigue blindar por ley la inhumación de Franco y quitarle un problema de encima a la Iglesia. Calvo se entrevistó la semana pasada con el número dos del Papa, Pietro Parolin, y aunque Roma sí negó que hubiera un "acuerdo" para evitar a toda costa la Almudena, sí reconoció que le parecía "oportuno" que el Ejecutivo buscase alternativas. Con ello, la Santa Sede estaba admitiendo que no se siente cómoda con el deseo de los Franco, que supondría asociar nada más y nada menos que la catedral de Madrid, foco de visitas turísticas y a un paso del Palacio Real, a la dictadura.

Las enmiendas incorporan una disposición que "ordene la retirada" de medallas como la de Billy el Niño, un compromiso contraído con Podemos

La Iglesia, además, sí ha recalcado en estos meses, desde que Pedro Sánchez manifestó su deseo de exhumar a Franco, que acataría la ley. Que consideraba recomendable un acuerdo entre el Ejecutivo y la familia, sí, pero que en todo caso aceptaría aquello que la ley dijese. Con una modificación legal aprobada, pues, tendría los argumentos suficientes para negar a los nietos del dictador que su abuelo fuese sepultado en la cripta de la Almudena.

Las enmiendas de los socialistas, continuaron fuentes gubernamentales, incorporan más novedades. Con ellas pretende regular la retirada de condecoraciones como la medalla y la pensión que se concedió al torturador franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. Se añadirá una disposición que "ordene la retirada" de este tipo de condecoraciones cuando el afectado "incurría en conductas manifiestamente incompatibles con la distinción recibida". Este era un compromiso que Pablo Iglesias, líder de Podemos, arrancó a Sánchez durante la negociación de los Presupuestos de 2019.

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También la Comisión de la Verdad

Además, las aportaciones del PSOE a la reforma de la Ley de Memoria agregará otras promesas conocidas del Ejecutivo. Así, se atribuye a la Administración General del Estado, "sin perjuicio de las competencias de otras administraciones", la facultad de "llevar a cabo procedimientos de exhumación" de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Esta nueva regulación pretence cubrir las carencias de la norma impulsada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero, que hacían recaer en los particulares la iniciativa de abrir las fosas del franquismo y que "nunca eran de oficio". El Ejecutivo quiere asumir en primer término la responsabilidad de ayudar a la búsqueda de los que cayeron con la represión del régimen y que siguen en las cunetas, desaparecidos.

El Estado se atribuye la facultad de abrir las fosas de las víctimas del franquismo, sin necesidad de que la iniciativa parta de los particulares

Por último, y como había adelantado ya Sánchez (era además uno de sus compromisos de primarias), se prevé la creación de una Comisión de la Verdad "como órgano independiente de ámbito nacional, con el objeto de trabajar en la recuperación y análisis de los documentos históricos, testimonios y otros materiales" sobre el periodo comprendido entre julio de 1936, el arranque de la contienda, y diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución.

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Las enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria probablemente se registren en el Congreso la próxima semana, según indicaban a este diario fuentes del Grupo Socialista. El Ejecutivo ya las tenía preparadas para este lunes porque vencía el plazo de presentación de las modificaciones parciales, pero PP y Cs adelantaron que reclamarían una prórroga de, al menos, una semana. Eso significa que la tramitación parlamentaria se alargará y que, además, el PSOE está en manos de lo que haga la derecha de la Cámara. Ambas formaciones controlan la Mesa del Congreso y el diputado popular Jesús Posada preside la Comisión Constitucional, que tiene competencia legislativa plena para aprobar la reforma en la carrera de San Jerónimo. Y el PP se basta por sí mismo en el Senado. Por todas estas razones el Ejecutivo ya anticipa que baraja "vías complementarias" para vetar a Franco en la Almudena en caso de que la tramitación de la ley se atasque en las Cortes. En cualquier caso, la exhumación-inhumación del dictador difícilmente puede llegar a finales de 2018, como había anticipado Calvo. Todo se está complicando para el Gabinete, y este blindaje por ley de sus pretensiones no será la excepción.