El Gobierno intentará modificar la Ley de Memoria para vetar a Franco en la Almudena

El Ejecutivo tiene claro a estas alturas que bajo ningún concepto los restos de Francisco Franco pueden acabar en la cripta de la Almudena. Quiere para él un lugar estrictamente "decoroso" y "privado", sin que haya posibilidad alguna de que se le pueda enaltecer y sin que se puedan producir alteraciones del orden público. Para ello utilizará de todos los instrumentos legales a su alcance para impedir que la familia del dictador se salga con la suya. Y para ello intentará promover una modificación de la Ley de Memoria Histórica, ahora en trámite de enmiendas en el Congreso, pero que prospere o no, y que llegue a tiempo, no depende solo del Gobierno, ya que la Mesa de la Cámara Baja está en manos de PP y Ciudadanos.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, fue quien dio la cara este viernes tras la reunión del Consejo de Ministras y Ministros. Y fue ella quien adelantó qué otro paso más dará el Gobierno a la vista de que puede no tener suficiente cobertura legal con la redaccióna actual y vigente de la Ley de Memoria Histórica para garantizarse que Franco no repose para siempre en pleno centro de Madrid después de abandonar el Valle de los Caídos. Así, el Gobierno "va a disponer de todos los mecanismos competenciales", incluidas modificaciones de la Ley de Memoria, para "alcanzar ese objetivo" y que el dictador descanse "en un lugar privado, decoroso", sin que se le pueda rendir tributo y se cierre de una vez el "capítulo más negro de la historia del país".

El Ejecutivo insiste en que quiere para el dictador un lugar "decoroso", "privado", donde no haya opción de que pueda ser enaltecido ni haya desórdenes

Calvo advirtió de que la familia, que en todo este tiempo han utilizado todos los resortes legales a su alcance para "obstruir" el procedimiento de exhumación, "no puede imponer" al Congreso su voluntad de que su abuelo sea enterrado en la Almudena —o, como ella precisó, en la "parroquia de Santa María de la Almudena", para enfatizar que no es la catedral, sino la cripta aneja que tiene el acceso por un lateral—. Ni puede imponerse, siguió, a las obligaciones de la ONU, los informes de los expertos y la mayoría de los ciudadanos, que se ha manifestado en la Cámara en varias ocasiones a favor de la exhumación, la última, el pasado septiembre, cuando convalidó el real decreto ley de exhumación, con solo dos votos en contra (y por error).

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"En vías de encontrar salidas"

"Lo que no puede ser de modo alguno es que una familia decida", sentenció, insistiendo en que los ciudadanos persiguen que los restos estén en un sitio "anónimo", y no precisamente en el centro de la capital, y ahí emplazó a los descendientes del dictador a no poner más palos en la rueda. "Todos tenemos la responsabilidad de ayudar", sostuvo. ¿Cabría la opción de que el lugar final fuera un sitio discreto en la parroquia de Santa María de la Almudena?, se le inquirió. "No puedo entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos a exhumar a Franco y ver la posición última que tiene su familia", apuntó. "Paso a paso a cada una de las situaciones. Lo que importa es el objetivo final".

El Consejo desestima los dos últimos recursos y avanza en la salida del Valle. Calvo niega imprevisión y dice que se van superando obstáculos

Este viernes, el Consejo de Ministras y Ministros desestimó los dos recursos que tenía sobre la mesa. Uno, de los monjes benedictinos, liderados por el prior, Santiago Cantera, de oposición al inicio del proceso de exhumación, y otro de Merry Martínez-Bordiú, la última nieta a la que se notificó (y se hizo por edicto publicado en el BOE el pasado 29 de septiembre) la apertura del expediente administrativo. La semana que viene arrancará lo que llamó Calvo "último paso", y es la petición de informe no vinculante a la Comunidad de Madrid (sobre sanidad mortuoria, para que constate que lo que yacen en el Valle de los Caídos son restos cadavéricos, pues han pasado más de cinco años de la muerte) y el traslado del proyecto de exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término municipal se halla la basílica. La familia aún dispondrá de diez días adicionales para presentar sus alegaciones finales.

Pero después, si se sigue la redacción del real decreto ley 10/2018 que ampara la salida de Franco del Valle, habrá de reunirse el Consejo de Ministros para resolver definitivamente el expediente e indicar el lugar de enterramiento. Calvo señaló que el Ejecutivo está "en vías de encontrar salidas" para la inhumación, aunque esta vez no habló de "acuerdo" con el Vaticano, como sí hiciera el martes. Y una posibilidad es, ciertamente, la modificación de la Ley de Memoria de 2007, sin descartar "instrumentos ordinarios" a disposición del Gobierno, que no precisó.

El problema de la tramitación

Calvo introducía una alternativa que no había mentado a lo largo de la semana, tras su reunión, el lunes, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El martes había hablado de echar mano de la ley de 2007, porque el preámbulo de la norma, así como el del real decreto del pasado agosto que permitía la exhumación, y los artículos 15 y 16, para impedir que Franco acabara en la Almudena. Pero la literalidad ponía las cosas muy cuesta arriba, y de hecho los juristas veían complicado el encaje. Por eso la vicepresidenta sí mencionó este viernes con mayor claridad la opción de cambiar la ley. El decreto 10/2018 fue convalidado por el Congreso, pero se votó su tramitación como proyecto de ley, por lo que se podrán introducir enmiendas. El problema está en que ahora mismo está parado, y puede seguir estándolo si PP y Cs no autorizan que continúe el trámite parlamentario.

Calvo invoca también un punto importante: que el Ejecutivo ha de garantizar la "tranquilidad" ciudadana, que se preserve la seguridad

La vicepresidenta negó todo atisbo de "improvisación" por parte del Ejecutivo. "Es imposible" que esta quepa, justificó, cuando sacar a Franco del Valle ha requerido de un real decreto ley y de un procedimiento administrativo "complejísimo". Otra cosa es que se hayan planteado "escenarios posibles" en relación con la actitud correosa de la familia, pero esta ha optado por "obstruir" la decisión del Ejecutivo, lamentó. A cada "obstáculo" se han ido planteando soluciones. La vicepresidenta también hizo hincapié en el acuerdo absoluto de la Iglesia con la exhumación, que refrendó el Vaticano en su polémico comunicado del martes. La respuesta de Parolin en este sentido fue "clara y meridiana".

Pero el Gobierno seguirá adelante en su propósito, y es que el general abandone Cuelgamuros —"los restos de Franco salen del Valle de los Caídos"— y su cuerpo no repose "en un lugar de Estado ni enaltecido de modo alguno". Garantizando, eso sí, "el orden público". Este extremo también era novedoso, y es muy relevante, puesto que el Gabinete podría alegar la cuestión de la seguridad como un argumento más para impedir que el dictador acabe en el centro de la capital. Calvo insistió en que es "obligación" del Gobierno procurar la "tranquilidad" ciudadana y "cumplir la finalidad de la ley", que es que no pueda ser exaltado. "Sin ningún tipo de ambage: no va a estar en ningún sitio donde esté enaltecido, como lo dicen nuestras normas", refrendó la número dos. Calvo apeló a los Franco para que entiendan "cuál es la necesidad de la democracia española de terminar con este episodio de la historia de España".