PP y Cs entorpecen la vía que quería Moncloa para vetar a Franco en la Almudena

Se veía venir. El Gobierno abrió el pasado viernes una alternativa para garantizarse que Francisco Franco repose para siempre en la cripta de la Almudena. pero no dependía de sí mismo, sino de PP y Ciudadanos. Y ambas formaciones han respondido como era previsible: diciendo no. Los dos grupos piden en el Congreso que se amplíe una semana más el plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, en la que el Ejecutivo pensaba introducir las modificaciones pertinentes que se tradujeran en el veto de los restos del dictador en pleno centro de Madrid. El gesto tiene una traducción sencilla: se retrasan los tiempos y se dificulta que el general salga del Valle de los Caídos antes de que concluya el año.

El Gobierno se está encontrando con un campo de minas en la que es una de sus medidas estrella. Hasta el punto de que por ahora no tiene decidido qué camino seguirá para procurar una sepultura a Franco que esté en un lugar "decoroso", "privado" y "anónimo". El pasado viernes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, la persona que dentro del Gabinete ha asumido por entero la gestión de esta complicada carpeta, apuntaba un sendero que ya se sabía muy complicado: la modificación de la Ley de Memoria Histórica. En agosto, el Consejo de Ministras y Ministros aprobó un real decreto ley, el 10/2018, que cambiaba puntualmente la norma de 2007 y que daba cobertura a la exhumación. El decreto fue convalidado por el pleno del Congreso con solo dos votos en contra (y por error), y se admitió su tramitación como proyecto de ley y por la vía urgente, lo que permitía la mejora del texto vía aportaciones de los grupos.

Sí se acabó el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad —ninguna formación presentó—, pero aún está abierta la ventanilla para registrar las enmiendas parciales, al articulado. Que se cierre depende de que PP y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, el órgano que tiene el control de los tiempos. Y ambos confirmaron a este periódico este lunes que piden una prórroga, por lo que todo se retrasa, como mínimo, una semana más. Aunque se admitió el trámite de urgencia y que la elaboración del dictamen fuera aprobada por la Comisión Constitucional y no pasara por el pleno de nuevo, esta ampliación de plazos complica las cosas al Gobierno, ya que en realidad quedan muy pocas semanas hábiles en este 2018, por la campaña de las elecciones andaluzas, los festivos y las Navidades.

Además, quien preside la Comisión Constitucional es el diputado popular y expresidente de la Cámara Jesús Posada, precisamente uno de los dos parlamentarios del PP que el pasado 13 de septiembre votó en contra del RDL 10/2018. Él es quien tiene la potestad de convocar a los miembros del órgano, y puede darse prisa o paralizar más los trámites.

Los plazos se le complican, y mucho, al Ejecutivo, puesto que en menos de dos meses es casi imposible que se apruebe la reforma de la ley

Si no se activa la tramitación de la reforma de la ley de 2007, el Gobierno está abocado a apostar por otras fórmulas que le permitan salir del embrollo con ciertas garantías, aunque no es fácil. Pero su giro de la última semana le obliga a echar mano de todos los "mecanismos competenciales" a su alcance para impedir que Franco acabe en la Almudena.

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Giro tras la cita con Parolin

Hasta la entrevista de Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, hace una semana, el Ejecutivo trasladaba un cierto mensaje de resignación: no podía evitar que el dictador descansara en la cripta de la Almudena —los Franco compraron allí una sepultura a perpetuidad de cuatro cuerpos, y allí yacen la hija del general, Carmen Franco, y su esposo, el marqués de Villaverde—, ni tampoco podía instar a la Iglesia a rechazar el cuerpo en el lugar indicado por la familia. Tras la cita con la mano derecha del papa Francisco, la vicepresidenta sí que expresó a las claras que el Ejecutivo haría todo lo posible para impedir que el dictador reposara en el cementerio privado de la Almudena y en cualquier lugar donde este pudiera ser "enaltecido". Incluso habló de un "acuerdo" con el Vaticano, desmentido por Roma.

Calvo apuntó la semana pasada a la modificación de la ley de 2007, para garantizar que el dictador no pueda ser "enaltecido" en ningún lugar visible

Entonces la número dos apuntaba a que la herramienta encontrada por La Moncloa era la Ley de Memoria Histórica, tal y como está redactada, por la formulación del preámbulo de la norma de 2007 y la del real decreto de 2018, y por los artículos 15 y 16. Pero invocar la literalidad de esos pasajes pareció luego insuficiente, ya que estos dos últimos preceptos hacen referencia a la retirada de símbolos que exalten al dictador y a la prohibición de homenajes en el Valle de los Caídos. De ahí que la propia Calvo adelantara el viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno promovería la modificación de la Ley de Memoria.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario señalaban este lunes que el gesto de PP y Ciudadanos no ha pillado a La Moncloa "por sorpresa". "Jugábamos ya con que pedirían ese retraso de una semana. Pero por lo pronto es eso, el retraso de una semana. De momento mantenemos los plazos que nos habíamos fijado, y es que Franco salga del Valle de los Caídos antes de fin de año". Sin embargo, es prácticamente imposible que, dados los tiempos de la tramitación parlamentaria, la reforma esté culminada en solo mes y medio, teniendo en cuenta que PP y Cs controlan la Mesa del Congreso y que los populares se bastan solos para regir el Senado, pues ahí disfrutan de una confortable mayoría absoluta.

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El "antecedente" de la profanación de la tumba

Desde el Ejecutivo insisten, no obstante, en que Calvo no descartó "vías complementarias" para llegar al mismo punto pretendido: vetar a Franco en la Almudena. En La Moncloa se estudian distintos caminos pero, desde el entorno de la vicepresidenta se apunta a que no hay una decisión definitiva de qué alternativa es la mejor, y en todo caso creen que es mejor guardar prudencia para no dar pistas a la oposición. "Pero que quede claro que no nos fiamos solo a lo que dé de sí la tramitación de la Ley de Memoria", explican las mismas fuentes.

El Gobierno trabaja en "vías complementarias" que le lleven al mismo fin y apunta como posible alternativa que se aduzcan razones de seguridad

Una opción que en el equipo de Calvo no descartan es que el Gobierno invoque razones de seguridad para evitar que el dictador llegue a la Almudena. Es decir, que se aduzca que un traslado al cementerio anexo a la catedral de Madrid podría conllevar desórdenes públicos continuados en el centro de la capital. Una motivación que ya expresó la semana pasada el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Rodríguez Uribes, en conversación este diario. El Ejecutivo entiende que los hechos vandálicos que ocurrieron la semana pasada en el Valle de los Caídos —un artista pintó de rojo la tumba—, a 60 kilómetros de la Puerta del Sol, es un "antecedente" que todas las partes, incluida la familia y la Iglesia, deberían "tener en cuenta".

Sánchez se juega mucho en una iniciativa que arrancó casi por sorpresa —fue el dirigente de la ejecutiva Andrés Perelló quien levantó la liebre y obligó al Gobierno a posicionarse rápidamente, apenas aterrizado a La Moncloa— y cuyo recorrido ha estado preñado de rectificaciones y dilaciones. El propio presidente reconoció, durante la gira latinoamericana, a finales de agosto, que había pecado de ingenuidad al pensar que todo sería más fácil y que podría proceder a la exhumación en tiempo récord. Pero todo el camino está siendo mucho más complejo de lo previsto, en buena medida porque la familia se ha obstinado en impedir por todos los medios que su abuelo abandone el Valle de los Caídos.