SE ACERCA EL FINAL DEL PROCESO

El Gobierno alega razones de seguridad para vetar a Franco en la cripta de la Almudena

La Delegación en Madrid elevó un informe a la instructora del expediente de exhumación en el que concluye que hay que evitar inhumar los restos del dictador en pleno centro y buscar otro sitio

Foto: La tumba donde yace la hija de Franco y su marido y a la que sus hijos quieren llevar al dictador, en la cripta de la Almudena. (Reuters)
La tumba donde yace la hija de Franco y su marido y a la que sus hijos quieren llevar al dictador, en la cripta de la Almudena. (Reuters)

El Gobierno ya ha encontrado los argumentos que le permitirían impedir la inhumación de Francisco Franco en la cripta de la catedral de la Almudena. Razones de seguridad y de orden público. Colapso circulatorio. Peligro de más altercados. Recorte de libertades y derechos. Enterrar allí al dictador acarrearía serios problemas que han de ser evitados, aduce el Ejecutivo, y por eso llevará sus restos a otra ubicación. Todo ello, claro, si el Supremo permite la salida del cadáver desde el Valle de los Caídos.

Es la conclusión del informe que la Delegación del Gobierno en Madrid elevó a la instructora encargada del expediente de exhumación, Cristina Latorre, subsecretaria del Ministerio de Justicia. Un texto de 12 páginas, firmado el pasado 21 de diciembre y al que tuvo acceso este diario [aquí en PDF], y que es muy claro en sus consideraciones sobre por qué ha de prohibirse a los nietos del exjefe del Estado que se salgan con la suya y conduzcan a su abuelo a la tumba familiar en pleno centro de Madrid, en la que ya descansan la hija del general, Carmen Franco Polo, y su esposo, el marqués de Villaverde. No está previsto, no obstante, que este documento se analice en la reunión del Consejo de Ministras y Ministros de este 28 de diciembre, y tras el cual comparecerá el presidente, Pedro Sánchez. El mandatario socialista ya aseguró ante los periodistas la semana pasada que el Estado tiene recursos suficientes para impedir que se cumpla la voluntad de los descendientes, aunque no esté reformada aún la Ley de Memoria Histórica, atascada en el Congreso por el bloqueo de PP y Ciudadanos.

[Consulta aquí en PDF el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid]

El primer problema de seguridad ciudadana y de orden público que plantearía la inhumación del cuerpo en la Almudena, señala el informe, es la "dificultad material de que, dada su ubicación, este espacio permita absorber con normalidad el elevado volumen de visitas que inevitablemente atraería esta sepultura". No solo eso: este lugar conduciría a "graves problemas de seguridad desde el punto de vista del riesgo terrorista".

El Gobierno alega razones de seguridad para vetar a Franco en la cripta de la Almudena

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, hace un razonamiento sencillo: solo en 2018 el Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador desde su muerte, en 1975, recibió 366.202 personas, según los datos de Patrimonio Nacional, que es quien tiene la tutela del conjunto monumental. El flujo de visitas, recuerda, no es constante, sino que aumenta cuando se acercan las efemérides de acontecimientos vinculados con la Guerra Civil o el franquismo, tales como el 1 de abril, el 18 de julio —fin y comienzo de la contienda— o el 20 de noviembre —fallecimiento del general—, y también con el verano o los periodos de vacaciones (150.000 personas entre julio y septiembre de este año, cuando el interés creció tras el anuncio de Sánchez de que sacaría a Franco de allí).

Concurren tres problemas básicos: seguridad y riesgo de atentado terroristas, colapso circulatorio y mantenimiento del orden público


Y esto sucede, señala Uribes, pese a que Cuelgamuros está a desmano y para llegar hasta la zona hace falta ir en vehículo privado o en transporte público, porque está a 60 kilómetros de la capital. Pero la Almudena está en pleno centro de Madrid, en una zona muy bien comunicada, por lo que "las visitas sin duda se multiplicarían, a lo que habría que añadir la presencia numerosa habitual de turistas en la catedral y su entorno".

Mayor vigilancia en lugares emblemáticos

¿Por qué se habla de riesgo terrorista? La Delegación advierte de que el templo está situado a menos de mil metros de puntos calientes de la ciudad, como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la plaza de España o la Gran Vía, y muy próximo a edificios emblemáticos como el Palacio Real —una de las fachadas está justo enfrente de la entrada de la catedral—, que acoge actos de Estado, la Capitanía General del Ejército, el Senado o el Consejo de Estado. Y España se halla desde hace años en un nivel alto de riesgo de atentado terrorista, en el 4, reafirmado el pasado 11 de diciembre, y que obliga a vigilar con más empeño los inmuebles "emblemáticos" de las ciudades y aquellos en los que se prevean altas concentraciones de ciudadanos.

Con Franco en la cripta crecería el número de "provocaciones, conflictos, agresiones y altercados; en suma, violencia", que el Estado no podría evitar

Segunda razón para rechazar a Franco en la Almudena, siempre según el informe: que su inhumación genere un "colapso en las calles y vías adyacentes y que de ello resulte una elevada congestión o paralización de la circulación en la zona, condicionando de forma muy seria la movilidad". Ese colapso se produciría, argumenta el texto, por el mayor volumen de público que atraería su sepultura. Con un agravante: la puerta de acceso a la cripta se halla en una calle lateral, pero no hay ningún espacio aledaño capaz de absorber esa presión. Así, son "preocupantes" los efectos que pueda producir sobre la calle de Bailén —situada a muy pocos metros del tempo y a la que da la fachada principal del Palacio Real—, que ha pasado a formar parte del anillo de circunvalación que rodea Madrid Central. El pronóstico es que una mayor congestión podría afectar a vías próximas, como la avenida de la Virgen del Puerto o la autopista M-30.

El Gobierno alega razones de seguridad para vetar a Franco en la cripta de la Almudena

Ese riesgo de congestión constituye, para el Gobierno, una "amenaza importante desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, incluido el ataque terrorista, y del orden público", porque la obstrucción de estas vías podría generar "colapsos circulatorios" que dificultaran o impidieran la adecuada prestación de servicios en caso necesario (ambulancias, bomberos, policía, urgencias médicas...). El informe destaca que el Tribunal Constitucional avala que los poderes públicos adopten medidas para evitar este tipo de situaciones que representan una "amenaza importante para el orden público".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado junio, en su toma de posesión. (EFE)
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado junio, en su toma de posesión. (EFE)

Tercera razón esgrimida en el documento: el peligro de que la inhumación en la Almudena produzca "episodios de conflictividad social y política y desórdenes públicos". Enterrar allí los restos del dictador "podría espolear a la extrema derecha al templo, que ofendería a sus víctimas y a muchos sectores sociales y políticos". La Delegación se remite a lo ocurrido el pasado 18 de noviembre en la plaza de Oriente, cuando los congregados por Falange comenzaron a increpar a activistas de Femen, y se acabó con cruce de insultos y agresiones físicas que obligaron a la intervención policial y a una detención. La conflictividad social "aumentaría" si se diversificara el perfil de visitantes a una zona tan céntrica y bien comunicada en caso de que viajara hasta la cripta el cadáver del general. Habría, vaticina el texto, una concurrencia de personas de ideologías muy diversas, y por tanto crecería la probabilidad de "provocaciones, conflictos, agresiones y altercados; en suma, violencia".

"Amenaza" a derechos y libertades

El Ejecutivo apela a la sentencia 361/2018, de 28 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a propósito de la prohibición de esteladas. El TSJM consideró que la exhibición de estas enseñas independentistas no supone por sí sola un problema de orden público, pero "sí lo es si se considera el evento en su conjunto y el contexto en que se produce". El fallo respaldó la decisión de la Delegación del Gobierno y consideró que estaba "debidamente motivada" la prohibición de esas banderas en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla el 20 de mayo de 2016.

Podrían verse afectados el derecho de libertad religiosa, a la integridad física, a la libertad y seguridad y a la manifestación y reunión

Si Franco fuera enterrado en la Almudena, esgrime el documento, el riesgo de "enfrentamiento sería evidente", con el agravante de "su carácter permanente e imprevisible", muy incontrolable, lo que haría difícil prevenir altercados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los tres problemas detectados —seguridad, orden público y movilidad— representan a su vez una "amenaza significativa para los derechos y libertades" de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, sostiene el texto. En concreto, se generaría un riesgo "importante" desde el punto de vista de la integridad física de los visitantes a la cripta. Que los restos de Franco vayan a la Almudena también sería una "amenaza" para aquellos que quieran ver el espacio pero no la sepultura del dictador. Y se comprometería la libertad religiosa consagrada en el artículo 16 de la Constitución: la cripta es un lugar de culto donde se celebran varias misas y ceremonias católicas casi a diario, y los problemas de seguridad y orden público identificados en el texto podrían "interferir" e incluso "hacer imposible" el ejercicio de esa libertad fundamental. No habría una garantía de un espacio de recogimiento y de respeto.

Asimismo, sigue el informe, se pondría en riesgo la libertad de circulación para los ciudadanos que residan o trabajen en las inmediaciones del templo o los que deambulen por la zona. Se vería afectado igualmente el derecho de manifestación y reunión que contempla el artículo 21 de la Constitución. La permanencia de los restos de Franco en la catedral de Madrid "favorecería" las concentraciones espontáneas, no comunicadas previamente a la Delegación del Gobierno, y, como se prevé que podrían ser de signo opuesto y enfrentado, sería complicado garantizar la actuación de las fuerzas de seguridad para evitar disturbios.

¿Será en Mingorrubio?

El Ejecutivo rebate el derecho que invoca la familia del dictador para poder enterrar a su abuelo donde desee. Esa facultad de elegir el lugar de inhumación no es "en modo alguno" un "derecho fundamental reconocido constitucionalmente". Solo un "derecho subjetivo" que puede quedar postergado por otros cuando prime el interés general o razones "más poderosas" como las explicadas en el informe, advierte la Delegación. Se recuerda, en ese sentido, que tanto el TC como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han subrayado que no hay derechos absolutos, ilimitados.

La Delegación señala la probabilidad de un "riesgo permanente" e incontrolable en la zona si Franco fuera conducido a la cripta de la Almudena

Los escenarios de riesgos facultarían a la Delegación del Gobierno a adoptar medidas como restricciones al tráfico y controles y registros en las calles o el cierre y desalojo de establecimientos y locales. Ello afectaría al ejercicio de los derechos fundamentales relatados en el informe. Con un agravante: los peligros para la seguridad ciudadana y el orden público no concluyen con el enterramiento del dictador en la Almudena, sino que se mantendrían por la permanencia de sus restos. Habría una situación de "riesgo permanente" y no sería posible ni "prever con suficiente adelanto" el momento en el que se van a producir mayores altercados, ni organizar los dispositivos de seguridad necesarios. A todo ello hay que añadir un "grave inconveniente": las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden acceder al interior de la cripta o de la catedral, al tratarse de un lugar de culto protegido. Todas las medidas descritas solo podrían adoptarse fuera del templo, pero no dentro, por lo que se complicaría "enormemente el mantenimiento de la seguridad y del orden público" en el interior "sin la presencia del Estado".

Vista del panteón familiar de los Franco en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde se halla la tumba de la mujer del dictador, Carmen Polo, fallecida en 1988. (EFE)
Vista del panteón familiar de los Franco en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde se halla la tumba de la mujer del dictador, Carmen Polo, fallecida en 1988. (EFE)

En definitiva, a ojos de la Delegación, existen "claras y evidentes razones de seguridad y de orden público" que obligarían al Ejecutivo a ejercer su potestades generales de política de salvaguarda de los derechos y las libertades para "impedir los desórdenes públicos" que se producirían si los restos mortales de Franco acabasen en la cripta de la Almudena. Tales actuaciones, concluye el informe, generaría una limitación "significativa" de derechos fundamentales, como lo de integridad física y moral (artículo 15 de la Carta Magna), libertad religiosa (art. 16), libertad y seguridad (art. 17) y manifestación y reunión (art. 21). Y por todo ello "se desaconseja" el enterramiento del dictador en el lugar señalado por sus nietos y se recomienda explorar la posibilidad de inhumar su cuerpo en un lugar que no presente tales problemas. No lo dice el informe, pero el sitio natural al que se apunta es el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde yace Carmen Polo, la mujer del general.

Ahora queda materializar la decisión y ponerle fecha. El Ejecutivo ya cuenta con el informe de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid —que constata que Franco lleva más de cinco años enterrado en el Valle de los Caídos y, en puridad, lo que descansa bajo la losa del Valle de los Caídos son restos humanos, y no un cadáver—, y dio traslado al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial del proyecto de obra para proceder a la exhumación. Y también tiene en sus manos el informe de la Delegación del Gobierno que desgrana las razones de seguridad que desaconsejan que el destino final del dictador sea la Almudena. Solo queda pues el final del proceso, que llegará ya en 2019, con bastante retraso respecto a la previsión inicial.

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