El Vaticano se contradice: ahora ayuda a los Franco y complica a Sánchez la exhumación

Sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos va camino de convertirse en una misión imposible. El Gobierno, que ha pecado en algunos momentos de falta de previsión, se encuentra ahora con que el aliado imprescindible del que parecía disponer, la Iglesia, le da la espalda. El Vaticano, la última instancia a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podía recurrir para aplacar la obstinación del prior de Cuelgamuros, ahora señala, a través de un comunicado lanzado este sábado, que no se va a inmiscuir en el proceso, que es un asunto que concierne solo a la familia, al Gabinete español y a la Iglesia local, y no a Roma. En octubre dijo lo contrario, que no se oponía a la exhumación del dictador.

En los últimos días y meses el proceso para dar nueva sepultura al exjefe del Estado en un lugar donde no pueda ser enaltecido se había enredado sobremanera. La reforma de la Ley de Memoria Histórica, en la que el Gobierno pensaba introducir enmiendas al articulado para garantizarse que los Franco no se salían con la suya (reinhumarlo en la cripta de la catedral de la Almudena), seguía atascada en el Congreso.

El bloqueo parlamentario, propiciado por PP y Ciudadanos —que con su mayoría controlan la Mesa de la Cámara Baja— obligó al Ejecutivo a activar un plan alternativo: reclamar a la Delegación del Gobierno en Madrid un informe que evaluase los riesgos para la seguridad que supondría enterrar al general en pleno centro de Madrid. El dictamen de encargo, firmado por el máximo responsable de la institución, José Manuel Rodríguez Uribes, fue tajante y cumplió el propósito: desaconsejó el espacio elegido por la familia por entrañar peligros objetivos para la seguridad y un probable caso circulatorio en la zona.

El Gabinete ya parecía tener el camino más despejado: se podía aferrar a ese informe de la Delegación y a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Quedaba por tanto notificar a todas las partes que el proceso entraba en su fase final para que presentaran las últimas alegaciones, resolver el expediente a través de un Consejo de Ministros y esperar al momento de la salida de Cuelgamuros, en caso de que el Tribunal Supremo —al que los descendientes del exjefe del Estado probablemente recurrirán de nuevo—, no paralizara la operación de manera cautelar.

La nota del Vaticano llega después de que se conociera que el prior del Valle se niega a permitir el acceso al Ejecutivo para desenterrar a Franco

Pero esta semana se han acumulado las malas noticias. Se conoció que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, formalizó su negativa a permitir la exhumación de Franco. Él es el máximo responsable de la basílica. Su permiso era necesario para el Gobierno, pues los lugares de culto son sagrados y, por tanto, no se puede actuar en ellos sin autorización eclesiástica. Desde la Moncloa cargaron contra el "obstruccionismo" de Cantera pero avisaron de que el proceso seguía adelante y de que recurrirían a los superiores jerárquicos del prior. De él recordaban, no por casualidad, que antes de ingresar en la orden benedictina había sido candidato en las generales de 1993 y en las europeas de 1994 por el partido Falange Española Independiente.

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EC/Agencias

El lugar discreto que siempre quiso

Este solo tiene por encima tres escalones: uno primero, el del abad de Silos, Lorenzo Maté, y ambos, al jefe de la congregación benedictina de Solesmes, en Francia, Philippe Dupont. La última instancia es la del propio papa Francisco. Los religiosos del Valle, pues, no están dirigidos por la archidiócesis de Madrid, pilotada por Carlos Osoro, o por la Conferencia Episcopal Española (CEE), gobernada por el cardenal Ricardo Blázquez, aunque las dos habían expresado que no se opondrían a la ley, si bien apelaban siempre a un acuerdo entre el Ejecutivo y la familia.

En octubre, Roma corrigió a Calvo y, aunque no se comprometió con la inhumación, sí dijo que no se oponía a la salida de la basílica del dictador

El Gobierno no había tenido tiempo aún para dirigirse a Solesmes o al Vaticano. La respuesta de Roma llegó este sábado, víspera de Reyes, en una nota difundida por la Santa Sede. En ella, el director 'ad interim' de la Oficina de Prensa del pontífice, Alessandro Gisotti, "en respuesta a las preguntas de algunos periodistas", afirma esto: "Sobre la traslación [sic] de los restos de Franco, no tengo nada que agregar con respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede, o sea que el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". Es decir, que no interferirá ni se inmiscuirá en la disputa. El Vaticano, pues, se pone de perfil, se queda en el lugar discreto que siempre quiso en este asunto, por mucho que lo siguiera con inquietud.

El pasado 29 de octubre, la vicepresidenta, Carmen Calvo, se reunió con el número dos de Francisco, Pietro Parolin. En el primer comunicado lanzado desde la Moncloa ya se afirmaba que la Iglesia no se opondría a la exhumación del dictador. Al día siguiente, la número dos del Ejecutivo señalaba que había acordado con el secretario de Estado buscar una salida conjunta a los restos de Franco que no pasara por la catedral de la Almudena. Aquellas palabras de Calvo fueron seguidas, de manera absolutamente insólita, por un comunicado rotundo del Vaticano.

En aquella nota, del 30 de octubre, la Santa Sede afirmaba que Parolin "no se opone a la exhumación" del dictador, "si así lo han decidido las autoridades competentes", "pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación". Reconocía que Calvo expresó durante el despacho en Roma su "preocupación" por la posible inhumación de Franco en la cripta de la Almudena y su "deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia". "Al cardenal secretario de Estado —remataba el comunicado— le pareció oportuna esta solución".

No tumbará los planes

Roma, por tanto, corregía a la vicepresidenta, pero al menos sí avalaba la exhumación, y dejó constancia por escrito de ese beneplácito. Sin embargo, este sábado la nota de Gisotti no hace referencia a esa precisión. Simplemente advierte de que es un tema que atañe solo a la familia, al Gobierno y a la Iglesia española.

"El Gobierno no cree que finalmente la Iglesia se oponga a la salida de Franco, porque eso sería ponerse del lado de un dictador", dice el Ejecutivo

En el Ejecutivo no dejaban de señalar la "contradicción" en la que ahora incurre el Vaticano, después de que manifestara algo bien distinto hace poco más de dos meses. "El Gobierno no cree que finalmente la Iglesia se oponga a la exhumación de Franco, porque eso sería ponerse del lado de un dictador y contra la decisión de un Parlamento democrático", que convalidó los planes de Sánchez el pasado septiembre con solo dos votos en contra. "Es evidente que Roma dice una cosa y la contraria, y volverá a decir una cosa distinta a la de hoy [por este sábado]", decían con enojo fuentes de la Moncloa. "La Iglesia local dice que no tiene jurisdicción sobre los benedictinos", abundaban.

A ello se suma, recuerdan en el Gobierno, que el portavoz del Vaticano que firma la nota, Alessandro Gisotti, asumió provisionalmente las riendas de la comunicación de la Santa Sede después de la dimisión, el pasado 31 de diciembre, del que hasta entonces era el portavoz papal, el estadounidense Greg Burke, y su número dos, la española Paloma García Ovejero. La nota del 30 de octubre estaba firmada por Burke.

Ahora bien, el Gabinete socialista ya advierte de que no se arrugará: "Tenemos plan B y C. Le sacaremos del Valle de los Caídos. Entraremos. La historia no ha terminado aquí". El Gobierno, pues, reconoce que este obstáculo imprevisto "retrasará" más aún los planes —el presidente primero dijo que Franco saldría del Valle en verano de 2018, y la última previsión era que no sería posible antes de febrero de este año—, pero no los tumbará. Pero por el momento no desvela cómo. Ahora tiene que rearmar su estrategia.