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Los 1.000 jóvenes de Canarias o la "bomba de relojería social" de la que avisa la Iglesia
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CUANDO LOS 'MENAS' CRECEN

Los 1.000 jóvenes de Canarias o la "bomba de relojería social" de la que avisa la Iglesia

Desde el 1 de enero, unos mil jóvenes migrantes perderán su condición de menores extranjeros no acompañados, dejarán de estar tutelados y pasarán a "situación de calle"

Foto: Foto: EFE/Esteban Biba.
Foto: EFE/Esteban Biba.
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Es la pesadilla de Vox a la que la Iglesia busca una pronta solución antes de que, como sostienen los obispos de Canarias, la situación se convierta en "una bomba de relojería social" en el archipiélago. Y es que, a partir de este 1 de enero de 2023, al menos unos mil jóvenes migrantes, varados en las islas en su ruta hacia el sueño europeo, perderán su condición de menas (menores extranjeros no acompañados) al cumplir los 18 años de edad, por lo que dejarán de estar tutelados por las administraciones y pasarán a lo que los especialistas denominan "situación de calle".

Se trata de un cumpleaños no demasiado feliz, que celebrarán a la intemperie todos aquellos chavales que, cuando llegaron a Canarias, y al venir sin documentación y no poder comprobar su edad, se les puso como fecha de nacimiento el 1 de enero de 2014. Y ahora, casi la mitad de los 2.235 menores tutelados que hay en las islas, según datos de la Dirección General del Menor, quedan a la deriva, fuera del control de unas administraciones desbordadas por el auge —desde 2019— de la migración irregular a través de la ruta atlántica, la más mortífera del mundo, en la que, a falta de los datos de 2022, en 2021 perdieron la vida 1.153 personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Foto: Una estudiante en un aula. (EFE/Mariscal)

La situación que a partir de este enero se genera con estos jóvenes extutelados es vista "con preocupación" por los obispos de Canarias. Se trata de "un gran desafío" que, según señalan en una nota conjunta, que no deja de ser un grito de auxilio, está agravado "por el factor insular y de frontera europea del archipiélago, que puede ser utilizado como cárcel sin muros donde contener a jóvenes migrantes a los que no se les facilita el tránsito a la Península o a otros países de Europa para proseguir su proyecto de vida".

Sin más plazas de acogida ni posibilidad de abrir más centros o pisos tutelados a corto plazo, la situación en las islas "es cada vez más desesperada", denuncian los obispos, cuyas diócesis cuentan con ocho centros con alrededor de 200 plazas para albergar a estos chavales. Pero que ya están saturados.

"No podemos estar lanzando jóvenes a la calle porque luego dirán que son delincuentes y no lo son. Cuando se les da formación, cuando se les prepara, son maravillosos. Esto es lo que tenemos que promover, no un almacenamiento de personas, sino una formación de personas, porque necesitamos a estos jóvenes", reclamó en rueda de prensa el obispo de Canarias, José Mazuelos, quien advertía, además, de que ya se empezaban a oír discursos del odio hacia una creciente población migrante a la que se ve por la calle "deambulando y sin nada qué hacer".

"Sí que puede ir generando un malestar y, a la larga, un conflicto social, el tener personas en situación de calle, de vivir en infraviviendas"

No resulta sencillo encontrar valoraciones sobre la situación de los menas y jóvenes extutelados en las islas más allá del escrito de los obispos canarios. Incluso entre organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos jóvenes, que los acompañan y capacitan para que cuando salgan a la calle tengan opciones para reinsertarse en la sociedad canaria. Ayudan y callan. No es la primera institución eclesial puesta en la diana de las críticas en una corriente polarizadora que no distingue entre fines. El tema se ha convertido en una patata caliente que comienza a aparecer en el discurso político cuando las elecciones autonómicas y municipales están ahí, a la vuelta del 28 de mayo, y, aunque como señala a El Confidencial Jesús Alberto González, responsable de la delegación de Migraciones de la diócesis de Tenerife, "no hay una percepción de rechazo, ni de discurso xenófobo, al menos por el momento", el archipiélago ha vivido ya sus primeras manifestaciones contra los menas.

Fue en noviembre de 2021, en Tafira, uno de los barrios de Gran Canaria, donde Vox, PP y UxGC secundaron a los vecinos en su demanda de mayor seguridad para una zona en donde hay un centro de menas, a quienes acusan de robos y asaltos a sus viviendas y jardines o de incendiar sus coches. Por las mismas fechas, Santiago Abascal, en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, aseguraba que el Gobierno quería convertir las islas "en la T1 del tráfico ilegal de seres humanos", abriendo "las puertas de nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades a una inmigración descontrolada y voraz".

"La ciudadanía, en general, es bastante receptiva y comprensiva de la situación que se vive con la llegada de inmigrantes —subraya Jesús Alberto González—. Tampoco para los que llegan es Canarias la meta, ni mucho menos. Es solo un lugar de tránsito. Pero sí que puede ir generando un malestar y, a la larga, un conflicto social el tener personas en situación de calle, de vivir en infraviviendas. Por eso hay que encontrar soluciones antes. No podemos esperar a que se produzca ningún conato de situación grave, con mil personas en la calle, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, porque ver que esas personas no están atendidas y no pueden ser integradas, con un proceso formativo que pueda acabar en un empleo, genera una sensación de inseguridad en donde puede calar un discurso del odio al diferente".

Foto: El papa Francisco este verano durante su visita a Canadá. (Getty/Cole Burston)

Y no es ninguna ilusión que eso pueda acabar pasando en una comunidad donde el paro afecta a casi el 18% de la población y donde, según constataba en marzo de 2022 el informe Foessa, "las tasas de pobreza siguen siendo en el archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del Estado y afectan, en su versión más severa, a cerca de 425 mil canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España)". Además, abundada el estudio, "los datos concluyen que ser extranjero en el Archipiélago Canario supone una enorme desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero (47%) se encuentra en situación de exclusión; esto significa casi el doble de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española".

"No detectamos que las administraciones públicas hayan previsto dispositivos para dar respuesta a esta situación. De ahí nace la preocupación de las dos diócesis canarias sobre qué va a pasar con estos jóvenes. Una preocupación que ya se ha trasladado a la Conferencia Episcopal Española, en donde se ha planteado que se puedan generar una especie de corredores humanitarios, que se han llamado ‘corredores de hospitalidad’, para que estas personas consigan encontrar alguna alternativa en otros lugares del Estado", confirma el delegado de Migraciones tinerfeño.

En este sentido, González no oculta su satisfacción por el hecho de que "ya hay diócesis que han planteado inicialmente su disponibilidad a poner en marcha algún dispositivo de acogida para estos jóvenes, aunque no se ha podido concretar nada". En su opinión, la primera respuesta "la tiene que generar el Estado a través de las distintas administraciones, porque afecta a la comunidad, en general, y el papel de la Iglesia es siempre subsidiario". Pero la mano ya está extendida. Aunque se teme "la mirada cortoplacista" de la Administración. "En estos 30 años, no hemos aprendido lo suficiente. Necesitamos mirar más a medio y largo plazo, y que se favorezca la integración de estas personas", concluye el delegado de Migraciones.

Es la pesadilla de Vox a la que la Iglesia busca una pronta solución antes de que, como sostienen los obispos de Canarias, la situación se convierta en "una bomba de relojería social" en el archipiélago. Y es que, a partir de este 1 de enero de 2023, al menos unos mil jóvenes migrantes, varados en las islas en su ruta hacia el sueño europeo, perderán su condición de menas (menores extranjeros no acompañados) al cumplir los 18 años de edad, por lo que dejarán de estar tutelados por las administraciones y pasarán a lo que los especialistas denominan "situación de calle".

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