Omella se comprometió con Moncloa a mantener a la Iglesia neutral ante los indultos
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"Hay opiniones diferentes" en la CEE

Omella se comprometió con Moncloa a mantener a la Iglesia neutral ante los indultos

El arzobispo de Barcelona ha garantizado un perfil bajo de la institución frente al Gobierno, como se evidencia en temas que, en otra época, llevaban a los obispos a liderar manifestaciones en la calle

placeholder Foto: El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. (EFE)
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. (EFE)

"La unidad de España como bien moral", el recurrente leitmotiv del episcopado español desde hace años, ha vuelto a aflorar tras la polémica generada por los indultos a los condenados por el 'procés'. Los obispos, que se reunieron en su comisión permanente esta semana, incapaces de llegar a una posición consensuada sobre la cuestión, dejaron en manos de su portavoz, monseñor Luis Argüello, el difícil equilibrio entre el respaldo al "diálogo y las medidas de gracia" que habían mostrado los obispos catalanes unos días antes y las posiciones más críticas con esa nota, encabezadas por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que se mostraba contrario a los indultos y recordaba la "enseñanza que no hace tanto tiempo dimos los obispos españoles hablando de la unidad de nuestro pueblo como un bien moral".

La cuestión ha sido recurrente en la Conferencia Episcopal desde 2006 cuando una veintena de obispos —un número significativo pero minoritario, ya que la plenaria suele estar constituida por unos ochenta prelados— pidieron al resto dedicar un tiempo "a analizar la situación política, social y cultural". Un ambiguo enunciado que escondía detrás la valoración de problemas del momento como el enquistado terrorismo de ETA, el incipiente independentismo catalán y las decisiones sociales que comenzaba a tomar el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. Ya entonces, la cuestión causó polémica en el episcopado y, en contra del anuncio de varios obispos, aquella plenaria no aprobó el documento.

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Pero, era cuestión de tiempo. Unos meses después, en noviembre, la siguiente plenaria aprobaba la instrucción Orientaciones morales ante la situación pastoral de España, un texto más matizado y edulcorado del que pretendían aquellos prelados en un primer momento, pero que, aún así, asumía que la "unidad cultural básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política". Aunque también reconocía "la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España", con el matiz de que "las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada". Un ejercicio de contrapeso muy episcopal que permitía, de esta forma, el respaldo de las dos sensibilidades eclesiales, los que defendían desde un primer momento esa "unidad como bien moral" y los que, encabezados por los prelados vascos y catalanes, dejaban abierta la puerta a las posiciones nacionalistas e independentistas.

Pero a pesar de ello, el documento, o más bien, el espíritu que cada parte había querido ver en él, se convertiría en punto de referencia episcopal en cada crisis independentista. Ocurrió tras la multitudinaria Diada de 2012, cuando la comisión permanente del episcopado, su particular "consejo de ministros", hizo pública una nota ante la situación política en la que recordaba la instrucción de 2006 y apelaba a "la responsabilidad respecto al bien común de toda España". De nuevo en 2017, tras el referéndum del 1-O, cardenales como Rouco Varela y Cañizares y arzobispos como Sanz Montes, volvían a apelar a la "unidad de España como bien moral" invocado aquel documento.

Ahora, la situación del episcopado incorpora un matiz diferente. Por primera vez en la historia es el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien se encuentra al frente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Un hombre elegido por los obispos por su perfil mediador, por tener siempre en la boca la palabra exacta que su interlocutor desea escuchar y por su cercanía con el Gobierno socialista, ejemplificada en sus excelentes relaciones con Carmen Calvo. En el apenas año y medio que lleva al frente del episcopado, Omella ha garantizado un perfil bajo de la institución frente al Gobierno, como se evidencia en temas que, en otra época, llevaban a los obispos a liderar manifestaciones en la calle, como la aprobación de ley de la eutanasia, una reforma educativa que arrincona a los colegios concertados (en su mayoría católicos), o la restricción extrema del culto durante la pandemia.

Foto: Juan José Omella (d), en una misa en la Sagrada Familia. (EFE)

Según señalan fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal, el compromiso de Omella con el Gobierno de Sánchez era mantener esa posición discreta del episcopado frente a los indultos. La semana pasada, los obispos de las diócesis catalanas, que se reúnen en la autodenominaba Conferencia Episcopal Tarraconense —una entidad que todavía esta pendiente de recibir la aprobación de la Santa Sede a pesar de haberla solicitado en 2005—, incorporaban un párrafo en la nota de prensa que daba cuenta de su última reunión en el que mostraban su convicción en "la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto". Un explícito apoyo a los indultos y a la búsqueda de "una solución satisfactoria que se aleje de actitudes inamovibles que no ayudan a construir armónicamente la sociedad. Será entonces cuando se irán venciendo las dificultades y la capacidad de diálogo empezará a aportar posibles soluciones", finalizaba la nota.

Una nota bien recibida por el Gobierno y los políticos separatistas, pero que, al estar respaldada solo por los obispos catalanes, quedaba circunscrita al ámbito local. Pero, más allá de este consenso inicial, Omella tenía que afrontar la decisión que pudiera tomar la comisión permanente de la CEE que se reunía, de forma ordinaria, este martes y miércoles, justo cuando el Gobierno tenía previsto aprobar los indultos. Habitualmente, los obispos suelen aprovechar estas reuniones para emitir su opinión frente a los problemas políticos y sociales del momento. Y así, en la Permanente de esta semana, los obispos dedicaron, según ha reconocido su portavoz, monseñor Argüello, "un amplio diálogo, de más de hora y media" a analizar los indultos a los presos del 'procés'. Sobre la mesa, además de la nota de la Tarraconense, la opinión personal de cada prelado, algunos de ellos, como monseñor Sanz Montes, que le disputó en su día la presidencia a Omella, muy alejados de las posiciones de sus "hermanos en el episcopado" de las diócesis catalanas.

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Los obispos, conscientes de la repercusión que podría tener su posición, pero urgidos también por su tarea de "iluminar al pueblo de Dios" en este tipo de asuntos, tuvieron un vehemente debate en el que no fueron capaces de alcanzar una posición común. Uno de los sectores, liderados por Omella, optaba por extrapolar a la CEE la una posición de los obispos catalanes, a favor del diálogo y de los indultos como muestra de buena fe. Los otros, sostenían que tras la medida de gracia se ocultaban otros intereses del Gobierno y que los indultos favorecían las tesis independentistas. La falta de acuerdo llevó a que el presidente Omella propusiera aplazar la decisión a la siguiente jornada, el martes 23 de junio. Pero ese día, un viaje urgente a Roma, obligó a Omella a ausentarse de la reunión. En ausencia del presidente, los obispos optaron por no hacer pública una nota escrita y confiar en su portavoz para que, en la rueda de prensa, recogiera "el sentir del amplio diálogo sobre el asunto". El objetivo de mantener un perfil bajo de Omella parecía haberse conseguido.

Sin embargo, cuando Argüello se enfrentó a los periodistas el pasado jueves, ya conocía que la posición discrepante del episcopado se había hecho pública. Ese día, Sanz Montes publicaba una "tercera" del 'ABC' en la que alertaba sobre los indultos que "se pueden arbitrariamente conceder o negar desde un caprichoso uso y un interesado cálculo" y hablaba de lo extraño que es "invocar el diálogo con los que no quieren hablar, o tener magnanimidad con quienes la van a usar y tirar, o empeñarse en la reconciliación con los que siguen insinuando con saña y dividiendo sin rubor". Incluso cargaba contra la "maquinación política, una más, que nos acerca la ralea de quienes han hecho su propio cortijo de la gobernanza de un pueblo". Monseñor Sanz Montes finalizaba su reflexión reclamando fidelidad "a una historia labrada generosamente por enteras generaciones que durante siglos han construido pluralmente España". Y traía de nuevo el leitmotiv: "es la misma enseñanza que no hace tanto tiempo dimos los obispos españoles hablando de la unidad de nuestro pueblo como bien moral".

Foto: El arzobispo de Barcelona Juan José Omella, posible mediador entre Barcelona y Madrid. (EFE)

Con estas declaraciones públicas, eludir la posición de la Conferencia Episcopal sobre el tema se hacía imposible, y monseñor Argüello tuvo que sacar sus mejores dotes de comunicador para tratar de conciliar las posiciones de los obispos catalanes y del sector liderado por Sanz Montes. No lo consiguió. Al contrario, partió de reconocer que dentro de la CEE "hay opiniones diferentes", para añadir que su reflexión partió de "profundizar en la nota de los obispos catalanes para desde ella extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos, pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo". El obispo aseguró que los prelados españoles coinciden en defender "la aplicación de la ley y que se respete la justicia" y calificó de "valiosa" la llamada que los obispos catalanes hacen sobre el "diálogo" y sobre "romper actitudes inamovibles". Sin embargo, asumiendo una política de hechos consumados, hizo también una advertencia: "Ahora que los indultos ya se han producido, que han salido a la calle y se han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir la sociedad".

Ese mismo día, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que también es miembro de la Permanente, se sumaba a las críticas sobre el procedimiento por el que se había concedido las medidas de gracia. "Normalmente en las situaciones de indultos se presupone que hay una petición, que hay un arrepentimiento y que hay un propósito de la enmienda", recordaba, a la par que se preguntaba, de manera retórica, si en este caso se había dado esos condicionantes. Otros obispos, que habitualmente suelen hacer declaraciones en este sentido, permanecen callados, pero es muy posible que la pretensión de ambigüedad de los prelados ante los indultos haya hecho reverdecer el debate dentro de la Iglesia católica sobre si obispos deben valorar si la unidad de España trasciende el hecho administrativo y se convierte en un bien moral.

"La unidad de España como bien moral", el recurrente leitmotiv del episcopado español desde hace años, ha vuelto a aflorar tras la polémica generada por los indultos a los condenados por el 'procés'. Los obispos, que se reunieron en su comisión permanente esta semana, incapaces de llegar a una posición consensuada sobre la cuestión, dejaron en manos de su portavoz, monseñor Luis Argüello, el difícil equilibrio entre el respaldo al "diálogo y las medidas de gracia" que habían mostrado los obispos catalanes unos días antes y las posiciones más críticas con esa nota, encabezadas por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que se mostraba contrario a los indultos y recordaba la "enseñanza que no hace tanto tiempo dimos los obispos españoles hablando de la unidad de nuestro pueblo como un bien moral".

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